La Operación Falcón, mediante la cual se desmanteló una poderosa red de lavado de activos y narco política sin precedente en la historia dominicana, ha puesto al desnudo las debilidades del Estado dominicano para perseguir el delito.
Hasta el momento las autoridades solicitaron medida de coerción contra 21 personas que construyeron un entramado delictivo que “lavó” más de 10 mil millones de pesos en diversas gamas de negocios, ante la mirada de todos.
Este operativo debe alertar a las autoridades nacionales a mantener los ojos bien abiertos ante este tipo de delincuencia que recurre a miles de artimañas para burlar los controles sociales.
La pregunta que todos se hacen es cómo violan los controles bancarios, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Justicia, Policía Nacional, organismos de inteligencia y de la sociedad para establecer y mantener funcionando su imperio por varios años.
Hay que felicitar al Ministerio Público y demás autoridades por su actuación frente a esta banda y a la vez las exhortamos a seguir actuando de esta forma hasta llevar a su mínima expresión a esta banda de antisociales, sin importar que sus miembros sean personas allegadas al poder político, o con influencia social y económica.
Las autoridades a no deben detenerse su investigación ante los “pejes gordos” del lavado de activos y narcotráfico y, si se detecta que esta banda fue protegida por algún estamento del poder estatal, sus responsables deben ser sometidos a la justicia.
Si no se actúa con todo el vigor exigido corremos el riesgo de caer en un narco estado con las consecuencias que ello acarrea para las instituciones democráticas y el pueblo dominicano. El espejo de México y Colombia constituye un buen ejemplo.
