En los últimos días, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader ha incrementado las deportaciones de nacionales haitianos indocumentados.
Con esa medida, el primer mandatario pone en práctica el derecho constitucional de defender la soberanía de nuestro territorio dominicano.
El caso de las deportaciones de indocumentados haitianos no es nuevo, es una situación que viene de lejos.
La situación es reiterativa y se explica en gran medida por razones de cercanía de los dos países y por la grave situación económica y social que estremece a Haití.
Pero ahora se ha sumado un nuevo ingrediente y es que la mano de obra de los haitianos se ha tornado imprescindible en gran parte de la economía dominicana. Así vemos como el sector de la construcción está dominado por trabajadores haitianos, lo mismo se ve en el sector agrícola, donde ya no se ve un dominicano ni para remedio, el sector del comercio informal no se queda atrás y nuestras calles y avenidas están repletas de ciudadanos haitianos, que en su mayoría indocumentados y para muestra véase el mercado binacional que se desarrolla en la zona fronteriza del pueblo de Dajabón.
Como se ve, tenemos una lamentable dependencia en el plano laboral. En estos momentos los dominicanos no contamos con la suficiente mano de obra en los renglones citados y son entonces, los haitianos por el momento un mal necesario.
Nos corresponde entonces, partir de esa cruda realidad, y entender que, por el momento, lo que procede es frenar de manera radical la inmigración de haitianos indocumentados y por otro lado proceder a regularizar a los que ya están haciendo un trabajo necesario para la producción nacional, y al mismo tiempo proceder a deportar los que son indocumentados y no desempeñan trabajo alguno.
Pero al mismo tiempo, ya es hora de que el Estado inicie un plan de incentivos a los jóvenes y todo el pueblo para que motivarlos a prepararse en oficios como albañilería, plomería electricidad, entre otros y así nosotros los dominicanos poder ir de manera gradual reduciendo está lamentable dependencia laboral no solo de haitianos sino de todo tipo de extranjeros, se requiere también un trabajo educativo para que el dominicano vuelva a ver ese tipo de trabajo como un oficio digno y honroso.
En la actualidad, los nacionales haitianos juegan un papel fundamental en nuestra economía, pero si ponemos en práctica un plan real y sincero al cabo de 2,3,5 y 10 años podremos prescindir de ellos y entonces aplicar el mandato establecido de nuestro código laboral en lo relativo al 80-20 que establece que por cada cien trabajadores en una empresa o establecimiento laboral debe haber ochenta dominicanos y veinte extranjeros.
En todo esto tenemos que comprender que este es un problema que precisa de la integración de las fuerzas vivas del país y que se vea y se tome el problema de los ciudadanos ilegales como un problema de nación y no como un asunto populista y de conveniencia personal o sectorial.
Estamos a tiempo de salvar la nación. Manos a la obra.
