Desde que entró en vigor la Ley 87-01, con la que se crea el actual Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), los representantes de los cinco sectores que integran su órgano rector. Es decir, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), han incurrido en una y mil travesuras, menos defender los derechos e interés de los afiliados, los cuales deberían ser el centro y la esencia de la seguridad social. La burocracia improductiva, las decisiones inadecuadas, las resoluciones sesgadas, los conflictos de intereses, las interpretaciones perversas de la le Ley 87-01, así como la negación de derechos, son algunos de los factores sustanciales que han estado incidiendo en la mala imagen pública que tiene en la actualidad el SDSS.
Siempre ha sido igual. Los que dicen representar y defender los derechos de los trabajadores en los distintos organismos tripartitos de República Dominicana, al fin y al cabo, solo se ocupan de proteger y blindar los intereses de los grupos que representan en dichos espacios orgánicos. Un ejemplo fehaciente de esta triste y lastimosa realidad es lo que acontece alrededor del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). La percepción y opinión que tienen los ciudadanos-afiliados, con respecto al desempeño que han tenido los miembros de hoy y de ayer del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), son desfavorables.
Según las disposiciones establecidas en la Ley 87-01, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), tiene a su cargo la dirección y conducción del SDSS y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular el funcionamiento del sistema y de sus instituciones, garantizar la extensión de cobertura, defender a 1os beneficiarios, así como de velar por el desarrollo institucional, la integralidad de sus programas y el equilibrio financiero de éste. En el terreno de los hechos, los representantes de los diferentes sectores que conforman el CNSS, se han centrado en interpretar y aplicar los preceptos que sustentan a dicha ley, simple y llanamente para robustecer los intereses materiales grupales, y negar los derechos de los ciudadanos-afiliados.
La toma de decisiones y resoluciones que manan del Consejo Nacional de Seguridad Social, por lo general, no son: justas, oportunas, equitativas y transparentes. Tomando como punto de referencia los efectos fallidos de éstas, podría afirmarse que las mismas se negocian y emiten en un ambiente rodeado de subjetividad, caprichos, burocracia y de conflictos de intereses. Es la realidad misma quien se ha encarado de evidenciar que los ciudadanos-afiliados de la seguridad social dominicana, no pasan de ser un medio eficaz para incrementar de manera continua las riquezas materiales de los dueños de las AFP y las ARS. Entiéndase, el sector financiero. Hasta el día de hoy, las decisiones, actuaciones y resoluciones, protagonizadas por el sector empleador en el CNSS, han dañado la imagen pública del órgano rector de la seguridad social dominicana.
Son 32 los miembros, entre titulares y suplentes, quienes deciden y emiten las resoluciones a lo interno del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Es decir, cinco sectores: gubernamental, empleador, laboral, médico, salud y microempresa, determinan el pasado, presente y futuro de la seguridad social de RD. Para decir y emitir resoluciones, emplean un sistema de veto ineficiente y antidemocrático. Por ejemplo, si los tres miembros titulares del sector empleador se oponen, entonces no se emite una determinada resolución. En pocas palabras, para aprobar y emitir una resolución, es imprescindible que todos los titulares de dicho organismo se pongan de acuerdo. ¿Qué porcentaje de la sociedad dominicana creé en la sinceridad, solidaridad y compasión, que predican los representantes del sector empleador, tanto a lo interno como a lo externo del CNSS?
Todo parece indicar que, en el CNSS hay un sector, cuyos miembros están muy conscientes del papel que tiene que jugar dentro y fuera del órgano rector de la seguridad social, el cual consiste en evitar que se emitan resoluciones adversas a los intereses de las AFP, ARS y de los PSS, sin importar que tanto se violen los derechos e intereses de los ciudadanos-afiliados. En este orden, no se puede calificar de pecado, el hecho de pensar que pueden ser los representantes de los empresarios quienes boicotean e impiden que se emitan resoluciones favorables hacia el bienestar colectivo. ¿Dónde queda la imagen pública del sector empleador, tanto dentro como fuera del Consejo Nacional de Seguridad Social?
En la actualidad, el sector empleador tiene seis miembros que defienden a capa y espada, dentro y fuera del Consejo Nacional de Seguridad Social, los intereses de las AFP, ARS y de los PSS. Para que no se olvide, son tres titulares y tres suplentes. Los primeros, corresponden a los nombres de: Pedro Rodríguez Velázquez (COPARDOM), Antonio Ramos (CONEP) y Roselyn del Carmen Amaro (CONEP). Mientras que los suplentes son: Laura Peña Izquierdo (CONEP), Hamlet Gutiérrez Mota (COPARDOM) y Sandra Piña F. (CONEP)
Según el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), son los representantes del sector empleador, los que no quieren que los demás sectores que integran el Consejo Nacional de Seguridad Social y la Comisión Permanente de Pensiones (CPP), emitan una resolución que permita a los servidores públicos que trabajan o han laborado en una institución del Estado dominicano, desde antes del primero de junio de 2003, a permanecer o retornar al Sistema de Reparto, tal y como lo establece la Ley 379-81 y los artículos 35, 38 y 39 de la Ley 87-01. ¿Por qué uno de los cinco sectores que integran el CNSS y la CPP, se empecina en continuar negándoles derechos fundamentales, adquiridos y laborales a un segmento de los servidores públicos?
Una imagen pública sostenible, creíble y confiable, no se construye y posiciona hablándoles mentiras y manipulando a las audiencias, tal y como pretenden los representantes del sector empleador, en cada uno de los organismos tripartitos a los que acuden. La postura de los delegados empresariales siempre ha sido la misma que modelan dentro del Consejo de Seguridad Social: defender a capa y espada sus intereses materiales, aunque para ello tengan que violar las leyes y negarles derechos a otros sectores sociales. La conducta e imagen pública de muchos empresarios dominicanos, es muy parecida a la que mantenían y proyectaban esclavistas de siglos pasados.
