La inmigración ilegal que se observa a nivel mundial no es culpa de los países desde donde salen millones de hombres, mujeres, niños y jóvenes empobrecidos, desamparados y desplazados de sus lugares de origen, en busca de mejor forma de vida en tierras lejanas y extrañas.
Es culpa de las grandes potencias que dominan la geopolítica a nivel mundial. De esos gobiernos súper poderosos acumuladores de grandes riquezas obtenidas mediante la explotación de los recursos naturales de países pobres y subdesarrollados, para engrosar las arcas del uno por ciento de los multimillonarios en el mundo.
Es culpa también de los países administrados por políticos corruptos y regímenes dictatoriales subordinados política y económicamente a los intereses de gobiernos foráneos.
La inmigración ilegal no afecta la economía de los países ricos, más bien le benefician por la cantidad de mano de obra barata que reciben y que les ayuda a fortalecer aún más sus consolidadas economías.
Sin embargo, un efecto contrario se produce cuando la inmigración ilegal llega a países subdesarrollados con economías débiles y con pocos recursos para sostener la estabilidad social y económica de sus propios connacionales, creando más dificultad para sus desarrollos regionales.
En la región del Caribe, una situación muy compleja se manifiesta a diario en la isla La Hispaniola, que comparten República Dominicana y Haití.
El régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, que se prolongó por 31 años en el poder, logró el control absoluto de las fronteras entre ambos países, evitando la inmigración ilegal hacia territorio dominicano. Se afirma que el racismo prevaleció más que la comprensión de las causas reales del nivel de pobreza reinante en la población haitiana de entonces.
Sin embargo, los gobiernos democráticos de los últimos 62 años después de la muerte de Trujillo en 1961, han permitido que más de 3 millones de haitianos ingresen de manera ilegal a territorio dominicano en busca de mejores oportunidades económicas, bajo el supuesto de que son alentados por gobiernos extranjeros.
En esto, Estados Unidos, Francia y Canadá a la cabeza, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agencias no gubernamentales (ONG) son los supuestos incitadores de esa inmigración haitiana a territorio dominicano.
Grupos nacionalistas dominicanos, preocupados por la facilidad con que se producen estas inmigraciones ilegales por las zonas fronterizas en contubernio con militares, empresarios y comerciantes corruptos, alegan que con ello se está poniendo en peligro la dominicanidad y soberanía del país, contrario a aquellos que ingresan contratados para trabajar legalmente en zonas agrícolas y en las áreas de la construcción que si benefician al desarrollo económico.
El peligro de la facilidad y permisividad de la inmigración ilegal es que grupos de malhechores y delincuentes se infiltran para lograr ingresar clandestinamente todo tipo de drogas narcóticas y armas de fuego poniendo en peligro la seguridad interna de la nación quisqueyana.
Mucho se ha denunciado –sin prueba que lo avalen- de que existen planes concretos de unificar Haití y República Dominicana y quitarse de encima la responsabilidad que tienen las grandes potencias de socorrer y ayudar el empobrecido pueblo haitiano.
Dominicana, con un récord de ocho presidentes elegidos democráticamente cada 4 años en un lapso de 60 años, de religión católica, rica en flora y fauna, es un país progresista concentrado en el avance sostenido de su desarrollo económico, social, político e infraestructura.
De otro lado de la moneda, Haití, la nación más pobre del hemisferio, con un récord de más de 20 gobiernos en tan solo 35 años y controlado hoy por grupos delincuenciales, criminales y antidemocráticos; su creencia religiosa es la católica, aunque los rituales del vudú lo practican más del 40% de la población, marca una diferencia que imposibilita la unificación de ambos países.
La migración ilegal de ciudadanos extranjeros no es un problema exclusivo de República Dominicana. Es un mal que están padeciendo decenas de países en todo el mundo, viendo como esos inmigrantes arriesgan sus vidas cruzando valles, montañas, desiertos, ríos y mares buscando la oportunidad de encontrar un lugar que les faciliten las necesidades básicas para su sustento particular y familiar.
Estados Unidos, poseedora de los más modernos controles de protección fronteriza y con mejores recursos para salvaguardar su seguridad nacional, no ha podido frenar la inmigración ilegal que proviene desde México buscando establecerse en varios estados de la unión americana, especialmente Nueva York, New Jersey, Pensilvania y la Florida.
En Estados Unidos, el país más rico del mundo, cerca de 40 millones de personas (12%) vive en la pobreza según reporte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
América Latina sobrepasa la cantidad de 21 millones de personas que viven en la pobreza, de los cuales 82 millones viven en la pobreza extrema, y esto lo afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Cuando los gobiernos súper ricos que dominan el mundo decidan eliminar el hambre, la pobreza, la desigualdad social y el desempleo que ahoga a los países bajo sus órbitas de dominio, evitarán con ello la inmigración ilegal masiva a nivel global.
