Sin que necesariamente sea por la Navidad, época que la tradición reconoce propicia para multiplicar las buenas acciones, si podría ese ambiente ayudar a autoridades del gobierno a reconciliar la responsabilidad que tienen frente a más de ocho mil jóvenes nacidos en el país antes del 2010, hijos/as de descendientes haitianos, los que hace diez años están inmersos en un limbo jurídico que le impide ejercer la plenitud de sus derechos sociales cotidianos.
El problema se los creo el Estado con la ilegítima, inhumana, injusta, perversa y prejuiciada retroactiva -al 1929 -, sentencia 163-13, del Tribunal Constitucional que despojó de la nacionalidad dominicana a más de 200 mil descendientes – hasta de tercera generación – nacidos en el país, a muchos/ as de los cuales se pretendió subsanar la situación legal a través de la ley 164-14, que nueve años, al ser evaluada arroja déficit en sus propósitos compensatorios a los afectados.
La tal ley 164-14, lograda por la presión de grupos y sectores internos horrorizados por la desproporcionada sentencia 163-13, la que también provocó un inusitado escándalo internacional que amenazaba al país con sanciones de organismos foráneos, cobijó en un primer momento a unas 60 mil personas que para entonces poseían documentos que certificaban sus derechos como dominicanos/as, de las que, de acuerdo a cifras conocidas hace tiempo, a unas 28 mil se le restituyó la nacionalidad que el Tribunal Constitucional les arrancó.
También ampara esa ley a pocos más de ocho mil afectados que inscribieron en un “plan de regularización” y fueron clasificados como “grupo B”, por no haber contado con documentos al momento de la sentencia, y se les prometió un proceso especial de naturalización por haber nacidos en República Dominicana, pero como el Estado les ha fallado con los documentos prometidos, están en la mirilla de policías, militares y agentes de Migración que los apresan donde los encuentran.
Por la actitud, la conducta del Poder dominicano ( que ha permeado a muchos/ as dominicanos) frente a los haitianos nacidos, y residentes en el país, es que se mantiene nueve años después una situación gravosa para esos jóvenes, muchos ya con descendencia que hereda realidad que podría anularlos a ellos también, y sólo por los prejuicios raciales, la irresponsabilidad institucional y la falta de voluntad para solucionar ese problema.
En los archivos de periódicos y en “ la nube” de Google está una declaración condenatoria muy contundente del entonces opositor y hoy presidente Luis Abinader, quién en diciembre de 2013, en un acto de apoyo a las personas afectadas por la sentencia 168-13 en la UASD, denominado “Abrazo solidario”, califico que la sentencia era “injusta” y “poco civilizada”.
Hoy, a mediados de diciembre, pero diez años después, tiempo que proyectistas y organismos se ponen como metas para desarrollar algunos programas, me permito recordarle al presidente Luis Abinader, además de sus calificaciones de entonces a esa sentencia; que es responsable de la falta de acción de su gobierno -que ya tiene tres años-, para atender las necesidades jurídicas, humanas, que tienen estos jóvenes, y que la Navidad puede ser el momento para comenzar a satisfacer la buenaventura de” sed de justicia” , para que esos jóvenes sean reconocidos como ciudadano de plenos derechos.
