El trágico y lamentable incendio ocurrido el pasado lunes 18 en el penal de La Victoria, es un acontecimiento que ha consternado a la sociedad dominicana y que pone en evidencia una vez más, que ese centro penitenciario representa una amenaza de muerte para los recluidos en él y que las autoridades que están al frente del mismo, han demostrado una incapacidad absoluta para dirigirlo.
El penal de La Victoria es un centro en el que se practica todo tipo de actividades ilegales, de corrupción, violencia y de extorsión con el conocimiento de las más altas instancias de la Policía Nacional, de la Procuraduría General de la República y del Gobierno dominicano.
En este centro de reclusión existen puntos de drogas que operan libremente, se ejerce la prostitución, hay parábolas de internet para el uso de las mafias, líneas de fibra óptica, se cobran peajes, se aplica el chantaje para poder llevar reclusos a la justicia y muchas acciones ilegales más, con la complicidad de la policía encargada de dirigir el penal y de sus mandos superiores.
Es más que evidente que la cárcel de La Victoria es un recinto que funciona en lo fundamental al margen de la ley y en el que se mueve sin control alguno, el crimen organizado.
La acción principal de quienes están a cargo del penal de La Victoria, no ha sido, ni es, proteger la integridad física y moral de los privados de libertad; sino, hacer negocios y apoyar mafias y bandas internas.
Por eso no es casual que en el incendio del pasado lunes murieran calcinados más de una decena de reclusos y una cantidad mayor resultara con quemaduras diversas, sin que los agentes policiales de turno puedan explicar al país, por qué no fueron abiertas las puertas internas de las celdas al inicio del incendio.
Los responsables de las muertes ocurridas recientemente en la cárcel de La Victoria son sin duda alguna, la dotación policial que está al frente de dicho centro penitenciario, la jefatura policial y el gobierno de Luís Abinader, por ser conocedores de todo cuanto sucede en ese centro de la muerte.
Hay que responsabilizar también, de esos trágicos acontecimientos a la Procuraduría General de la República por su incompetencia para concluir la remodelación de la cárcel de Las Parras, dónde sería trasladado el actual e inhumano penal de la Victoria, después de haber asegurado al inicio del presente gobierno, que eso se resolvería en ocho meses.
Frente a esta grave realidad, hay que demandar que el Penal de La Victoria sea declarado en estado de emergencia y que sea arrestado todo el personal policial asignado a dicha cárcel e investigado a fondo sobre el trágico incendio del pasado lunes 18 del presente mes.
Asimismo, el Congreso Nacional debe interpelar al actual director de la Policía Nacional, General Ramón Antonio Guzmán Peralta para que este le explique al país lo sucedido en dicho penal recientemente bajo la dirección de la institución que él coordina.
Las fuerzas democráticas del país y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tienen por delante el desafío de desarrollar una gran campaña de denuncia y movilización por la superación del actual y obsoleto sistema penitenciario, que es una verdadera afrenta contra la dignidad nacional.
