Llegó el momento de la verdad, la de demostrar si son dignos de credibilidad, políticos honestos y meritorios de conservar las altas investiduras que les fueron otorgadas mediante el voto popular.
Veintinueve senadores, de una matrícula de 32, «preocupados» por la presión social y el alto costo de la vida producto de la crisis económica que abate al país, aprobaron de urgencia y en primera lectura un anteproyecto de ley exención fiscal el pasado 26 de octubre.
El anteproyecto fue ampliado luego en la Cámara de Diputados, en interés de evitar la aplicación de una nueva reforma fiscal que había propuesto el presidente Luis Abinader y su equipo económico.
Para lograr sus objetivos de eliminar las exenciones de impuestos, créditos fiscales y reducir con ello los gastos del gobierno, plantearon la necesidad de eliminar o modificar en varias sesiones maratónicas congresuales, 39 leyes que sustentan esas facilidades crediticias.
La suspendida reforma fiscal del presidente Abinader, buscaba balancear el presupuesto de la nación para el año 2022 a base de nuevos impuestos, la cual levantó reacciones negativas y rechazo en todos los sectores sociales, especialmente en la clase más desposeída de la población.
Los senadores firmantes del referido anteproyecto de ley son altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del Partido Fuerza del Pueblo (FP), del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Alianza País.
Solo tres senadores, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, así como Antonio Taveras y Faride Raful, todos del oficialista PRM, rechazaron firmar el anteproyecto de sus colegas en el Senado.
Estrella, Taveras y Raful son los únicos que han mantenido una coherencia de rechazo a algunos beneficios particulares, como son exoneraciones de vehículos de motor y los fondos de compensación social, conocidos como “barrilito” y “cofrecito”.
Los miembros de la Cámara Baja, disgustados con el anteproyecto de ley aprobado por los senadores, reaccionaron proponiendo que se eliminen, además, las exoneraciones de vehículos y exenciones fiscales a todo beneficiario, sin importar si son de las Fuerzas Armadas, jueces, fiscales u otro organismo.
Con este agregado, los diputados saben que el nuevo anteproyecto de Ley no lograría su aprobación congresual, ya que perjudica a otros sectores como es el caso de jueces y fiscales, que tienen asignados una exoneración para la importación de un vehículo cada cinco años, muchos de los cuales ni la reclaman.
Eliminar todas las exenciones fiscales, como lo han planteado, es una medida improcedente y dañina, ya que hay sectores como la agropecuaria, zonas francas, educación, turismo, entre otras que, por gozar de ellas, facilitan la operatividad para los cuales fueron creadas.
Con el retiro de la propuesta de reforma tributaria por parte del presidente Abinader, tras considerar que no era el momento para crear más impuestos, cabe preguntar si los congresistas continuarán dando curso a sus planes de eliminación de todas las exenciones tributarias para balancear el presupuesto de 2022.
De no continuar con ese gran sacrificio, demostrarían que todo su accionar fue una falsa, y que solo buscaban responder a un reportaje periodístico de Alicia Ortega, quien demostró con pruebas la forma en que ellos malgastan el dinero del pueblo sin fiscalización ninguna.
“El informe” de la periodista Ortega, del pasado 25 de este mes, reveló graves procedimientos de gastos de millones de pesos, sin sustentar documentos probatorios que demuestren que no hay corrupción en dichas operaciones de ayudas sociales.
Para el senador Antonio Taveras, la posición de sus colegas en la Cámara Alta aprobando de urgencia un anteproyecto de ley de reducción fiscal, no era más que una jugada política para vender al pueblo una imagen de desprendimiento y desinterés totalmente falsa.
A cambio, propuso someter una resolución senatorial para que se eliminen los fondos provenientes del cofrecito y el barrilito, las exoneraciones de vehículos y la aprobación de Ley de extinción de dominio, propuesta que encontró rechazo y agrias discusiones en ambas cámaras.
La Ley 57-96 que dispone la exoneración del pago de todo impuesto a la importación de vehículos de motor a favor de diputados y senadores de la República, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje, etc., fue promulgada el 6 de diciembre del 1996.
A través de esta Ley, durante el período 2010 al 2021, se tramitó la exoneración de 156 vehículos de motor a favor de senadores y 1,195 para diputados, a un valor global en el mercado de procedencia ascendente a $154,5 millones de dólares, y un sacrificio fiscal para el Estado de $4,1 millones de pesos, según informe publicado en el portal de “Diario Libre” el 27 de septiembre pasado.
La crisis creada por la presencia de la pandemia del Covid-19, la subida de los productos de primera necesidad, el incremento de los precios del petróleo y sus derivados, sumado al incremento de los precios del transporte terrestre y marítimo, no es exclusiva de República Dominicana.
Tampoco es por culpa de un mal manejo de la economía local por parte del presidente Abinader como irresponsablemente plantean los políticos opositores.
Por lo visto, la mejor propuesta es la resolución que propuso presentar el senador por la provincia de Santo Domingo Antonio Taveras con el apoyo del presidente del Senado Eduardo Estrella y Faride Raful, de eliminar los fondos de compensación social (barrilito y cofrecito), una exoneración de vehículo a senadores y diputados, y la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.
