NUEVA YORK._ Numerosos ex candidatos en las elecciones del exterior 2020, dirigentes políticos, activistas comunitarios y representativos sectoriales de la diáspora, pidieron la intervención de la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) para que realice una auditoría a los gastos en las elecciones de ultramar celebradas el 5 de julio del año pasado, tras vencerse el sábado el segundo plazo de sanciones a funcionarios de las OCLEEs y OPREEs, suspendidos por la Junta Central Electoral (JCE) por manejo dudoso de los fondos que administraron.
La JCE, suspendió con disfrute de sueldos al director del Voto Dominicano en el Exterior, ingeniero Gilberto Cruz Herasme y Rafael Nicolás González Graciano, como Supervisor para las OPREEs de Nueva York y New Jersey, Gianilda Licelot Díaz Fernández y Ana María Matos Espinosa, asistente administrativa y supervisora, respectivamente de la OPREE de Nueva York, Sublime Larancuent Guzmán encargada interina de la OPREE de Washington. Aunque nunca sancionó a nadie de Pensilvania, Massachusetts y New Jersey, donde se considera es el epicentro de la corrupción electoral de la JCE en USA.
Las suspensiones fueron por 60 días dos meses pero la JCE decidió extenderlas con el mismo plazo, todas, con disfrute de sueldos lo que provocó mucho disgustos en la diáspora.
La extensión de las sanciones venció este sábado 17 de abril 2021 y la JCE no dio información sobre si ha recomendado que ante las evidencias abrumadoras, los suspendidos sean sometidos a la justicia o autorizar la auditoría de la Cámara de Cuentas.
Previo a estas peticiones, se pronunciaron a favor de la auditoría de la CCRD, el ex candidato del PRSC a diputado empresario Cirilo Moronta, diciendo que la auditoría debe hacerse para transparentar los gastos del estado en el proceso electoral.
“Quizás gastaron algo, esa junta ya no existe y fueron los charlatanes que la dirigieron, los responsables de manejar el dinero, pero si va a permanecer como entidad semi autónoma del estado tiene que responder”, agregó.
Élida Almonte ex candidata a diputada de ultramar por País Posible, señaló que el voto en el exterior debe auditarse, y que Cruz Herasme, debe explicarle a la CCRD en qué gastó todo ese dinero.
Almonte dijo que la JCE no gastó ni la tercera parte de lo que alega la junta.
“Queremos que el nuevo presidente tome cartas en el asunto y se investigue qué ocurrió con el presupuesto”, agregó.
El coordinador en Estados Unidos de Alianza País, Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés Pérez), dijo que por el corto tiempo en el que se montaron las elecciones, obviamente no hubo el gasto tan alto que alega la JCE.
Calificó de un desastre las elecciones y añadió que la magnitud del gasto, llama a la preocupación. “Esta es una razón más que suficiente para auditar a la junta y ver si hay justificación para todo el dinero que se gastó en un proceso electoral con una votación menor de un 22%”.
El coordinador general de Fuerza del Pueblo en Nueva York, Gregorio Morrobel, dijo que el pedido de la auditoría es muy correcto, recordando que ese partido fue el primero en denunciar las fallas a todos los niveles en el montaje.
“Estoy totalmente de acuerdo con ese movimiento. La JCE utilizó un presupuesto que no sabemos cual cantidad fue gastada, pero fue excesiva y no ejecutaron con ese dinero el trabajo que tenían que hacer”, añadió Morrobel.
El activista y ex candidato a asambleísta por el distrito 71 en Manhattan, Guillermo Pérez (Alí), se mostró también de acuerdo con la auditoría, diciendo que la JCE tiene que dar una explicación sobre los gastos.
Pérez, relató que se registró para trabajar en las mesas por lo que habrían de pagarle $350 dólares por el día de las elecciones, pero después de hacer el entrenamiento, nadie lo llamó.
Rubén Darío Vargas, uno de los más reconocidos activistas políticos y comunitarios, se unió a la exigencia de la auditoría a la JCE, diciendo que mantiene su posición de que las elecciones en el exterior, deben anularse porque dividen a la comunidad y han demostrado son utilizadas para desfalcar el erario a la vez que apoyan inconstitucionalmente al desorden y caos electoral.
