Las empresas estatales heredadas de la era de Trujillo, lo cierto es, que a la llegada de Leonel Fernández a la presidencia de la República, las entregó todas a sus gentes. Y con ello seguía las ideas de Juan Bosch, quien le enseñó que en la venta de las empresas estatales debían ser entregadas no sólo los grandes consorcios, sino a cualquier grupo quieran convertirse en capitalistas.
Llegó Leonel y cumplió con Bosch. Regaló todas las empresas del Estado a sus gentes.
Ahora, el expresidente Fernández anda presuroso en campaña proselitista encabezando como aspirante presidencial encabezando la Fuerza del Pueblo, y diciendo que en su primer período de gobierno no vendió las empresas del Estado ni los ingenios, sino que lo que hizo fue capitalizarlas,
invitando al sector privado a invertir. Y que “se ha creado una fábula, toda una narrativa e inventiva política, que busca hacer creer al pueblo dominicano que fueron privatizadas las empresas del Estado”.
Dice que lo que se hizo fue capitalización, que no es lo mismo que privatizar. Pero había dicho lo contrario en diciembre del 1996.
Leonel Fernández fue el primer alumno de Juan Bosch que como presidente de la República, tuvo la oportunidad de poner en práctica las ideas de su maestro, en cuanto a lo que entendía éste que se necesitaba para hacer un buen gobierno. Y fue Bosch quien ideologizó las prácticas administrativas y económicas que su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llevaría al gobierno.
Para Bosch las empresas de CORDE heredadas del régimen de Rafael Trujillo, en manos del Estado tras la desaparición del tirano, no eran más que “fuentes de corrupción”. Por lo tanto, había que eliminarlas. Proclamó ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana que había que privatizar a CORDE. Bosch predicaba que había que detener la inflación, resolver la crisis monetaria y también, resolver la crisis de generación eléctrica.
Leonel Fernández no hizo otra cosa que atender el instructivo económico de Bosch. Pero al cabo de seis años, los resultados indicaban que el Gobierno gastaba más, y no se veía la mejoría: la privatización fue muy funesta en el área energética.
Fueron privatizadas por Fernández las áreas de la energía eléctrica, los ingenios azucareros, las empresas de distintas áreas agrupadas en CORDE, los hoteles estatales y los principales aeropuertos del país. La intención del Gobierno era promover la inversión de recursos frescos, liberarse del aporte
de subsidios millonarios y garantizar mejores servicios a la ciudadanía. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, el Estado ahora gastaba más en subsidios y los servicios no mejoraban.
Antes de la privatización, el Estado tenía el monopolio de la energía, y abastecía sólo al 70% de la población, las instituciones del Estado no pagaban la luz y el Gobierno sólo aportaba en subsidio RD$205 millones al mes, para un total de RD$2,460 millones al año.
La población padecía hasta 18 horas de apagones, y la tarifa del servicio incrementada 10 y 25 centavos de dólar el kilovatio, equivalentes a unos 3 y 8 pesos.
Los propios funcionarios puestos a impulsar la privatización, empezaron a denunciar que los problemas en el sector energético que el propio Fernández era el principal violador del proceso de reforma, cuando por cuestiones políticas; autoriza subsidios al sector energético.
Los ingenios del Estado eran 10 centrales azucareros, y siete estaban en operación, aunque con muchas dificultades. Los 10 centrales pasaron a cuatro consorcios, de los cuales dos se fueron a la quiebra, sólo uno se mantiene operando: el ingenio Barahona, aunque con atrasos en el pago de
la cuota. los centrales Quisqueya, Santa Fe, Haina, Ozama, Consuelo, Boca Chica y Amistad fueron cerrados.
La capitalización fue un desastre porque no se arrendó a las personas adecuadas, ya que la mayoría de los arrendatarios carecía de fondos para poner los ingenios en marcha. Los Colonos de Montellano, decían entre la tristeza y la rabia que los ingenios del CEA se entregaron a inversionistas
privados mediante contratos a 30 años, con una renta básica anual de 11 millones de dólares.
De las 26 empresas agrupadas en 24 desaparecieron y sólo tres:
Molinos del Ozama, la Tabacalera y Minas de Sal y Yeso están operando y aportando un 50% de sus ganancias al Estado dominicano. Cuando se hizo el proceso de saneamiento para la capitalización en 1999, existían unas 26 empresas de unas 30 que tuvo originalmente esa corporación.
Los hoteles del Estado desde el principio, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), amparada en la Ley 141-97, informó que sólo se promovería el arrendamiento de los hoteles del Estado en la medida en que se vencieran los contratos que hasta ese momento se mantenían vigentes.
La administración de los cuatro aeropuertos estatales (Las Américas, provincia Santo Domingo; María Montés, en Barahona; Gregorio Luperón, en Puerto Plata, y Arroyo Barril, en Samaná) fue traspasada al consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).
Se le entregó la administración de la terminal Doctor Joaquín Balaguer, en El Higüero, provincia Santo Domingo, mediante concesión implicó el compromiso de Aerodom de invertir US$411 millones en remodelación, ampliación y modernización de las terminales del Estado.
En diciembre, 2005, el presidente Leonel Fernández hizo una especie de mea culpa cuando admitió que la privatización de las empresas estatales no dio los frutos esperados, ya que en la mayoría de las compañías la recuperación fracasó y sus activos físicos quedaron convertidos en chatarras.
Son cosas como la que comentamos las que impiden que la memoria de los electores se retrotraiga y se niegue a disminuirle la tasa de rechazo que ronde por los 57 por ciento, para los comicios del 2024.
