Lejos de perjudicar a los medios de comunicación, la decisión del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona de regular la publicidad del Estado, busca frenar y/o reducir el dispendio, especialmente de funcionarios proselitistas, así como achicar la corrupción. Testimonia una inquietud recelosa, en la antesala de un boom publicístico.
Esa expansión en la inversión publicitaria favorece a los diarios y a los televisivos, aunque no así a ciertos de radio, UHF y digitales, que han crecido como la verdolaga, sin una audiencia que garantice la rentabilidad de la inversión. El decreto presidencial no prohíbe la publicidad, tan necesaria para anunciar la renovación del marbete, la propagación de una epidemia o una licitación.
Los online se ramifican con rusticidad periodística, porque cualquiera sin la más mínima formación universitaria en comunicación social, procura sustentarse en la publicidad estatal. La mayoridad de ellos carece de contenido noticioso y educativo atractivo, por lo que no son vistos ni leídos siquiera por las hormigas de sus casas, hecho que invita a leer al teórico canadiense Marshall McLuhan (1911-1980), quien acuñó la frase de que “el medio es el mensaje”.
La partida asignada en la Ley de Presupuesto General del Estado a la comunicación, publicidad y prensa de la Presidencia de la República asciende, para el 2024, a RD$4,197,524,804.
El 27 de junio de 2021 sugerimos, actuando este servidor como instructor en la conferencia con el tema “Gremios y periodismo”, en el diplomado en Periodismo Ético, la realización de auditorías sobre la concesión y manejo de decenas de miles de millones de pesos de publicidad presupuestada, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia en el intervalo 2000-2020.
En el seminario auspiciado por el Gobierno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), insistimos en la necesidad de elaborar y aprobar una Ley de comunicación y publicidad estatal, y otra ley de publicidad privada.
Al decretar el establecimiento de criterios e instrucciones para la contratación de la publicidad oficial, escuchamos tardíamente la respuesta a una propuesta de este servidor, formulada en un evento en el que participaron 43 periodistas. Todos asintieron.
Alimentarse de una publicidad que alcanza a un público insignificante, o no llega a nadie, se patentiza como una estafa al Estado. Ni la presión y la coacción detrás de recursos financieros y partidas publicitarias, ni la afectividad con parientes, amigos y vecinos, deben mediatizar el rol mediador del periodista profesional entre el Estado y la comunidad, ni transgredir, jamás, la libertad y los principios democráticos.
Para destronar el privilegio y la discriminación y, a la vez, fomentar la competición estatal, urge la modificación del párrafo del artículo 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que exceptúa las licitaciones en la concesión de publicidad a los medios de comunicación social, o sea, que viabiliza el grado a grado.
El decreto 1-24 del presidente Abinader Corona plantea que la publicidad oficial sea para suministrar información de interés y utilidad para la población, para promover la difusión y conocimiento de valores y principios constitucionales, sin fines propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no.
Igualmente, que no sea utilizada “con el objetivo de presionar, censurar, coartar o privilegiar, según el caso, a comunicadores sociales o a medios de comunicación social, en razón de su línea informativa o editorial, su orientación ideológica o su posición, criterio o valoración sobre el Estado, el Gobierno a las políticas públicas”.
En esa tónica, los más sensatos tenemos que avalar el veto en “la utilización de la publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no”.
Con frecuencia se critica el abuso de los recursos del Estado en favor de candidatos gubernamentales, por lo que se atiende esta petición, mediante el Decreto 1-24: “se instruye a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a la estrictamente necesaria en función del servicio público prestado y con especial observancia de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, así como a las orientaciones o disposiciones emanadas por la Junta Central Electoral (JCE)”.
La asignación de la publicidad se encarrila por rieles enmarañados, más cuando proliferan cerca de mil 500 medios escritos, televisivos, radiales y digitales, que dan cabida a unos tres mil programas, la inmensidad de los cuales cojea en el balón de planes de marketing, en un mercado harto limitado.
Siendo así, el Estado ha concurrido como el Ada Madrina de esos espacios mediáticos, con la desventaja de que su cartera presupuestaria publicitaria no alcanza para tantísimos, so pena de no poder sentir el calor de los abrazos y besos del Ada Madrina. Ella destina los bautizos a los de gran audiencia -como influencers que aumentan el porcentaje de generación de views y se posesionan con noticias falsas, palabras descompuestas y frases injuriosas-y los que están enllavados. Ahí radica nuestra solicitud de modificación de la Ley de Contrataciones Públicas.
El autor es presidente Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas (ASODOPREP).
