He dicho muchas veces -incluso escribí un libro al respecto, “Justicia y Corrupción”- que el Partido de la Liberación Dominicana creó un sistema de justicia para blindarse judicialmente, para que no fuera posible enviar a la cárcel a los depredadores de los bienes del Estado que se robaban, durante 20 años, más de cien millones de pesos todos los años, sin ninguna consecuencia.
Decía la presidente de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, que con el dinero que se “distrae” (en realidad quiso decir, que se “roban”) se puede construir otra República Dominicana. Como dijera el poeta Neruda, “que verdad dura y sin sombra”.
A pesar de que todos sabemos el daño que históricamente ha hecho la corrupción, impidiendo el crecimiento y desarrollo del país, los políticos corruptos no son juzgados, condenados y encarcelados.
No importa que la Constitución sancione el despotismo, el uso indebido del dinero del pueblo, que se haya “invertido el fardo de la prueba” y aprobado leyes para prevenir el saqueo del presupuesto nacional, lo cierto es que los expedientes, cuando rara vez se producen, no terminan sancionando a los responsables.
Un manto de impunidad cubre a los políticos ladrones para impedir que vayan a la cárcel y devuelvan al Estado lo que sustrajeran.
El PLD se convirtió en un partido hegemónico. Controlaba, como se sabe, todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes fácticos, a saber, medios de comunicación, empresarios, iglesias, abogados, médicos, policías y militares, a los cuales corrompió haciéndolos cómplices del desfalco al que fue sometido el erario.
Fiscales, jueces, abogados y agentes policiales, formaron un entramado cómplice que impiden que el sistema judicial funcione cuando se trata de políticos ladrones, convirtiendo, “el debido proceso”, la “presunción de inocencia”, y otros alegatos jurídicos, para alargar indefinidamente los procesos.
La corrupción, durante los tres mandatos de Leonel Fernández y los dos de Danilo Medina, están más que demostrado. Sabemos que la corrupción no se detuvo en la puerta de ningún despacho. Sin embargo, ninguno de los dos ha investigados, cuestionados o interrogados por el “Ministerio Público Independiente”.
Evidencias hay de sobra. Las pruebas se encuentran almacenadas, muy bien algunos despachos ignorados hasta el momento. A pesar de los sometimientos a la justicia, de los expedientes rimbombantes de miles de páginas que deben ser leídas para alargar los procesos hasta que caduquen. A más de tres años del gobierno, ningún expediente ha concluido. Y me temo que no concluirá. Hay, en los hechos, un “borrón y cuenta nueva”. La promesa del presidente Luís Abinader de castigar la corrupción, no se cumplirá; muy a pesar suyo.
El bien intencionado presidente Abinader, ni la honorable magistrada Mirian Germán, tienen control del Ministerio Público, porque la mayoría de los fiscales de todo el país responden a los Procuradores del PLD, al igual que muchos jueces, que le deben la posición a esa misma organización política. No excluyo a los abogados expertos en suspender audiencias y alargar los procesos judiciales infinitamente.
Me he preguntado muchas veces, ¿quién o quienes protegen a los políticos que se enriquecieron enormemente con los dineros de este pobre y pendejo pueblo? ¿Cuál es la mano que mueve la cuna? Me dicen que hay un poder extra nacional que ordena y manda. No lo dudo. Es más, lo creo a partir de algunas informaciones al respeto. Pero debe haber algo o alguien más para que Leonel Fernández ni Danilo Medina no hayan sido investigados y llamados para que ofrezcan, por lo menos algunas explicaciones, sobre el desfalco al que fue sometido el Estado durante 20 largos años, donde primó el narcotráfico, el lavado de activo, el crimen organizado, la corrupción y la complicidad.
¿Quién o quiénes protegen a los principales corruptos de este país, que nadie puede tocar ni con el pétalo de una rosa? ¿El sistema? ¿El establishment, definido como “grupos de poder”? ¿La política? ¿El poder supranacional que lo controla y lo dirige todo? ¡Me temo que un poco de todo! Lo cierto es que resulta casi imposible llevar al banquillo de los acusados a los que se robaron el dinero del pueblo con el que se pudo construir otra República Dominicana.
