La guerra contra las drogas en Estados Unidos, puesta en ejeución en la administración de Richard Nixon, a partir del 18 de junio 1971, tenía la finalidad de penalizar la producción, comercio y consumo de todo tipo estupefacientes, que crecía vertiginosamente en toda la nación.
El entonces mandatario y sus más cercanos colaboradores argumentaban que el consumo de drogas no solo perjudicaba la salud física y mental de los consumidores, sino que incrementaba la delincuencia, la corrupción y mayores gastos a los sistemas de salud del Medicaid y Medicare para el tratamiento de la desintoxicación por exceso de consumo.
Los opositores a esta dura posición contra las drogas consideraban que era una disposición que atentaba contra los derechos y las decisiones personales de los ciudadanos norteamericanos.
Alegaban, además, que la prohibición per se aumentaría el narcotráfico y consumo clandestino, incrementando el costo en todas sus operaciones, para beneficio de los productores y traficantes.
Nixon estaba consciente de que había grandes productores clandestinos de drogas en países de Centro y Sur América, y que la mayor producción de estas drogas, especialmente la cocaína y marihuana, estaban destinadas a los EEUU, por su gran demanda.
Clasificadas como drogas ilegales y severamente penalizadas por las leyes se identificaron, además de la cocaína y la marihuana, la heroína, el LSD, el opio, las metanfetaminas y derivados de la cocaína conocidos como crack.
Junto con el ilegal negocio de las drogas, también creció el tráfico clandestino de armas de fuego de todos los calibres, los asesinatos, secuestros y enfrentamientos armados con militares y policías.
En la misma medida en que aumentaban las agencias antinarcóticos, la persecución policial federal y estatal en los EEUU, la intervención de organismos como la Organización Internacional de Policía (Interpol) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de igual modo los narcos se las ingeniaban para penetrar toneladas de drogas a territorio norteamericano burlando controles de aduanas y puertos.
El primero de julio de 1973, Nixon creó una nueva agencia antinarcóticos, la Administración Para el Control de Drogas (DEA), que tendría como objetivo fundamental combatir el tráfico y distribución de drogas dentro de los EE.UU.
Los operativos realizados en la década de los ‘70 por las agencias antidrogas norteamericanas no lograron completamente sus metas debido a que muchos de los persecutores terminaron siendo consumidores, por la cantidad de drogas que incautaban y no reportaban, mientras que otros la traficaban por los beneficios que dejaban.
El alto consumo y tráfico clandestino de estupefacientes en la alta sociedad, la clase media y baja ha ido ganando la batalla a los persecutores de las drogas ilegales, un negocio que continúa dejando miles de millones de dólares de beneficio y millones de adictos.
De ahí se desprende un cambio de estrategia en algunos estados de la Unión en la que legisladores estatales, ante la crisis financiera y desbalances presupuestarios en sus demarcaciones, desesperados por conseguir fondos para nivelar la balanza de gastos e ingresos, se las ingeniaron para despenalizar el consumo de la marihuana.
Para lograr este objetivo, se le buscó el lado bueno a esta planta aromática que, de acuerdo con sus componentes químicos adictivos, además de los efectos eufóricos, placenteros y embriagantes que produce su consumo, ahora también es medicinal.
Fue en la administración del gobernador Andrew Cuomo que se legalizó con fines recreativos para mayores de 21 años el consumo de la marihuana en el estado de Nueva York, el 31 de marzo de 2021.
Con esta decisión, Nueva York se convertía en décimosexto estado de la Unión que regulaba el consumo de la marihuana o cannabis.
Con esta medida, la administración estatal demócrata buscaba lograr conseguir un ingreso de más de $350 millones de dólares en impuestos anuales, y de 300 mil a 600 mil puestos de trabajo, eliminando con ello las condenas previas por posesión y consumo de la hierba.
El consumo de marihuana, a partir de esta aprobación, se ha generalizado de tal forma en Nueva York que la concentración de este olor peculiar se siente por toda la ciudad.
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ante las inquietudes de periodistas que mostraron su preocupación por auge del consumo de marihuana en toda la urbe, reconoció que en sus caminatas se había dado cuenta de que la ciudad huele a marihuana.
Para él, y por alguna razón lo dijo: la ciudad de Nueva York huele a marihuana. Sin embargo, contrario al olfato de los que nunca han tenido el hábito de fumar ningún tipo de cigarrillo o tabaco, la ciudad no huele. Todo lo contrario: hiede, apesta a marihuana.
Tal parece que últimamente el alcalde Adams no realiza caminatas por los diferentes sectores neoyorkinos para darse cuenta de que esta ciudad no solo hiede a marihuana, sino también a materia fecal y orina humana, de perros y basura descompuesta.
El número de desamparados (homeless) ha aumentado considerablemente en la ciudad. Muchos de ellos sufren de problemas mentales y duermen en las aceras frente a las puertas de edificios de apartamentos y comercios, lugares donde defecan y orinan en sus pantalones, por su condición mental o por estar drogados y/o embriagados tras combinarla con bebidas alcohólicas.
