SANTO DOMINGO.El Partido de la Liberación Dominicana PLD) conducido por sus dos líderes principales, durante un largo trayecto de pugnas grupales internas, en el que se repartieron cinco gobiernos, se constituyó en un régimen antidemocrático y corrupto.
“Loma Miranda, un 4% del PIB para la educación; Los Haitises; Odebrecht y Punta Catalina; el déficit presupuestario del país del 2012; el contrato de la Barrick Gold; la lucha en San Juan, y en Toda la región del Valle contra la minera Gold Quest; también contra la explotación de la Sierra Bahoruco, y la autorización ilegal para construir en la zona protegida de Cotubanamá”.
El juicio de los políticos más ponderados no les merecía consideración alguna para sus propósitos y maniobras.
Odebrecht y Punta Catalina, una empresa y una obra que definitivamente hacen que al pronunciarlas como simples vocablos se revuelque el ánimo más impasible. Porque encierran un rosario de tantos desaguisados, de tantos malos decires, de tanta inquina provocada.
Todo sería montado encima de la aberración pecaminosa conocida como Plantas de Punta Catalina, una pesadilla desbordada en corruptela gubernamental, manejada por el mismo presidente Medina, quien se empecinó en dispersar millares de millones de pesos en publicidad y pérfidas relaciones mercadológicas en busca de convencer a la población de que lo malo era bueno, en esta operación de derroche estatal inservible.
“Punta Catalina” sería, en definitiva, la soga enroscada en el cuello de Medina, para toda la vida, hasta salir asfixiado y cubierto por una mancha indeleble al abandonar forzosamente la presidencia de la República, en el 2020, tras un fallido segundo intento por modificar la Constitución.
Pretendió modificar la Constitución de la República, para buscar una insólita tercera reelección presidencial, en un país en que las reelecciones son algo aborrecible. Detrás de los intentos y forcejeos de Medina, había una compañía brasileña, en el eje del delito, la que respondía al nombre de Odebrecht, una agencia corruptora internacional que logró que Medina la alojara a pocos metros de su oficina del Poder Ejecutivo, para que administrara todos los pagos por sobornos multinacionales a cargo de esa delictuosa empresa.
Del affaire saldrían embarrados de dinero sucio numerosos dirigentes políticos ensamblados en el Congreso Nacional, funcionarios públicos y empresarios privados, en virtud de un activismo político partidista pagado para falsear los procesos electorales del país.
En un programa de televisión de su propiedad, “La Respuesta”, el abogado de largo y sinuoso historial político, aunque para él y los suyos muy vertical, Marino Vinicio Castillo, afirmó: “El poder ha gastado sobre mil millones de pesos para comprar conciencia, alquilar conciencia, meterse en todas partes, aparecer de tal modo que se llegue a suponer que es la omnipresencia de Dios, la que está en el poder”.
Luego, la diputada Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) obtuvo de la Contraloría General de la República información sobre pagos por 1.600 millones de pesos y dólares que por concepto de publicidad y asesoría a Joao Santana y a su esposa Mónica Moura, y sus empresas Poli-Caribe y Fines Arts 213, las cuales, aun estando preso en su país, Santana y Moura seguían cobrando a través de uno de sus hijos, durante las campañas electorales del 2012 y 2016.
Los pagos fueron girados vía José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Información y Prensa del gobierno de Medina.
Si fuera por la treta mercadológica de las llamadas visitas sorpresas a distintos grupos de campesinos, y acciones favorables a la banca solidaria a bajos intereses, así como los estudios que permitieron a su contrincante intrapartidario afirmar que la corrupción pública absorbía 30 mil millones de pesos, Medina habría ganado la gloria, desde tempranos años. Todo cambió cuando llegó el opíparo negocio de la construcción de las plantas Punta Catalina.
Un contrato entre el Estado y la familia Vicini para tomar arrendados por 50 años, que al final les fueron pagados por 6.9 millones de dólares, para instalar allí las plantas, sin que se dijera cómo se pagaría a esos ricos propietarios, de inmediato fue cuestionado en sus debilidades jurídicas. Una comisión designada al efecto recomendó que esas tierras fueran compradas, y no arrendadas, pero fue desestimada, en principio, y luego acogida a contramarcha, a días del gobierno de Medina y él mismo, no ser más que difuntos hundidos en la penumbra de las impunidades.
Como también se desestimó que se entregara a un experto forense la verificación de si Punta Catalina se ajustaba a los estándares internacionales en sus costos y su tecnología.
También fue desestimado, por lo que algunos miembros de la comisión evaluadora, la abandonaron al no hacer caso a sus recomendaciones.
La licitación
El nombre de Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente y director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, (CDEEE), se calzaría el zapato del expediente de las licitaciones de las dos plantas eléctricas a carbón con una malversación inicial por 1,100 millones de dólares. Ya en 2018, Jiménez Bichara andaba diciendo que se había invertido 1,900 millones dólares en una primera etapa. Nunca especificó, sin embargo, el total de la inversión, fondos que serían extraído de las bóvedas del Banco de Reservas, del Estado.
Lo que quedó claro desde un principio fue que las fulgurantes plantas, inauguradas, decimos a contramarcha, sólo generarían un 30 por ciento de la demanda, dicho por el ex superintendente de Electricidad, Francisco Méndez. Lo que se veía era que lo eléctrico se estaba refundiendo con lo político, sin tomar en cuenta que, a nivel mundial, las plantas generadoras a carbón, estaban siendo dejadas de lados.
El proyecto lo construía la empresa brasileña Odebrecht-Tecnimont-Estrella que de entrada lo estimó en 1,945 millones de dólares, aunque ya había reclamado que le pagaran 708 millones de dólares adicionales, alegando lo había invertido en la preparación de las tierras de los Vicini, y por ese reclamo el caso fue a parar a un tribunal de arbitraje en Nueva York, Estados Unidos. Querían evitar que la obra se detuviera, porque si ocurría así, no habría control de los costos. Jiménez Bichara charlaba con la prensa haciendo gárgaras con esos millones, como si se tratara de pura miel de abejas con limón.
En la historia futura, tendría que hablar de estos negocios un joven ministro de Hacienda: Donald Guerrero. Finales de 2018 y principios de 2019, eran las metas a cubrir con tantos millones.
Estas plantas signadas por la Odebrecht, habían sido ofertadas y legitimadas en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a la compañía china Gezhouba Group Corporation (CGGC) y el Consorcio IMPE, que habían impugnado el proceso, negándose a acceder a la propuesta de soborno, en sus inicios mismos, demandando la mordida de 300 millones de dólares para darle el contrato. El TSA encontró inconsistencia entre la suma de 2,040 millones de dólares de la oferta Odebrecht-Tecnimont, y lo consignado en el Presupuesto Nacional de un tope para la obra de 1,500 millones de dólares. Había de por medio, asimismo, un memorando de entendimiento en el que la firma Ozoria & Asociados pactó con las licitantes Posco Engineering & Construction y la Constructora Gutiérrez para interponer sus esfuerzos en favor del otorgamiento de la concesión. Todo se debía, a simple vista, de una maniobra para “morder a unos contratistas chinos”, quienes no accedieron ya que condiciones previas en sus negocios lo impedían ante su gobierno y el de Estados Unidos, país que surtiría parte de los equipos para las plantas.
El nombre de Jiménez Bichara siempre estuvo presente por trasmano, en el tejemaneje, en busca de inflar los costos de obra y facilitar la “mordida” que apetecían los funcionarios dominicanos. Como es lógico suponer, el presidente Danilo Medina tenía toda la información sobre lo que ocurría, ya que era el titiritero de su proyecto preferido.
Todavía el día de la inauguración, que fue pospuesta en varias ocasiones, el gobierno en huida, de Danilo Medina continuaba arengando al país, con su señalamiento de que “la central termoeléctrica de las familias atraerá más inversiones, quedó inaugurada, en el distrito municipal de Catalina, para aportar 752 megavatios diarios con la tecnología fósil más limpia y eficiente del país”.
Y la periodista, animosa y nítida, acompasaba en los medios un rítmico cántico femenino: “Catalina es un dilema de termoeléctrica…”
