Se ha demostrado que la calidad gerencial, la credibilidad y la confianza son los atributos intangibles que más valor agregan a la sostenibilidad del marco institucional de los Estados, al desempeño de los gobiernos, al crecimiento y desarrollo económico, a la actuación del sector empresarial, así como al funcionamiento y comportamiento ético de los mercados.
Para lograr que un país sea prospero, seguro, productivo y competitivo es imprescindible que sus instituciones, tanto las públicas como las privadas, sean creíbles y confiables. En pocas palabras, el liderazgo y los ciudadanos dominicanos tienen que evidenciar con hechos que están interesados en transformar las instituciones extractivas actuales en inclusivas.
¿Qué es un marco institucional sano, atractivo y seguro para los inversores locales y foráneos? ¿Es posible establecer bienestar colectivo en un entorno de instituciones que solo sirven para conceder privilegios a las élites económicas y políticas? ¿Pueden los ciudadanos creer y confiar en instituciones lideradas por políticos, sindicalistas y burócratas extremadamente interesados en extraer rentas para garantizar su buen vivir? Si los que dirigen las instituciones públicas y privadas son personas honestas, integras y éticas, lo más lógico y natural es que a lo interno de ellas no haya espacio para la corrupción y las malas prácticas administrativas. Los factores que más limitan el progreso y la calidad de vida de los ciudadanos, son la corrupción, la impunidad y la debilidad institucional.
Sin lugar a duda, los políticos, los burócratas y los servidores públicos que asumirán, a partir del próximo 16 de agosto, la gestión del quehacer de las instituciones del Estado dominicano, lo que a su vez incidirá de manera directa en el desempeño de las del sector privado, tendrán la compleja responsabilidad de construir un marco institucional creíble, eficiente y garante del estado de derecho. “La desconfianza de los ciudadanos, las empresas, las entidades sociales, los votantes o los usuarios de las instituciones públicas en las instituciones del país es un impedimento claro para el progreso”. (Gazebo, 2020. Pag.27)
La eficacia y eficiencia de las instituciones públicas y privadas, así como la calidad humana y profesional del talento humano responsable de gestionarlas, son pilares esenciales para garantizar un marco institucional sólido, capaz de asegurar el establecimiento de un modelo de desarrollo sin corrupción e impunidad, que genere riquezas para todos los ciudadanos. La falta de credibilidad y ética de las instituciones públicas y privadas de República Dominicana, siempre han sido parte de las causas que han contribuido con el descalabro y descredito institucional dominicano. “La presencia de instituciones frágiles, susceptibles a ceder ante presiones políticas y sin estructuras administrativas sólidas, dificulta la aplicación de medidas tendentes a elevar la productividad y la competitividad”. (Gazebo, 2020. Pag.28).
La informalidad, la corrupción, la impunidad, las malas prácticas administrativas públicas y privadas, el irrespeto a la aplicación y cumplimiento de las leyes, las violaciones continuas de las reglar y normas que rigen el comportamiento de los mercados, son atributos inherentes de las sociedades con muchas instituciones extractivas y muy pocas de naturaleza inclusiva. Recuérdese que las instituciones extractivas son aquellas que permiten a las élites económicas y políticas extraer rentas y riquezas de la sociedad, mediante el favoritismo político y la manipulación del sistema legal, policial y judicial. Mientras que las instituciones inclusivas son las que fomentan la participación de los ciudadanos en la actividad económica y permiten la libertad de elección y de expresión, con un Estado de derecho sólido y con oportunidades para todos. (Acemoglu y Robinson, 2012).
En medio de la presente crisis sanitaria, la que a su vez está provocando efectos negativos sin precedentes en el crecimiento de la economía, en la sostenibilidad del empleo, en el desenvolvimiento normal de las actividades educativas y recreativas, lo más racional sería que el liderazgo político, empresarial, laboral, social, profesional y académico de República Dominicana se ponga de acuerdo para llevar a cabo una gran alianza nacional sincera, a través de la cual se posibilite planificar, ejecutar y controlar las reformas institucionales, educativas, fiscales, laborales, judiciales, legislativas, al sistema de seguridad social, entre otras, que inyecten credibilidad y confianza al Estado dominicano para establecer un modelo de desarrollo que garantice a sus ciudadanos prosperidad y bienestar.
Por el bien de todos, el liderazgo dominicano está obligado a unir sus conocimientos, experiencias, ideas y recursos para construir un marco institucional sólido, ético, transparente, creíble y confiable, que facilite crear las condiciones necesarias para mejorar e incrementar los niveles de prosperidad y desarrollo. “Un Estado con instituciones de calidad ofrece procesos simplificados que facilitan la creación de empresas, la innovación y elevan la productividad nacional”. (Poel, 2014).
