La noticia del asesinato del ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, no solo recorrió los noticieros a nivel mundial, sino que envió un mensaje a las autoridades y gobiernos sobre la seguridad de sus ministros, por la forma en que este hecho se produjo.
Pero, además, una alerta a los políticos que negocian ministerios, embajadas, consulados y cargos de importancia en la administración pública, a cambio de recibir aportes económicos que ayuden a financiar sus campañas electorales.
Jorge Mera, alto dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), cayó fulminado por un tentáculo de la mafia que vive al acecho de la oportunidad para aniquilar la política de saneamiento de la administración pública, puesta en marcha por el presidente Luis Abinader desde el pasado 16 de agosto de 2020.
El ejecutor del crimen, Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, actuó como todo un miembro de los grupos de mafiosos que se dedican a corromper altos y medianos funcionarios del gobierno, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para lograr sus propósitos delictivos.
Vestido de oveja amistosa siendo todo un feroz lobo sanguinario, venía luchando por largo tiempo tratando de doblegar la rectitud y verticalidad de su gran amigo Jorge Mera, quien se había convertido en un abanderado de la lucha por la defensa de los intereses del país en lo que respecta al medio ambiente y los recursos naturales.
La lucha contra la corrupción administrativa es solo un flagelo de muchos que el gobierno deberá seguir enfrentando, hasta lograr el saneamiento del Estado dominicano, como ha prometido el presidente Abinader.
En esa batalla, como en cualquier conflicto bélico, caen soldados, oficiales superiores y generales comandantes de batallones.
Orlando Jorge Mera venía cumpliendo su misión como todo un comandante de tropas. Recto, leal y cumplidor de las órdenes emanadas por su superior inmediato, el presidente de la República.
Su ejecución lo ha catapultado en un mártir, al morir en el cumplimiento del deber, defendiendo una causa justa que más que beneficiarlo a él como político, a su partido o a su superior inmediato, el presidente de la República, beneficiaba al país, y por ende, a todos los dominicanos.
Juró ante el presidente Abinader hacer cumplir la ley, “caiga quien caiga”, y qué paradoja, cayó él, en vez de uno de los depredadores de los recursos naturales del país, o uno de los traficantes de influencias que asedian otros organismos ministeriales del gobierno.
¿Y por qué no cesan en sus intentos? Porque se sienten con derecho.
La mayoría de los políticos dominicanos, al igual que sus semejantes de otros países, saben que el costo de una campaña electoral es muy alto. Nunca la financian con recursos propios, sino con aportes de terceros, sin importar su procedencia.
Con esto, abren las puertas para que narcotraficantes y operadores de negocios ilícitos realicen el procedimiento de lavado de activos, sin consecuencias judiciales.
Sin ignorar leyes y reglamentos que regulan estas violaciones, contactan a personas poseedoras de grandes recursos económicos, a banqueros e inversionistas, a dueños de empresas constructoras, de industrias, comerciantes e importadores, buscando fondos para sus actividades proselitistas.
En el fragor de la campaña presidencial o congresual, prometen en público a la población resolver los problemas nacionales, mientras realizan a puertas cerradas negociaciones con financistas, a quienes ofertan un cargo de importancia en su gobierno que facilite a estos recuperar los millones de pesos aportados a su campaña.
Al conquistar el poder, ya no hay espacio para los militantes del partido ni para profesionales independientes merecedores de un cargo público porque ya estos están comprometidos.
Los financistas de campaña saben que son inversiones de alto riesgo, que, de lograr su objetivo, compran con antelación cuotas de poder gubernamental que facilitan el retorno de los fondos aportados con altísimos beneficios, acentuando con ello la corrupción administrativa que tanto perjudica al país y a toda la ciudadanía.
Ni tontos ni perezosos, y a sabiendas de las facilidades y protección que generan estas inversiones, es que traficantes de drogas, de armas, contrabandistas de mercancías, especialistas en evasión de impuestos, mafiosos y corruptos aprovechan para lavar sus fortunas mal habidas, y asegurar su impunidad con protección gubernamental.
Eso sí, estos donantes de recursos ilícitos tienen por norma reclamar la devolución de sus aportes a como dé lugar, ejerciendo todo tipo de presiones que van desde visitas de cortesía, amenazas sutiles, agresividad verbal, secuestros de familiares, y finalmente ordenes de asesinato a través de sicarios, por incumplimiento de lo prometido.
Miguel Cruz tenía cierta influencia dentro del PRM, por sus vínculos activos con esa organización, por su estrecha amistad con Jorge Mera, y probablemente por sus aportes económicos, que en un momento determinado pudo haber realizado en la campaña electoral de 2020.
Por esas tres razones, según lo que se ha publicado, reclamaba constantemente ante el Ministerio de Medio Ambiente posibles aprobaciones de contratos inapropiados.
El ministro Jorge Mera había comprometido su palabra de hacer respetar la ley, y nada contra ella sería aprobada bajo su administración, lo que alteró la ira de Miguel Cruz quien, sintiéndose traicionado, sesgó la vida de su gran amigo, por no ceder a sus pretensiones corruptas.
