Con frecuencia oímos, o vemos escrito, que “la mejor ley de libertad de expresión es la que no existe”.
Es una expresión que muchos gobiernos, casi todos los que se dicen representativos del sistema democrático, no quisieran oír, ni ver. Y hacen todo lo posible por no oírla, ni verla.
Por eso hacen nuevas leyes, o “corrigen” las que ya existen. Lo hacen, con regularidad a escondidas. De la mano del factor sorpresa indeseable en todo régimen democrático.
Cualquiera se pregunta, ¿qué es lo que les preocupa a esos gobiernos que buscan hacer correcciones, o acorralar la libertad de expresión en sus propios y circunstanciales mandatos? ¿La libertad de expresión en sí, o la libertad que permitiría la inexistencia de cualquier ley al respecto?
Si por gusto es, resulta fácil observar cómo los gobiernos y gobernantes que más usan la libertad de expresión a su conveniencia, suelen ser los que buscan poner restricción a esa virtud divina delegada en los humanos por el Creador, la libertad. El libre albedrío, atributo con el cual nace todo ser humano.
¿No hay nada más importante hoy en el país? ¿O es esta otra operación para borrar de la agenda temas impostergables, como son la incertidumbre económica que padece no el país, sino todo el mundo, los problemas de pobreza, trabajo, inflación, educación, salud e inseguridad.
Algunas de estas iniciativas suelen traer el tupo de influencias hegemónicas que no esconden sus directrices a obedecer.
La libertad de prensa o la libertad de los medios de comunicación es un principio inalienable. La comunicación y la expresión a través de diversos medios, sea los impresos, o electrónicos, constituyen un derecho para el ejercicio de la libertad. Esto implica la ausencia de interferencia del Estado, como la prohibición de la censura previa. O el uso de espionaje que aunque oficial debe ser desautorizado por violador. Baste decir y saber que así lo consigna la Constitución, sustancial protección de la sociedad, y garantía suprema de cada uno de sus individuos que la componen.
Una reciente iniciativa de control informativo emanada desde el Poder Ejecutivo, entre otras, ya en manos del Congreso Nacional, hablan de imponer rigurosos controles.
En el caso del proyecto del Poder Ejecutivo, amenaza con hasta 30 años de cárcel a los Ciberdelincuentes, pasando por eventuales condenas por fraudes en sistemas de información de tres a veinte años en prisión. Es un proyecto presidencial para sancionar lo que desde allí se entiende serían ciberdelitos.
Ha sido tradición que desde el Poder se controle los medios de prensa, vía el poder de mando de los dueños de estos medios tradicionales con que determinan la ética y conducta de sus empleados comunicadores.
Se sabe que hoy día, ese poder está siendo cuestionado en la práctica, por el libre acceso de todos los niveles sociales con su capacidad de crítica abierta, a los distintos poderes estatales y sus inconductas, a través de las prolíferas redes sociales.
Los nuevos medios de comunicación a través internet tienen su propia energía y virtualidad. Casi siempre de manera imprevista que es donde está su magia para influir. ¡Huy!, que miedo a las páginas web, a los blogs, a las plataformas para compartir vídeos, a las aplicaciones digitales y a esas fatídicas redes sociales alojadas en cualquier sitio a la mano de la libertad de quien sea.
Los políticos, los gobiernos democráticos, suelen resentirse ante este novedoso ejercicio de la libertad. Asustados prefieren considerar al sector como si se tratara de chivos sin ley a los que hay que acorralar en sus propios chiqueros.
¿Se le estará haciendo insoportable al Poder, la libertad de las redes sociales que galopan al amparo de la cibernética y de las nuevas tecnologías, y que no dependen del presupuesto público disponible para cualquier ministro presidencial?
Dios no lo quiera. No hay que temer con temeridad a la posverdad. Esta siempre arrastra destellos verificables. De otro modo, sería ver el remedio antes que la sospechada enfermedad incontrastable.
