Los muertos aportados por civiles en las calles a manos de militares y policías llegan a varias decenas, centenares de heridos, millares de prisioneros, mientras siguen las manifestaciones callejeras. Un Congreso unicameral que se desgaja en la marrulla política, y las decisiones divididas que ordenan titiriteros anónimos.
Un recorrido por los medios de prensa peruanos, las redes sociales y los sitios de Youtube, permite concluir en que sigue en ascenso la violencia militar y policial contra la población civil que recibe ráfagas mortales en tierra desde soldados y policías fuertemente armados acompañados de vehículos blindados, y desde el aire, con helicópteros bombardeando a los civiles y han generado varias muertes por esas circunstancias.
Los manifestantes han desoído la imposición de un estado de emergencia ampliado a toque de queda dispuestos por la vicepresidenta en funciones de presidenta Dina Boluarte, cuando ella misma es incluida en las demandas para que abandone las funciones que le atribuyó el unicameral Congreso peruano. La Boluarte ha advertido a los congresistas que “todos, incluida ella misma deben ser barridos de sus puestos”.
De pronto, el propio gabinete presidencial recién designado por la Baluarte empieza de desmoronarse con las renuncias de los ministros de cultura y de educación, alegando que no están de acuerdo con la represión militar a la población civil.
Los grupos alzados en protestas callejeras exigen la renuncia de la Boluarte, que se adelanten las elecciones generales, se disuelva el Congreso y se convoque a una Constituyente que modifique la Constitución vigente desde 1993.
El destituido presidente Pedro Castillo fue trasladado de la cárcel policial en la que agotó siete días en solitaria a un presidio común en la misma ciudad de Lima, a la espera que le confirmen prisión definitiva, en un acelerado proceso impulsado por fiscales y jueces ad hoc.
El Congreso peruano, declarado en sesión permanente anda discutiendo el trámite a establecer para montar elecciones generales adelantadas para lo que ha escuchado argumentos del aparato burocrático que estaría a cargo de organizar esos comicios, y que dicen deben estar legitimados por el debido proceso que creen no lo permitiría, respetando los plazos, para antes de diciembre del 2023.
Ese Congreso conoció ya mismo, un proyecto de ley, y decidió rechazar el adelanto de elecciones para 2023, en una pírrica votación que lo dividió en tres bloques: La iniciativa, que modificaba la duración del mandato presidencial y de los parlamentarios actualmente en el cargo, y planteaba el adelanto de los comicios, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones en el pleno del Parlamento.
Estos funcionarios tienen edad suficiente para recordar lo ocurrido durante la época llamada del terrorismo de la década de los 80 en Perú, cuando se produjeron más de 25 mil muertes de todos los bandos.
Lo que está claro es que la población civil peruana no cuenta en estos momentos con mediadores legitimados por la racionalidad institucional, permitiendo que militares y policía impongan por la fuerza el estado de emergencia y el toque de queda, medidas a las que la población ha decidido no hacer caso. Los estudiantes han empezado a tomar las calles, también.
La cancillería peruana se ha quejado de la postura de los gobiernos de México, Bolivia, Colombia y Argentina que no reconocen la destitución del presidente Castillo. Esta Cancillería ha llamado a Lima a sus representantes diplomáticos en esos países.
Ya la Organización de las Naciones Unidas ha advertido sobre la eventualidad de violación a los derechos humanos en Perú. Y organizaciones en Perú están acusando a los militares y policías de torturar a detenidos y desaparecerlos sin que se sepa dónde los tienen presos.
Eso, mientras la embajadora de Estados Unidos en Lima se ha reunido junto al ministro de Defensa peruano con la presidenta Boluarte en pleno Palacio de Gobierno, anunciado por la presidencia sin que se sepa lo tratado. México ha dicho que tal reunión de la representante del Departamento de Estado Norteamericano con la presidenta de Perú es inusual y anti diplomática.
