SANTO DOMINGO. A raíz de la nueva embestida contra los delitos de corrupción administrativa emprendida por la Procuraduría General de la República (PGR), esta vez en el área militar, ha revivido la situación vivida en 1987, con el apresamiento, juicio y condena del ex ministro de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo Gómez.
Este caso se produjo durante la gestión del presidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), constituyendo el precedente más resaltante en la historia militar y policial por las acusaciones de corrupción públicas y judicializadas, con entramados presentados como que ahora nos ocupa.
La acusación, de manera básica, se basó en el alegado aumento de precios en la compra del avituallamiento (vestimentas y calzados), así como a algunas unidades de frutas y otros vegetales adquiridos por los institutos castrenses.
Al igual que el presidente Jorge Blanco, Cuervo Gómez fue juzgado y condenado por el juez Juan María Severino, bautizado por el pueblo como “El Verdugo de los 20 años”, a esa misma cantidad de años de prisión.
Este jefe militar fue involucrado en las acusaciones de prevaricación, corrupción y malversación de fondos por el nuevo gobierno de Joaquín Balaguer, instalado el 16 de agosto de 1986, al que se le instrumentó un expediente junto al presidente saliente Jorge Blanco.
Para un segmento de la población, el juicio al expresidente y a su ex ministro de las Fuerzas Armadas, resulto ser un espectáculo político, señalando incluso violaciones a varias normas procesales en contra de los acusados.
Luego de ser condenados, éstos apelaron la decisión de ese tribunal, quedando dormido el expediente hasta el año 2000, momento en que fue retirada la querella privada o civil que mantenía el Estado sobre este caso, siendo descargados ambos acusados por la corte penal de Santo Domingo.
El caso actual
El escándalo generado por el expediente estructurado por la Procuraduría General Adjunta para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha sido de tal magnitud, que se considera desde ya el mayor en cuanto a la cantidad de dinero y el número de involucrados.
La Operación Coral, que motivó el arresto del mayor general Adán Cáceres, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina y la pastora Rosy Guzmán por presuntos actos de corrupción, sigue ocupando la atención de todos los sectores de la vida nacional.
El Ministerio Público, bajo el liderato de los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, dieron seguimiento al menos a seis personas a las que finalmente acusaron de constituirse en una asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, entre otros delitos.
Según la acusación, contenidas en el voluminoso expediente de casi 200 páginas, desde el despacho del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Cáceres Silvestre habría constituido “un entramado policíaco-militar, societario y religioso para defraudar el Estado Dominicano”.
Plantea que todos los integrantes de la organización, estaban vinculados a diferentes cuerpos castrenses y la Policía Nacional, bajo la orientación y liderazgo oficial general del Ejército de la República.
La acusación señala que Rafael Núñez de Aza, un coronel de la Policía y ex director financiero del Cusep y del Cestur (seguridad turística) durante los ocho años del gobierno de Medina.
Además del mayor general Adán Cáceres Silvestre, en el expediente figuran como acusados varios militares activos, como el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), la pastora Rossy Guzmán Sánchez (de la se afirma es asimilada de la PN).
También su hijo, cabo de la institución del orden, Tanner Flete Guzmán, el teniente coronel Rafael Núñez De Aza, y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez. La investigación además implica al y el cabo PN Erick Pereyra Núñez, se les acusa de usar fondos públicos, constituir empresas para ocultar bienes e incrementar su patrimonio de forma injustificada.
