Caminando por algunas zonas del Alto Manhattan, especialmente donde se unen la calle 181 y la avenida Saint Nicholas, identificada por la diáspora dominicana en Washington Heights como la “Duarte con Paris”, tuve la oportunidad de conversar el pasado viernes con varios amigos que coincidencialmente visitaban la populosa y bulliciosa zona neoyorkina.
El diálogo obligado, el de mayor furor, fue la variación de medida de coerción que ordenó la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a favor de los imputados de la Operación Coral, mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, y su hijo Tanner Flete Guzmán.
Al escuchar sus críticas, me di cuenta que en ellos reinaba una animadversión contra los jueces en República Dominicana, a quienes acusan de ser muy complacientes con sus dictámenes a favor de los acusados de cometer actos de corrupción en los gobiernos de los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Coincidieron en emitir grandes elogios a favor de los magistrados Miriam Germán, procuradora general; Yeni Berenice Reinoso, directora de Persecución del Ministerio Público, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Para estos dominicanos de la diáspora, variar las medidas de coerción a implicados del caso Coral, constituye una falta de respeto al pueblo que votó masivamente contra un gobierno corrupto liderado por el ex presidente Danilo Medina, quien pretendía que el PLD continuara en el poder más allá del 2020.
Por la decisión judicial adoptada, acusan injustamente a los jueces dominicanos de ser parte del entramado societario de los imputados, por el hecho de variar las medidas cautelares de prisión preventiva que pesaban contra los implicados, a los que se varió la prisión por arrestos domiciliarios, impedimento de salida y grilletes electrónicos en las piernas que deben ser monitoreados por la policía judicial.
Sin pretender ser abogado ni experto en leyes judiciales, les manifesté que la magistrada Rivas basó su decisión cumpliendo fielmente con lo que manda el artículo 241-3 del Código Procesal Penal.
Este articulado dispone que la prisión preventiva cesa cuando excede 12 meses, y en casos complejos 18 meses. Aunque se puede variar antes cuando el juez entiende que no existe peligro de fuga.
Como la prisión preventiva no se puede convertir en una condena anticipada, la ley le impone un límite.
Estoy de acuerdo de que los culpables de actos de corrupción no solo vayan a la cárcel a cumplir condena por los delitos cometidos contra el Estado, sino que el dinero robado les sea incautado, ya sea en moneda nacional o extranjera, y sus propiedades vinculadas incautadas.
El Ministerio Público logró con sus solicitudes de medidas de coerción que los jueces enviaran a los imputados a la cárcel preventiva. Pero el periodo de tiempo solicitado para ello se cumplió y la ley establece, a juicio de los magistrados, variar la misma a petición de los abogados defensores.
Con las pruebas obtenidas y documentadas -si es que están bien elaborados- más los testigos disponibles, el Ministerio Público deberá seguir luchando por conseguir la condena buscada. No será una batalla fácil ni corta. Muy por el contrario: Será larga y tediosa.
Los imputados Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán y Tanner Flete Guzmán están obligados a hacer acto de presencia las veces que sean requeridos por el juez encargado de su caso, para la continuidad del juicio en su contra.
Si bien es cierto que hay magistrados corruptos dentro del sistema judicial dominicano, hay que reconocer que igualmente los hay probos y honestos.
La lucha por adecentar la justicia, devolverle la credibilidad perdida, de hacerla independiente en su totalidad, debe incluir la buena voluntad no solo del gobierno de turno, sino también de los empresarios, comerciantes y políticos honestos.
En las administraciones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana fue un secreto a voces que los integrantes del Poder Judicial, incluida sus máximos organismos de representación, tenían alguna ligazón con las autoridades de turno.
Esta es la causa del por qué una gran parte de los dominicanos dentro y fuera de la isla manifiestan desconfianza en los jueces de las altas cortes.
Estadísticas divulgadas indican que en el sistema penitenciario hay más de 27 mil personas privadas de su libertad, y que el 61% de ellas son presos preventivos, y más del 50% de ellos tiene la medida de coerción original cumplida desde hace tiempo.
La falta de recursos económicos de estos reos les imposibilita poder contratar un buen abogado que logre obtener sus libertades como lo estipula la Ley 241-3 del Código Procesal Penal.
Es muy probable que los abogados defensores del ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, soliciten nueva vez al juez competente la variación de la medida de coerción de su defendido acogiéndose a la referida ley.
Rodríguez, junto a otros imputados del Caso Medusa, guarda prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombre, en San Cristóbal, desde mediados de julio de 2021, enfrentando diversos cargos criminales como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno y estafa contra el Estado.
