23 años después, el SDSS ha agotado una primera etapa con importantes avances cuantitativos, pero a un costo elevado en gasto de bolsillo y en pensiones insuficientes. El Sistema está en un punto de inflexión en el cual, para evitar un retroceso y fortalecerlo, es imprescindible iniciar la etapa cualitativa, basada en las reformas previstas en la Ley 87-01
El impacto de la Ley 87-01 debe medirse desde dos grandes dimensiones: 1) los avances con relación al viejo Seguro Social; y 2) los logros obtenidos, versus las metas prometidas y demandadas por los dominicanos.
Existe un crecimiento sostenido de la cobertura y del acceso a los servicios de salud. De apenas el 6.0%, a más del 96% de la población, incluyendo a las familias más humildes. Aumentó a un millón de pesos a los medicamentos de alto costo y a dos millones contra el cáncer. Elevación del límite de las medicinas ambulatorias a 12,000 y más de 100 nuevos fármacos y procedimientos.
El patrimonio de los trabajadores se ha multiplicado más de 10 veces: de solo 120.341.4 millones de pesos al 2010 a 1,213,344.0 millones al 2023. La cuenta de capitalización individual ya está cerca del millón de millones de pesos, representando el 79.3% del patrimonio total.
Pero, estamos a mitad de camino de las metas prometidas. Dos décadas después todavía existen insuficiencias, desigualdades e insatisfacciones, debido al retraso de las reformas estructurales dispuestas por la Ley 87-01. La ausencia de un PBS y de la atención primaria generan un desequilibrio financiero que acentúa el gasto familiar de bolsillo. Crece la brecha entre la cápita contributiva y la subsidiada. Elevada tasa de mortalidad. Rechazos y retenciones de pacientes y cadáveres.
Las pensiones serán muy bajas, con una tasa de reemplazo de apenas el 35% para una cotización completa. Alrededor del 85% de los trabajadores dominicanos recibirán una pensión mucho menor, debido a los años de aportes insuficientes. Continúa la falta de voluntad política, el afán de lucro desmedido, el clientelismo, la corrupción y las debilidades institucionales.
En materia de salud, es posible elevar a un 90% la satisfacción de los afiliados, sin necesidad de modificar la ley 87-01.
Reducir el gasto familiar de bolsillo: 1) inicio del primer nivel de atención, sin copagos, basado en la estrategia de Atención Primaria para todos; 2) reducción del costo de los medicamentos mediante la prescripción de medicinas genéricas de calidad comprobada; y 3) desmonte gradual de los copagos no incluidos en la ley.
Ampliar la cobertura del seguro familiar de salud: 1) un Plan Básico de Salud (PBS) con servicios más integrales; 2) un seguro de salud para todos los pensionados mediante un aporte solidario; y 3) afiliación de los trabajadores autónomos con capacidad contributiva.
Elevar la calidad y cobertura de los servicios médicos a la población subsidiada: 1) aumento del presupuesto público al SENASA para pagar a los hospitales por los pacientes atendidos; y 2) contratación de los recursos humanos basada en salario fijo más incentivos, de acuerdo a la dedicación y a los servicios prestados.
Garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos: 1) aumento de la tasa de reemplazo de todas las pensiones; 2) elevación del monto de la pensión de los trabajadores con cotizaciones insuficientes; 3) indexación anual de las pensiones y jubilaciones; y 4) aumento de la cantidad de las pensiones solidarias, para los adultos mayores de escasos recursos. Los dos primeros requieren de una reforma lo antes posible, y los últimos dos, dependen del CNSS y del Poder Ejecutivo.
La Ley de Seguridad Social, constituye la principal conquista social del país porque consagra el derecho a una protección integral a los más humildes y porque faculta a todos los afiliados a influir de manera real y efectiva en la asignación de los recursos, de acuerdo con sus necesidades más sentidas.
23 años después, el SDSS ha agotado una primera etapa basada en importantes avances cuantitativos, pero a un costo elevado en gasto de bolsillo y pensiones insuficientes. El Sistema está en un punto de inflexión en el cual, para evitar un retroceso y fortalecer el SDSS es imprescindible iniciar la etapa cualitativa, basada en las reformas previstas en la Ley 87-01.
