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domingo, abril 28, 2024

Poder institucional: una mirada a Transparencia Internacional y al Foro Económico Mundial

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“Cuando el jefe puede lo que quiere, se corre el gran riesgo de que quiera lo que no debe querer”. (Baldassare Castiglione).

Alguien dijo una vez “Todas las enfermedades de la democracia pueden ser curadas con más democracia”. Hoy, más democracia significa clarificar el poder institucional. El poder institucional es aquel que está contenido en el accionar de las personas, empero, las trasciende. Aquel que se cristaliza en el ordenamiento jurídico y en el grado de su aplicación. Es aquel que se sujeta en lo impersonal y se reviste de su predictibilidad en las decisiones que conjugan sus líneas medulares.

Todo poder es la fragua de un contrato en un contexto determinado, singularizado en la elite dominante del momento. Ahora bien, el poder institucionalizado deriva de la legitimidad de ese poder, tanto en su origen como en el consenso de sus acciones y decisiones. Dicho de otra manera, el poder institucionalizado es el puente del involucramiento de muchos actores con intereses diferentes.

En el poder institucionalizado, la famosa frase de Lord Acton “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, no se anida en el tejido institucional, dado que este está por encima de la gente en sí misma. El poder institucionalizado basamenta y sinergiza todos los poderes al mismo tiempo: nadie puede estar por encima de las leyes y de la Constitución. El poder institucional eclipsa y disminuye el carácter de un ser humano para no permitirle que se abrace y cubra todo el tejido social, en la manifestación del poder individual.

Cuando no hay un poder institucional fuerte los síndromes del poder se adueñan del conjunto de la sociedad y esta se vuelve impredecible y añosa, pues depende, en gran medida, de los vaivenes y veleidades del poder individual con todas las derivaciones negativas que se constituyen como tal. Entonces, el poder individual, que es al final de cuentas, expresión de las debilidades de cada uno de nosotros, debilita la justicia, que es el control, para evitar no solo la banalización del poder sino los exabruptos del poder con todas las consecuencias.

Sobre un poder institucionalizado débil toda persona mediocre y vil se erige en el “Dios” del saber y la mentira. Se ve a sí mismo en la personalización del mismo. Él es el poder, el poder es él. Lo que le permite interpretar la ley y como ha de ejecutarse cuando la ley está ahí y explicita taxativamente, diáfanamente, su alcance y ejecución. El poder institucionalizado no confiere posposición ni atajos ni franjas para que, a través de las leyes, decretos, sentencias, resoluciones, se asuman como tal.

El poder institucionalizado es el canto en voz barítono de la asunción real y verdadera del campo de las leyes, que viene a cobijar al tejido institucional y con ello, la institucionalidad. En la sociedad dominicana existen decenas de leyes que todos los años hay que adherir un anexo para su no cumplimiento, las derogan cada año cuando se envía al Congreso el Presupuesto General anual. Un poder institucionalizado habría pedido la derogación de esas leyes, pues resta autoridad al poder constituido al no poder aplicarlas.

El poder institucionalizado anula, en gran medida, la investidura del poder y coloca a la persona revestida del mismo en el horizonte del mañana, sabedor de que otros poderes sirven de peso y contrapeso. Las instituciones no existen a merced del incumbente de turno para que familiares, amigos, hermanos y vecinos puedan hacer lo que no es dable a los demás. En un poder institucionalizado las personas están subordinadas a todo el quehacer legal. Por ello es que el nepotismo, el neopatrimonialismo, la captura del estado, quedan disminuidos considerablemente.

El poder institucionalizado se aglutina, de manera nodal, en el Poder Ejecutivo, en el Congreso y en la Justicia. Cuando el Poder Ejecutivo no juega su rol de transparencia y de gobierno abierto, el peso de la corrupción se agiganta, pues su peso, en nuestra sociedad, es avasallante, haciendo que la justicia toda, quede entrampada en la dinámica del rol del Ejecutivo.

¿Por qué la corrupción y la impunidad fue tan bestial a partir del año 2005-2020? Porque el peso del Ejecutivo, como parte del poder institucionalizado, fue soporte de toda esa trama de vileza y fetidez. Todo ese interregno constituyó el fango cloacal del vaho nauseabundo de la putrefacción institucionalizada. Vale decir, existe la corrupción institucionalizada, que es aquella que fluye, se canaliza a través de la “sublimación”, desde la más alta instancia del poder, del poder más jerarquizado de una sociedad, ora por corrupción pasiva o activa. Es lo que llamamos hoy, el peso del poder, sin embargo, no así, el poder institucionalizado.

Porque, como nos decía Victoria Camps “Una sociedad sin virtudes no es un “demos”, la democracia necesita buenas costumbres para que las instituciones funcionen como deben, pues, a fin de cuentas, estas dependen del buen o mal hacer de las personas que las gestionan”. Todavía nuestra sociedad no ha dado el salto en el puente en el que los seres humanos construimos las instituciones y luego, ellas nos hacen a nosotros. Durante mucho tiempo diseñamos las normas, las leyes, empero, hubo una fuerte inobservancia de las mismas, generando una anomia institucional y con ello, el fuerte crecimiento de la corrupción y de la impunidad.

La gobernanza ética como escenario y expresión de una política de integridad, de ética pública, estaba ausente y con ello, la falta de confianza en las instituciones. Como decía Ortega y Gasset “El mundo debe ser un anexo de la ejemplaridad”. Cuando vemos el Índice de Transparencia Internacional divulgado el 30 de enero de 2024, vemos que la sociedad dominicana, desde el 2001 que esa organización internacional nos viene evaluando, nunca había mejorado 3 puntos de un año a otro (32 al 35). 7 puntos positivos en los últimos 3 años y en el ranking llegamos a 108/180 países.

Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de la República Dominicana

Año Puntuación Cantidad de países evaluados Posición del país
2001 3.1/10 91 63
2002 3.5/10 102 59
2003 3.3/10 133 70
2004 2.9/10 91 87
2005 3.0/10 157 84
2006 2.8/10 163 99
2007 3.0/10 180 99
2008 3.0/10 180 102
2009 3.0/10 180 99
2010 3.0/10 178 101
2011 2.8/10 183 129
2012* 32/100 176 118
2013 29/100 176 123
2014 32/100 174 126
2015 33/100 168 103
2016 31/100 174 120
2017 29/100 180 135
2018 30/100 180 129
2019 28/100 180 137
2020 28/100 180 136
2021 30/100 180 128
2022 32/100 180 126
2023 35/100 180 108

Cuadro elaborado por Cándido Mercedes a partir de los datos de Transparencia Internacional

¿Qué pasó que evaluando a los mismos 180 países desde el 2017, pero, sobre todo, en el tránsito del 2021, mejoramos en la posición como nación sistemáticamente y que otros países se han ido degradando o estancado en mejoría de la percepción de la corrupción pública en el mundo? Más de 18 posiciones en un año es importante, esperanzador. Nos alienta a seguir luchando por un Estado más transparente, más institucionalizado, para disminuir esa corrupción estructurada, cultural, que nos hace enanos sin serlo.

El Foro Económico Mundial desde el 2019 no evaluaba el acápite de corrupción y entre 84 indicadores ponderados, señaló que pasamos de 33.22 a 41.2, un mejoramiento de un 24%. Cuando vemos el Índice de Competitividad del mismo Foro Económico Global, observamos que estábamos en el 104/142 para situarnos en la posición 82, esto es, una ruta positiva de 22 puntos.

La organización de la sociedad civil Capacidad de Combate a la Corrupción (CCC), viene evaluando a 15 países de la región. En el 2020, de 15 países quedamos en la posición 13 (mientras más alto más alta es la corrupción en el Índice). Para el 2021 llegamos a la posición 10. En el 2022 el ranking se situó en el número 5 y, ahora en el 2023, nos quedamos en la posición 5, pero mejoramos un 4% en la puntuación y 11 % en el rango de la justicia. ¿Qué lecturas nos dan estos informes, sobre todo, cuando los correlacionamos para ponderar hipótesis y teorías?

Que el peso del poder político, la voluntad política del ejecutivo del Palacio Presidencial, las señales y acciones, han mejorado al país en materia de corrupción. La lucha debe ser por un poder institucionalizado que trascienda al incumbente de turno. Todos los organismos internacionales vienen reconociendo esta nueva práctica política-social-cultural; incluso, varios países, incluyendo a los Estados Unidos, han reconocido esta nueva política por varias vías y direcciones.

Requerimos de un Estado más fuerte y ello solamente es dable construyendo cada día un poder más institucionalizado, que rupture la corrupción, la impunidad, el crimen organizado. Mientras más débil es un Estado más abierta es la llave para aquellos que se aprovechan para ensanchar su acumulación originaria, su captura y su cleptocracia, erosionando con el tiempo la conflictividad, la crisis de gobernabilidad y la cohesión social, propiciando un clima de polarización social.

 

 

 

 

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