Cuando el PRD ascendió al poder en 1978, después de 12 años de terror político, sí hubo cambios en términos político, económico y social en nuestro país. Se inició una etapa de respeto a los derechos humanos, de oferta de libertades ciudadanas, se derogaron las leyes que prohibían el comunismo, retornaron todos los exiliados y fueron liberados todos los presos por razones ideológicas.
Algo más: el sueldo mínimo fue llevado de 60 a 120 pesos mensuales y muchos productos de la canasta familiar bajaron de precio, debido al incremento de la producción agropecuaria. Tampoco hubo inflación en otros bienes y servicios, porque la tasa de cambio, entre otras variables macroeconómicas, se mantuvo estable. La deuda externa no creció.
Hay estadísticas que sirven de argumentos para hablar de cambios sustanciales en esa gestión 1978-1982. En la actualidad, con respecto al presente Gobierno, muchos adulones y bocinas arrendadas hablan de cambio. ¿Qué ha cambiado? ¿Los precios de bienes y servicios? ¿La criminalidad? ¿La corrupción? ¿Se aprobó el Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio? Nada. El presente Gobierno, desde un inicio, se inclinó por un festival de empréstitos que hipotecan el país, con la agravante que el dinero no se ha visto en nada y ni siquiera ha servido para contrarrestar la enorme inflación en todos los bienes y servicios.
Se sabe que a raíz de la pandemia se ha registrado escasez y alzas en todas las materias primas importadas desde el exterior. Esa inflación se refuerza con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero no se descarta que otra causa sea, en el caso dominicano, los conflictos de intereses, pues todos los altos funcionarios del sector agrícola son simultáneamente empresarios agropecuarios. Y piensan como el dueño de la funeraria: “No le deseo la muerte a nadie, pero quiero que mi negocio eche hacia delante”.
Con los productos de la canasta familiar se da el mismo caso de la tarifa eléctrica, la cual ha subido y seguirá subiendo, porque los generadores de energía son funcionarios gubernamentales.
En lo que toca a la inseguridad ciudadana, las estadísticas revelan un aumento sustancial. Se anticipaba que no hacía falta ninguna comisión, que sencillamente el presidente tenía, sin dilación, que ejecutar la reforma policial conforme a la política de seguridad plasmada en el Programa de Gobierno presentado al electorado en los comicios de 2020.
Desde hace décadas nuestra sociedad requiere de un código penal actualizado. No acaba de aprobarse, pero al vapor se aprueban los fideicomisos, que solo involucran privilegios y algo más para la oligarquía gobernante. La Ley de Extinción de Dominio ni siquiera la colocan en agenda, pues se trata de un futuro cuchillo para las gargantas de los ministros oligarcas que se adueñan del transporte, de las zonas turísticas y de las plantas de energía.
Y los que rechazamos estos planes ya en marcha contra el interés nacional nos atribuyen coincidir y contribuir con la vuelta del PLD o de la Fuerza del Pueblo, pero ni uno ni otro necesitan volver, porque todos están en el poder. ¿A quién han cancelado? Además, ¿no era esa la misma oligarquía que estuvo en los gobiernos peledeístas?
Y una prueba de que esas dos fuerzas opositoras tienen compromisos con esa oligarquía es que para nada se refieren a los fideicomisos recién aprobados por el Senado de la República. Carecen de moral. Sencillamente están descalificadas. Luis Abinader simplemente usa el mismo libro que el PLD inició en 1996.
Los únicos que levantan un discurso coherente en contra de la oligarquía dominicana, ahora sus miembros ocupando directamente los puestos de dirección del presente Gobierno, son Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, dos prominentes dirigentes del Partido Revolucionario Moderno.
De manera que para sacar del poder a la mafiosa oligarquía no hay que buscar nada fuera del PRM, organización que requiere reencontrarse con sus orígenes social demócrata y su vocación de servicio a los más desposeídos de la población dominicana.
