¿Por qué el sector privado presiona para que abran la enseñanza presencial en las escuelas?
Veamos algunos elementos del asunto: se aproxima la fecha de las reinscripciones en los colegios; abundan los atrasos en los pagos de mensualidades; cada vez, más padres deciden que sus hijos abandonen las clases, ya que no pueden prestarles la atención debida; el Estado, pese a que los colegios son pequeñas empresas privadas, no ha acudido en su auxilio económico, dejándolos a su suerte, pese a que son aliados tácticos en la misión obligada del gobierno a cargar con la educación de niños y jóvenes, y de la población en general.
Una de las grandes enseñanzas que va dejando en el país el paso de la pandemia del COVID-19 parece relacionarse con la educación. Más propiamente, la educación y la mezcla empresarial y pecuniaria en el asunto. Quedaría demostrado una vez más, que la educación debe de ser asunto reservado a la responsabilidad del Estado, tal como consigna la Constitución de la República.
¿Por qué resulta preciso este enfoque?
Desde el inicio del fenómeno de insalubridad que azota al mundo y que su cola nos fustiga, se planteó en primer plano el problema educativo. ¿Cómo dar continuidad a lo imprescindible de la obligatoriedad de educar a los pequeños en medio del desastre global?
De inmediato quedó evidenciado que en lo educativo hay dos pasteles. El de la educación pública y el de la educación “privada”, reconocida ésta como actividad comercial que debe de ser rentable a sus promotores a como dé lugar. Ésto, aparte de que los padres de los sectores de clase alta, media, y hasta la baja, “ni por el diablo” desean que sus hijos acudan a escuelas públicas. No hay confianza en el sistema, más por razones clasistas que por cualquier otra razón.
En cuanto a la educación pública, ya hemos visto. Quedando en manos de funcionarios llegados allí por razones de la disparatada política partidista, inexpertos en los asuntos de Estado, esta parte del pastel hizo aguas.
La brecha digital se impuso
Una encuesta de la empresa Gallup dejó establecido que el 70 por ciento de los hogares dominicanos que tienen niños en edad escolar carecen de computadoras y de Internet. Esta brecha digital es mayor en las regiones Sur y Este. Gallup advertía que ante la propagación del coronavirus el Gobierno dispuso que los colegios privados y las escuelas públicas impartieran docencia a través de dispositivos tecnológicos u otras plataformas de comunicación.
Todavía en enero 2021, numerosos profesores de la escuela pública estaban abandonando la docencia por carecer de la garantía de la conectividad, un alto porcentaje de los planteles y hogares de los maestros.
El Ministerio de Educación diseñó un plan educativo que se difunde, principalmente, a través de canales de televisión y radio, y de la precariedad nuestra de la Internet. Como complemento se entregan cuadernillos para que los adultos acompañen a sus hijos en el proceso de aprendizaje.
El gobierno dijo, y se cree eso está en proceso, que invertiría más de 27 mil millones de pesos para comprar un millón de computadoras portátiles para regalarlas a maestros y alumnos. Todo fue ratificado por el presidente Luis Abinader, quien anunció que eso sería aplicado para garantizar el año escolar 2020-21, que está, hoy, en punto avanzado.
En el negocio se involucró a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura (OEI), a la que se venía arrastrando desde el 2017.
También, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Y hasta el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) ha cobrado millares de dólares por dar asesoría al gobierno y su ministerio en el asunto. Ha resultado que la ayuda de PNUD para equipos de educación virtual cuesta más que aparatos adjudicados. Dos proyectos comprometen al Gobierno a pagarles más de RD$13,000 millones. Solo para 940,000 equipos, el Minerd adjudicó RD$12,891 millones al cierre de 2020.
La misma UNICEF a través de su representante en el país ha estado presionando para que se creinicien las clases presenciales, sin explicar sus razones.
Al tener que someter la metodología educativa a lo virtual, algo desconocido, hasta entonces, la educación pública quedó en el desamparo. No había, ni hay todavía, los instrumentos para ponerla en marcha y sostenerla. No hay maestros entrenados. No hay ni había equipos tecnológicos suficientes para ponerlos en manos de maestros y estudiantes. Y tampoco administradores de la tecnología fueron suficientes.
No había, ni hay conectividad adecuada, a pesar de que en el país operan las principales empresas telefónicas del mundo asociadas comercialmente con el Estado, con todas las ventajas a su favor: protección y seguridad, en connivencia y compromisos con los gobiernos de turno, a los que sirven desde darle instrumentos para el espionaje, y hasta de agentes de retención de impuestos. Rentabilidad comprobada sin discriminación. Y cero compromisos comunitarios.
Las escuelas siguen cerradas por decisión superior. El presidente Abinader, entre las muchas cosas que ha dicho, ya afirmó que el avance del coronavirus no es peor porque las escuelas están cerradas. Aunque la Organización Mundial de la Salud anda diciendo que cerrar las escuelas es un último recurso. En fin, que todo el mundo ha hablado del asunto, mientras el coronavirus sigue arrasando.
Por presión o por lo que sea, y a pesar del incremento de contagios y muertes por Covid-19, el ministerio de Educación (Minerd) en conjunto con el ministerio de Salud Pública (MSP) acaban de anunciar, en medio de un mar de presiones e incertidumbres que están elaborando un plan estratégico para retomar las clases de manera presencial o semi presencialidad.
Negocio de la “educación privada”
Algo grave, conocido, pero que ahora trasciende con mayor claridad es lo de la enseñanza en manos de empresarios particulares. En este orden hay que citar a los empresarios dueños de grandes centros y a los dueños de tarantines dedicados a la “educación”.
En medio de todos, los centros de educación en manos de religiosos obtusos y dogmáticos, quienes no tienen otro criterio para funcionar que la preservación de sus ideologías y la rentabilidad de sus centros. Y dígase que los centros educacionales en manos de religiosos disfrutan de todas las garantías. Desde las facilidades que se les otorga en las plantas físicas que ocupan, desde el pago de maestros y personal, hasta las numerosas becas que el Estado facilita a sus estudiantes que gozan de tal privilegio. Todo en el contexto de un pacto o “Concordato” entre Iglesia Católica y el Estado, en los que la feligresía y población civil no ha sido consultada para nada.
Yendo por partes
La educación pública ha mantenido con ligeras variantes, todas sus escuelas públicas cerradas a cal y canto por fuerza de la insalubridad contagiosa reinante. Tres millones de niños, jóvenes, maestros y personal administrativo quedaron huérfanos de garantías oficiales. Todos sueltos con la mala suerte de que la perorata de políticos metidos a administradores y funcionarios educativos, no ha dejado ver con claridad las dimensiones de lo que podría ser un gran fracaso.
Alguna vez, los políticos con los asuntos de la responsabilidad educativa en sus manos, operaban distanciados de los grupos sindicales vigilantes de siempre por el cuido de sus intereses. En la actualidad, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, es un antiguo directivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a la sombra de Milagros Ortiz Bosch, elementos que usó como trampolín para dar apoyo proselitista a Luis Abinader, antes en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y luego, en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los hoy sindicalistas de oficio de la ADP están asociados a los regentes oficiales. La ADP con reclamos muy apagados y coincidentes con los del oficialismo, será corresponsable de las derivaciones del presente caso que apreciemos en un futuro cercano.
La ADP, por voz de su actual presidenta Xiomara Guante, colega del ministro Fulcar, ha hablado un lenguaje ambiguo. Dice que el país no está preparado para la docencia virtual, pero simultáneamente recomienda la docencia semi virtual.
Empresarios presionan
La Unión Dominicana de Instituciones Privadas (UDIEP), por voz de su representante Mercedes Coronado, advirtió desde agosto del 2020, que la expansión del coronavirus evitaría la docencia presencial. Y el coronavirus ha seguido expandiéndose en el país desde entonces.
Siempre se vio como un compromiso que involucra a las familias la cuestión de la escolaridad tele presencial. La rectora del Instituto de Estudios Educativos Pedro Poveda, Dignora García Romero, desde siempre testimonió al respecto.
El sector privado, los colegios y las escuelitas, en cuanto a infraestructuras para su funcionamiento no guardan mucha diferencia con las escuelas públicas. Tienen las mismas carencias en que los encontró la pandemia.
Hay, en los actuales momentos una presión de denuncias sistemáticas bien coordinadas para que, a la brevedad, sean reiniciadas las clases de manera presencial en las escuelas y colegios. De manera resaltante, el clamor de las presiones proviene del sector privado.
Salir a las calles es una buena forma de testificar cómo los padres están renuentes a que mientras haya pandemia se obligue a sus hijos a las clases presenciales.
Susana Michel, vocero del Ministerio de Educación para los colegios privados, informó que su departamento ha rechazado no menos de 68 presiones de centros educativos que exigen se abran las escuelas a la enseñanza presencial. Principalmente, dice, de parte de centros dedicados a la educación de la primera infancia, desde párvulos hasta sexto de básica.
Susana Martínez Nadal, vocera de la denominada Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) apéndice del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), con representantes en la figura de ministros alojados en el mismo Palacio Nacional, exige que de manera inmediata se reabran los centros educativos privados.
A ésta le ha seguido con un reclamo renovado, pero permanente, la Acción Empresarial para la Educación (EDUCA), entidad que parece liderar esta actitud sectorial del negocio de la educación privada. Educa exige que las clases presenciales inicien, ya, en marzo. Y se dirige directamente al ministro Fulcar. Dice EDUCA que tiene estudios que aseguran que las escuelas son sitios seguros frente a los contagios universales.
Hay un denominado Colectivo de Padres por la Educación Presencia de la República Dominicana (Ppeprd) que ha llegado al punto de amenazar al Ministerio de Educación con someterlo ante el Tribunal Superior Administrativo para conseguir que falle el reinicio inmediato de la docencia presencial en las escuelas. Ya empleó abogados para tal causa.
Lo que esconde la presión
Podría esconder esta presión que se ejerce sobre el gobierno, la grave situación económica que estarían enfrentando los colegios privados. Frente a sus compromisos de nóminas, limpieza, mantenimiento, electricidad, entre otras cargas fijas mensuales.
Y parece, según referencias obtenidas, que hace rato los pagos comprometidos por los padres de los alumnos empezaron a fallar. Muchos padres, incluso, ante las dificultades encontradas al paso de la pandemia del coronavirus, decidieron retirar a sus hijos de los planteles.
Estos centros quisieron continuar con las viejas prácticas administrativas en que los padres de los alumnos son responsables del sostenimiento financiero de los planteles con el pago religioso de las cuotas de inscripción y mensualidades, penalizadas si hay retrasos con multas por moras y tardanzas.
La realidad es que los colegios privados, en cuanto a que son empresas muy frágiles, no han recibido atención del gobierno, como la han recibido otros tipos de negocios y empresas privadas. El gobierno y su ministerio de educación, no han dado señales de preocupación por tal situación, viéndose los dueños de los planteles obligados a recortar nóminas y despedir a maestros y otro personal. Algunos centros debieron cerrar puertas, hasta ver qué sucede.
Lo más reciente de Fulcar
El ministro Fulcar, todavía en enero del 2021 estaba hablando de que el plan oficial de Aprender en Casa Preservando la Salud estaba reiniciando el curso de escolaridad presente. Y que todo seguía yendo muy bien. Un éxito.
Fulcar, en un primer balance que dijo había pasado a la primera semana de clases virtuales, en noviembre del 2020, y aseguró que todo marchaba de manera excelente. Ese criterio no lo ha variado al cabo de tres meses. El funcionario se ha reunido con el Consejo Nacional de Educación, sólo para intercambiar, sin decisiones mayores.
Fulcar y su tutora en asuntos de ética, Milagros Ortiz, han defendido con uña y dientes la pureza de las compras de equipos tecnológicos, tras denuncias de que en las mismas han aflorado irregularidades de corrupción.
