En la mañana del jueves 10 de febrero de 1966, el presidente provisional doctor Héctor Rafael García-Godoy designó al coronel José de Jesús Morillo López al frente de la jefatura de la Policía Nacional, para poner coto a la anarquía que padecía la sociedad dominicana por la violación del acuerdo de paz que terminó la guerra civil y formó su gobierno con el compromiso de hacer elecciones libres y conducir el país de regreso al sistema de la democracia representativa.
En una ceremonia realizada en la explanada frontal del Palacio de la Policía, el alto oficial fue juramentado por el vicepresidente de la República y también ministro de Interior, licenciado Manuel Joaquín Castillo, quien colocó en el cuello de su camisa la insignia con el grado de general de brigada y lo presentó como nuevo jefe de la institución ante la plana mayor y otros agentes policiales.
Morillo López pronunció enseguida un enérgico discurso, asegurando que su tarea principal sería crear un clima de paz, garantizar la celebración de elecciones el miércoles 1 de junio de 1966 y tomar enérgicas medidas de control y desarme para derrotar el terrorismo, vencer la anarquía, sin importar su origen, porque no permitiría el debilitamiento del esfuerzo electoral del gobierno por restaurar la democracia.
Una parte de su discurso originó justificada alarma y mucho escalofrío en los sectores de opinión, y fue al decir categóricamente que el “lugar de los terroristas era el cementerio”, una condena distante de la legislación dominicana. Aunque esa frase desafortunada era el fruto de la dura situación que vivía el país y de su llegada a la jefatura policial sumamente presionado por los desórdenes callejeros, el terrorismo ascendente y la denuncia de atentados contra la integridad física del nuncio apostólico Enmanuel Clarizio, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito y otros personajes del clero.
Además, Morillo López tenía que saber que era inevitable afrontar la hostilidad de un sector oficial que boicoteaba a cada instante el plan de reconciliación nacional que planteaba el Gobierno, por su oposición radical a la reincorporación en los cuarteles de los soldados que durante la guerra civil lucharon bajo las órdenes del coronel Francisco Caamaño.
El referido boicot se había evidenciado con la Batalla del Matum, provocada el 19 de diciembre de 1965 en la ciudad de Santiago por militares de la Fuerza Aérea que fueron instruidos para atacar por sorpresa a los soldados rebeldes al término de los actos religiosos que se hicieron para honrar la memoria del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en el séptimo mes de su caída en combate.
Igualmente, en el salvaje atropello cometido el 9 de febrero de 1966 por policías y militares que dispararon contra una congregación pacífica de estudiantes de la escuela secundaria y de la UASD, que exigían al Gobierno el reconocimiento de las autoridades de ese alto centro de estudios y el fin de la estancia en los planteles escolares de las tropas invasoras que estaban allí desde el inicio de la guerra civil.
Este evento tuvo un saldo de cuatro muertos y cuarenta heridos y estremeció la conciencia pública, provocando una huelga general que apuntaba a culminar en otro baño de sangre de no ser por la acertada decisión de García-Godoy de relevar de su cargo al controversial ministro de las Fuerzas Armadas, contralmirante Francisco Javier Rivera Caminero y enviar al extranjero -en puestos diplomáticos- a otros oficiales.
Morillo López deploró esta tragedia y aseguró que con el apoyo de la ciudadanía se proponía afirmar el rol policial de guardián de la paz pública y protector de los derechos ciudadanos para que hechos de esa naturaleza no se repitieran.
Valer señalar que la denominada “Masacre del 9 de Febrero” se llevó de encuentro al jefe de la uniformada, general Herman Despradel Brache, quien ocupaba el cargo desde el 19 de enero de 1965 cuando reemplazó al general Belisario Peguero Guerrero, para servir al gobierno del Triunvirato y luego a las tropas del general Elías Wessin durante la guerra civil.
Primer reto de la jefatura de Morillo
La primera prueba de fuego del nuevo jefe policial fue el arbitrario apresamiento del reconocido jurista y presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), doctor Antonio Rosario, cuya figura política había gravitado en la opinión pública desde que viajó a Puerto Rico en enero de 1965 a respaldar al profesor Juan Bosch, firmando junto a dirigentes de sus respectivos partidos el famoso Pacto de Río Piedras para luchar unidos por el retorno al ordenamiento constitucional averiado por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963.
El arresto de un mocano ilustre, de limpia trayectoria democrática y de indiscutibles aportes intelectuales -emparentado con la familia De la Maza-, conmovió a la sociedad que no se explicaba por qué se había hecho uso de la fuerza policial para maltratar a un antiguo ministro de Trabajo y consagrado educador.
Esta acción represiva se ejecutó el domingo 13 de febrero en la intersección de la calle San Juan Bosco y la avenida 30 de Marzo de la ciudad capital, frente a la “Barra Payán” (famoso negocio de sándwich), y tuvo como responsable a un sargento de la Policía llamado Rafael Estévez Espejo, comandante de una unidad móvil de Radio Patrulla, quien actuó instigado por dos militares de la Fuerza Aérea que intervinieron en la violenta detención de la caravana socialcristiana que encabezaba el doctor Rosario.
Los dirigentes del partido del machete verde -bajo amenaza- fueron obligados a apearse de sus respectivos vehículos con las manos levantadas y se les colocó contra la pared del referido establecimiento comercial, donde se les humilló en exceso al ser sometidos a un espectacular registro en busca de armas de fuego, como si fueran delincuentes peligrosos.
Decenas de personas que transitaban por esa populosa vía miraron asombradas el penoso drama en que se vio envuelto -sin proponérselo- un honorable educador como don Antonio Rosario. Fue una escena deprimente que contradijo, sin duda, la voluntad de pacificación del gobierno y las garantías ofrecidas tres días antes por el recién nombrado jefe de la Policía sobre el estricto respeto a los derechos ciudadanos.
Este desagradable incidente generó muchas críticas, aunque también la forzada disculpa de la autoridad policial y la formación de una comisión investigadora presidida por el mayor abogado, doctor Bolívar Soto Montás, de la consultoría jurídica de la Policía y el capitán Rafael E. Bautista De Oleo, del Ejército Nacional, quienes lograron tranquilizar a la ciudadanía al recomendar prisión para los agentes envueltos en el hecho.
Morillo López manifestó en conferencia de prensa que no se iba a entorpecer la labor que venían realizando los dirigentes políticos en campaña electoral y que la Policía velaría por la seguridad ciudadana, protegería la vida, la integridad y la libertad de las personas para contribuir “a que las elecciones venideras reflejen la verdadera expresión de la voluntad popular”.
Igualmente informó que había enviado telegramas a los comandantes de los departamentos policiales en todo el territorio nacional, que contenían la circular No. 6 de fecha 2 de marzo de 1966, donde se ordenaba poner fin a los registros a dirigentes políticos para evitar la repetición del drama padecido por el doctor Antonio Rosario y sus compañeros socialcristianos. Esta posición iba a tono con las sugerencias del presidente García-Godoy, de ofrecer garantías a los partidos políticos de tolerancia policial durante el desarrollo de sus actividades proselitistas.
Contra la corrupción policial
El 7 de abril de 1966 el general Morillo López inició una campaña de transparencia y pulcritud en los organismos de la Policía Nacional, con el objetivo de mejorar su imagen, la cual culminó con una auditoría, publicada el 17 de julio de 1966, que detectó serias irregularidades en el manejo de los fondos de la Intendencia General.
Este informe provocó la remoción total de los mandos superiores y la puesta en retiro con disfrute de pensión de los tres coroneles que ocupaban los cargos de subjefes; además fue causa de la destitución de un teniente coronel acusado de malversar los fondos del referido departamento.
El oficial imputado fue sometido a un Consejo de Guerra, un procedimiento militar judicial que fue conducido por los doctores Virgilio Payano Rojas, juez y César Augusto Cornielle Carrasco, fiscal, quienes lo encontraron culpable de “crímenes de robo siendo asalariado» y de haber utilizado personal policial bajo su mando en trabajos particulares. Además recomendaron que fuese separado de las filas de la institución de manera deshonrosa, aunque unos años más tarde fue reivindicado y subido de rango, y pudo ascender a las más altas posiciones ejecutivas.
Con ese caso Morillo López demostró su interés en imprimir un manejo ético a la gestión policial, en consonancia con la formación adquirida en el Ejército, en rectitud y orden, desde que se enganchó como un simple soldado en el año 1947 para servir en calidad de mecanógrafo y taquígrafo (secretario) bajo las órdenes del teniente general Fausto Caamaño Medina, ministro de Guerra y Marina, hasta el año 1953 cuando se retiró a la vida civil teniendo el grado de sargento.
Morillo López ingresó a la Policía como segundo teniente el 1ro. de agosto de 1961 y consiguió notoriedad pública al ser designado ayudante del jefe de esa entidad, general Belisario Peguero Guerrero, desde que comenzó su gestión administrativa el 16 de marzo de 1962.
Participó en la redacción de todos los proyectos destinados al fortalecimiento institucional, incluido el de las cantinas policiales, planteado en 1963 durante el gobierno del profesor Juan Bosch con criterio cooperativista, para mejorar las condiciones de existencia de los agentes con menores ingresos. De tal modo que llegó a figurar como vocal en el consejo administrativo de la empresa «Cantina Policía Nacional, C. por A., presidida por el general Peguero Guerrero, aunque no estaba de acuerdo con su carácter lucrativo en beneficio de altos oficiales.
Esa contradicción quebró el afecto que le tenía el general Peguero Guerrero y fue la causa de que se aliara con el coronel Francisco Caamaño, comandante de Radio Patrulla, para hacer llegar a las altas instancias del poder político la denuncia de corrupción en el citado negocio, pidiendo la sanción y destitución del general Peguero Guerrero.
Esa actitud crítica provocó una crisis interna que se detuvo cuando el presidente del Triunvirato, Donald Reid Cabral, removió de su cargo al general Peguero Guerrero, designándolo viceministro de Interior y Policía en enero de 1965, aunque previamente había transferido a Caamaño a la Fuerza Aérea, en donde se encontraba cuando estalló la insurrección militar del 24 de abril; y envió a Morillo López a San Isidro, como inspector general del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas.
Más tarde, en plena guerra civil, el general Antonio Imbert -presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional- lo designó como comandante de la dotación militar del Aeropuerto Internacional de Cabo Caucedo, puesto que ocupaba cuando le llegó la designación de jefe de la Policía, dispuesta por el presidente García-Godoy.
Por último se debe reconocer el empeño de Morillo López en imponer como jefe de la Policía una buena organización y tecnificación en ese cuerpo de orden público, al crear el 17 de mayo de 1966 una escuela de entrenamiento para militares y oficiales, dirigida por el capitán abogado Abraham López Peña, quien era además su eficiente relacionista público.
Bajo la jefatura de este buen oficial se ofreció protección a todos los ciudadanos, sin distinción de ideología política y se demostró respeto al ciudadano. Por eso se le recordará, tal como señaló el profesor Juan Bosch, en la dedicatoria de un libro suyo, “como el jefe de la Policía honesto que no cometió abusos”, ya que fue un devoto servidor de la ley.
