El ecologista Luis Carvajal Núñez denuncia que más de 700 kilómetros cuadrados están siendo reclamados como de propiedad privada con un simple papel y extrañamente han fallado en contra del Estado Dominicano por más de 100 mil millones de pesos.
Sobre el peliagudo tema de la reclamación de tierras en la Sierra de Bahoruco y de las debilidades institucionales de nuestro país y personas que se declaran propietarios del 70% de la Sierra de Bahoruco o sea el 1.4% del territorio nacional y obligar al Estado a indemnizarlos y llamando la atención de que ya en dos sentencias les han dado ganancias de causa.
Lo más grave de todo de esta gran trama contra el Estado se ha estado manejando de forma secreta por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales y fue denunciado en una convocatoria por la “Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas” al enterarse de este gran escándalo y por el alto interés nacional que encierra, disertó el destacado ambientalista Luis Carvajal Núñez, en entrevista ofrecida a Onorio Montás para su programa “Revista Dominical Dejando Huellas”, que trasmite QuisqueyaFM.
“Se trata de que una razón comercial, DC International SRL y Dante Castillo ha puesto una demanda en justiprecio al Estado dominicano alegando la propiedad de más de dos terceras partes del parque nacional Sierra de Bahoruco. Este es el parque más grande de la República Dominicana. Tiene más de 1100 km², y una gran parte de este parque sigue siendo territorio virgen, bosque primario”, explicó.
El entrevistado se refirió también al proceso de protección que se ha llevado a cabo a lo largo del tiempo con este parque, indicando que desde el siglo pasado han ocurrido intentonas por reclamar su propiedad. En este sentido se refirió a otras disquisiciones judiciales respecto a este tema, las cuales datan de la década del cuarenta.
“Es importante recordar que, además de la decisión del primer Consejo de Estado, que fue aquel gobierno de transferencia luego de la muerte de Trujillo, emitió muchas decisiones y entre ellas estaba la proclamación del parque como reserva forestal. Después de la muerte de Trujillo, la explotación maderera de Danilo Trujillo y Luperón Flores entraron en receso luego de una decisión oral del dictador, y quedaron con los deseos algunos de sus sucesores de reivindicar espacios como de su propiedad. “Luego de eso, no había habido ningún tipo de papelitos ni reclamos, hasta ahora”, todo se esclareció.
Carvajal Núñez aludió también que estos terrenos entran en la categoría de “comuneros”, aspecto que los exime de cualquier registro de título de propiedad, incluso para el propio Estado, por lo que constituyen terrenos al servicio de la nación. Respecto a la querella por los dos tercios de territorio del parque, el entrevistado dijo que, aun cuando sería violar la ley el hecho de intentar registrar una propiedad en un área protegida, el caso actual es que los reclamantes lograron una constancia anotada, y con ese documente fueron a los tribunales.
“El mecanismo que se está utilizando no es novedoso: el mismo actor que está reclamando ahora lo reclamó en el 2009, en el antiguo Parque Nacional del Este, y logró incluso unas ganancias de causa inicialmente, pero luego la Corte Suprema anuló esto sobre la base de que los documentos presentados no cumplían con los requisitos y los títulos eran ilegítimos. Estas personas debieron haber sido investigados y sometidos por la ley”, y no se hizo aseveró.
Recordó que el mecanismo que están utilizando no es nada nuevo ni extraño es el mismo que está reclamando ahora es el mismo que estuvo reclamando en el Parque Nacional Cotubanamá y es el mismo mecanismo que Utilizaron en el Parque Jaragua y en Bocanye, Pedernales.
Con relación al caso del parque nacional Sierra de Bahoruco, Carvajal Núñez dijo que el monto de los reclamos hechos por el demandante asciende en su total a más de cien mil millones de pesos, y que, no obstante, existe una apelación en curso porque los que reclaman entienden que 40 pesos por m² es un precio bajo.
Asimismo, indicó que varias instancias del país están involucradas en el caso, tales como el Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría y la propia Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, todas con vistas a realizar investigaciones pertinentes para presentar en los juicios que se celebrarán este mes de enero.
Al respecto, el entrevistado señaló que un hecho de esta magnitud no debió estar en la sombra por tanto tiempo, y aseguró que, si la sociedad dominicana hubiera estado al tanto de lo que ocurre desde el primer momento, tal vez no hubiera tenido lugar ni siquiera la primera sentencia del 15 de febrero del año pasado.
“El deber del Ministerio de Medio Ambiente era informarle a la población sobre este caso, ya que ellos tenían conocimiento de este con meses de antelación. Estoy seguro de que todos los dominicanos íbamos a cerrar fila con el ministerio para defender el interés nacional”, dijo.
De igual forma, el entrevistado enumeró algunos de los puntos esenciales, a forma de solicitud, que pide la Coalición con relación a este fenómeno ante la Corte Suprema de Justicia:
“Primero, que se investigue cómo alguien pudo adquirir un título de un área que tiene una prohibición registral obligatoria; segundo, cómo es posible que un tribunal admita documentos que no son suficientes para llevar a cabo un caso de este tipo; tercero, cómo un tribunal ordena un levantamiento que no se completa y toma una decisión contradiciéndose consigo mismo”, destacó Carvajal Núñez.
El miembro de la Coalición destacó también que uno de los problemas fundamentales respecto a este tema es que el Tribunal Superior de Tierras, y el Sistema de Registro de Títulos, cierre las puertas a títulos que no son admisibles por ley, ya que en un área declarada de utilidad pública los terrenos son imprescriptibles.
En suma, el entrevistado alertó sobre lo verdaderamente alarmante de este caso: el hecho de que, si se hace efectiva esta forma de reclamo de tierras, vendrán muchísimas más sentencias de igual naturaleza, ya que existen alrededor de 60 casos similares al de Bahoruco en el país.
La Coalición y El Observatorio Ambiental
Sobre la génesis y esencia de la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas, Carvajal Núñez explicó que es un conjunto de organizaciones muy heterogéneas, tales como la UASD y la Federación de Campesinos por el Progreso, así como otras organizaciones no gubernamentales del país como Acción Verde o el Grupo Jaragua.
Así, destacó que son varios los grupos que defienden las áreas protegidas del país ante amenazas como las señaladas anteriormente, y esta diversidad precisamente ha abierto el abanico de instituciones medioambientales y, por ende, se ha ensanchado la cantidad de preocupaciones y aproximaciones a los diferentes conflictos existentes sobre este tema en el país.
En una especie de paréntesis temático, el entrevistado se refirió a la recién aprobada Ley de Ordenamiento Territorial, sobre la cual dijo que, aunque tiene muchos elementos positivos, constituye en parte de su letra un salto hacia atrás en diferentes aspectos relacionados con la minería, por ejemplo.
