SANTO DOMINGO. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió a los senadores electos seguir e imitar el ejemplo de Eduardo Estrella y Antonio Taveras, representantes de las provincias de Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, en el entendido de su manifiesta renuncia a los irritantes privilegios (barrilito y exoneraciones).
Asimismo, la entidad cívica extendió su pedido a los diputados electos con el denominado cofrecito, otro privilegio parecido al barrilito de los senadores, violatorios por demás ambos a la constitución dominicana y a la ley de presupuesto.
Trajano Potentini, presidente de la fundación, explicó que la Constitución de la República es clara respecto a que es nula toda erogación de fondos públicos realizada sin una ley que la regule, como dispone el artículo 236 del más reciente texto constitucional dominicano.
Y, además, es necesario que se identifiquen las fuentes que engendran obligaciones pecuniarias a cargo del Estado.
Potentini refirió que, según el principio de universalidad creado por el artículo 11 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público, No. 423-06, el sistema presupuestario abarca a todas las instituciones del sector público y exige que todos los recursos y gastos deban ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible, y que deberán ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto.
Sin embargo, agregó, que tanto el barrilito, como el cofrecito, no fueron creados por ley sino por una resolución, lo que equivale a disponer de fondos públicos en franca y abierta violación de la regla constitucional.
Entiende que estos privilegios orientados bajo la modalidad de programas sociales, son inconstitucionales e ilegales, por tanto, deben ser eliminados, además de constituirse en tiempos de elecciones en una muestra de deslealtad y trato discriminatorio entre los contendientes a cargos electivos, y por tanto una retranca para la participación política igualitaria.
No obstante, la fundación favoreció que los legisladores transparenten sus salarios, procurando un salario justo y que se avenga a sus altas responsabilidades, incluso consensuando y aprobando, por parte de los legisladores salientes, el incremento de sus emolumentos, cumpliendo así con el voto de la constitución que prohíbe el incremento salarial para beneficio propio y en un mismo período constitucional.
