Gobierno tras gobierno, el tema de la seguridad ciudadana ha ocupado amplios espacios para teorizar, exponer múltiples iniciativas y anunciar medidas o adoptar resoluciones, dependiendo del foro en que se discuta.
Es por eso que éste, y cualquier otro gobierno, disponen de un almacén de instrumentos para la acción frente a la delincuencia. Y también una cosecha de fracasos y decepciones, experiencias que parece no se aprovechan a plenitud. No hay que inventar nada.
“La inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema del país para los dominicanos, donde la población lo considera como uno de sus principales problemas. El debate de las visiones objetivas y subjetivas del fenómeno de la seguridad ciudadana ha originado opiniones diversas de expertos de distintas áreas del conocimiento, desde sociólogos hasta abogados; existen importantes niveles de percepción en el país, pero además existe un factor real de violencia que necesita ser evaluado y abordado para garantizar la seguridad ciudadana; en un país donde el 60 por ciento de las personas que ha sido víctimas de agresiones o amenazas no denuncian el acto”, recoge la Encuesta Nacional de Hogares de Propósito Múltiples (ENHOGAR), que realiza la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Convicción popular
Una de las más recientes encuestas de la ONE, en la que participaron alrededor de 38 mil hogares, refleja una realidad básica reveladora: la población cree que la delincuencia generadora de la inseguridad ciudadana tiene base en “el desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades, el consumo y venta de sustancias ilícitas y la descomposición del hogar o mala crianza, la corrupción, el costo de la vida, en el país”. Ese cuerpo de miseria es la esencia. Lo demás son sólo detalles para entretener.
El actual gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), advirtiendo que, pese a que la pandemia del coronavirus lo tiene muy ocupado, se atreve a abrir un nuevo y reiterativo foro de discusión sobre seguridad ciudadana, matizado por acciones persuasivas, o represivas poco innovadoras. Y adelanta un nuevo plan.
El presidente Abinader dijo que la primera etapa de su plan, incluye desarme, identificar a motoristas, capacitación y tecnología para la Policía, seguridad vial y violencia de género.
En pandemia, pero ya
Lo que se vaya a hacer en ese sentido, será cuando pase la enfermedad que azota al país, como a toda la humanidad. Pero, ya se anunció acción iniciando el 6 de abril, en plena pandemia.
Ya está sabido de sobra. El origen de la inseguridad no está en los detalles.
Todos los estudios resaltan que la población, vive llena de miedo por la inseguridad, pero no tiene confianza en las instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, que tienen que velar por la seguridad ciudadana.
Es el Estado, el que tiene que generar las condiciones para el cumplimiento de los derechos constitucionales de libertad, seguridad personal e integridad personal.
Abinader está presentando un nuevo plan. Pero para garantizar la seguridad ciudadana existen, aparte de la Constitución, numerosas disposiciones a las que se arribó tras innúmeras convenciones y reuniones, en los últimos 20 años. Se invertido un barril de fondos y pensamientos, para tener a mano múltiples disposiciones archivadas, todas a la orden de Abinader y del PRM alojado hoy, en el Palacio Nacional.
Un decreto 315-06 creó e integró el Consejo Nacional de Seguridad; hay una Estrategia Nacional de Desarrollo que alcanzaría hasta el 2030 que dispuso la ley 1-12; el decreto 358-12, que crea el Observatorio de Seguridad Ciudadana; el decreto 119-13 que crea e integra el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. La Policía Nacional que ahora Abinader expone a dar el frente, ya tiene en archivos un Plan Estratégico Institucional, desde el 2016, aparte de una Reforma Institucional que supuestamente está ejecutando.
Está vigente y en ejecución, hasta un Sistema Integrado de Emergencias 911, desde el 2014. Y también fue creada una Mesa Nacional sobre Seguridad, Ciudadanía y Género, desde el 2013.
En la reunión palaciega que presidió el presidente Abinader esta semana, estaban todos los funcionarios llamados a compartir responsabilidades para enfrentar el desastre de la delincuencia con acciones compartidas, aunque diferenciadas hasta en lo social. La nueva oposición conoce que todo eso existe, por lo que le está gritando al oído que no desintegre el sistema heredado.
El rastro de un fracaso
El cura jesuita Jorge Cela, un pastor de almas que convivió con la desheredada humanidad que es asfixiada por la violencia, en las orillas de La Ciénaga, en el río Ozama, antes de ser sacado del país por sus superiores dada su actitud militante, dejó su plegaria sobre los medios de comunicación: “No basta que la Policía Nacional cumpla su función, sino que hace falta una acción preventiva social de transformación por parte del gobierno”. Cela hablaba persistentemente en el 2006. “Que la Policía cumpla su función, pero sin excesos”, imploraba. Este clérigo sociólogo por convicción y militancia aseguraba que los barrios donde se ejecute el Plan de Seguridad Ciudadana, eso es lo que reclaman.
En su época Cela advertía que ya en esos días, hace quince años, el Consejo Ampliado sobre Seguridad Ciudadana al que perteneció, tenía un plan muy bien estructurado para la Policía y la acción policial que se había quedado no más que en una declaración de intenciones muy elemental.
Al cabo del tiempo, en 2018, el Obispo de Higüey, Nicanor Peña abogaba por mayor seguridad ciudadana.
Francisco Domínguez Brito, aun altísimo dirigente del PLD, se quejaba desde la Procuraduría General de la República, en 2015, porque había que cambiar las bases de lo cultural y lo educativo, derrotar la corrupción administrativa y convencer a los muchachos de que hay cosas más importantes que andar con unos tenis de moda, pensando que eso es señal de prosperidad. Domínguez Brito perdió hasta el pelo haciendo política con esos avatares.
Allá, por el 2015, esa misma Yeni Berenice Reynoso de hoy, entonces Fiscal del Distrito Nacional, hoy Procuradora General Adjunta, pedía a gritos un Plan de Seguridad Nacional, porque lo que ya existía había fracasado “porque la Policía Nacional, generadora de violencia y delincuencia, mantenía chantajeados a los políticos del Gobierno”.
En el 2016, como siempre, aprovechando las festividades de La Altagracia, la Conferencia Episcopal Católica aunaba el eco para pedir más seguridad y garantía contra la corrupción.
Por estos mismos días, la Suprema Corte de Justicia concluía en que la inversión extranjera estaba rehuyendo a la inseguridad jurídica e institucional existente en el país.
A través de los años, inversionistas españoles, norteamericanos, coreanos y taiwaneses, han implorado protección y garantías de seguridad ciudadana para su trabajo.
Ahorita, en 2019, el Centro Bonó está señalando como principal preocupación de la población del país, los graves niveles de inseguridad ciudadana. Los medidores de esos asuntos comparan la situación dominicana con la de Venezuela. Y ya es mucho decir.
Más reciente es el grito electorero del precandidato presidencial Ricardo Espaillat, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), hoy, aliado y beneficiado por el actual gobierno cuando afirma que “hoy, más que nunca antes, atravesamos por altos niveles de inseguridad ciudadana”.
La investigadora Lilian Bobea ha sido persistente en sus estudios y conclusiones sobre inseguridad como azote de la sociedad dominicana desamparada por la responsabilidad obligada del Estado.
Aterrizando en el presente
Llegamos al 2019, 2020 y 2021, y la ola de robos, asaltos y atracos, crímenes y asesinatos callejeros, es un total desconcierto, cargando la ciudadanía con cuantiosas pérdidas de todo tipo. Los colmadones tienen que forrarse de rejas y abrir los cuatro ojos. Los ladrones no respetan las alambradas de púas. Realidad que no se corregirá con nuevos anuncios y propaganda masiva en las redes sociales.
Hoy, los avances de las tecnologías hacen más complicada la situación de inseguridad de la población. Como más complicada está la obligada y tantas veces pautada acción policial a la que parece se le quiere atribuir la totalidad del compromiso estatal.
Ahora, el PRM y Abinader
El PRM y Abinader, al frente de las responsabilidades del Estado con los ciudadanos, sus libertades, derechos y necesidad de seguridad, tienen la palabra.
Vienen con su plan de desarme, identificación de los infelices motoristas indiscriminadamente, y la capacitación y tecnología policial que se entendía estaba en marcha. Como la seguridad vial y los accidentes con cifras récord mundiales. Ah, y a la violencia de género siempre de moda. Un plan de desarme general de la población que estas, como las autoridades de siempre, ya dicen que sigue siendo disfuncional.
¿Será pesimismo pensar que estas lluvias caerán sobre lo ya mojado, aunque sea, después de la pandemia?
