Nueva York.- El presidente de la República Dominicana Luis Abinader, en un discurso televisado dirigido al país el pasado 17 de agosto, convocó al liderazgo político con representación en el Congreso Nacional, a la sociedad civil y empresarial, para discutir una propuesta de reforma constitucional tendente a blindar el Ministerio Público como órgano independiente del Poder Ejecutivo.
Considerando que “la democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes no pueden depender de la buena voluntad de un presidente”, el jefe de Estado dominicano busca por consenso lograr una nueva modificación de la Carta Magna que independice el sistema judicial, el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.
Sin embargo, seis días después de su alocución, el expresidente Leonel Fernández se apresuró a rechazar la convocatoria del primer mandatario, alegando que la modificación a la Constitución para esos propósitos era innecesaria, contradiciendo lo que él mismo había sugerido siendo candidato presidencial en 1996.
En una entrevista televisiva concedida ese año al comentarista Julio Hazim, y siendo el líder máximo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fernández planteaba lo siguiente:
“Estamos comprometidos con que la justicia dominicana actúe con total independencia, y estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo, para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y actualmente en el Perú”.
Fernández gobernó el país durante tres periodos (1996/2000, 2004/2008, 2008/2012), y en ninguno de ellos aprovechó la oportunidad para lograr establecer un Ministerio Público independiente. Todo lo contrario, llenó el sistema judicial de dirigentes peledeísta a los cuales pudiera manipular a su antojo.
Es de amplio conocimiento para Leonel Fernández que, a partir de la proclamación de la constitución el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal, la Carta Magna ha sido objeto de 39 modificaciones.
La última, proclamada el 26 de enero 2010, se realizó en el tercer mandato de Fernández, una modificación hecha a la medida de sus intereses políticos que blindaron los actos corrupción en su gobierno, sin persecución ni castigo judicial prevaleciendo la impunidad.
¿Quiénes fueron los miembros del Ministerio Público en los periodos de gobierno de Fernández?
Radhamés Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, el expresidente Fernández lo designó Procurador General de la República. Luego lo sustituyó por Francisco Domínguez Brito, quien fuera miembro del Comité Central del PLD, y a Mariano Germán, para entonces alto dirigente del PLD, lo designó presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Es decir, el Ministerio Público, en la administración de Leonel Fernández siempre estuvo dirigido por altos dirigentes de su partido, aun después de la reforma del 2010.
Lo mismo ocurrió en los gobiernos de los expresidentes Danilo Medina, Hipólito Mejía, Salvador Jorge Blanco y Joaquín Balaguer.
Luis Abinader, como presidente de la República, ha abogado por una justicia independiente, y dando muestras inequívocas otorgando libre albedrío al Ministerio Público que designó desde el inicio de su gestión.
Para lograrlo, designó a los abogados Miriam Germán Brito Procuradora General de la República; a Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho como procuradores adjuntos, y a Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental.
Hasta el momento, ningún dirigente político opositor, ni de ninguna otra organización social, empresarial o religiosa, han podido desprestigiar o señalar con el índice acusador la honestidad, independencia y responsabilidad con que estos juristas se han desempeñado al frente del Ministerio Público y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Resulta muy sospecho que Leonel Fernández, con aspiraciones de volver a gobernar el país en el 2024, hoy rechace la propuesta del presidente Abinader, que incluye importantes reformas a los sectores de agua, Policía Nacional, electricidad, calidad educativa y laboral, hidrocarburos, fiscal, salud, y transporte.
No solo la incoherencia política que demuestra Fernández me da miedo, sino también su creencia de que él y solo él tiene la capacidad intelectual para gobernar el país y nadie más que él.
En un discurso pronunciado durante un homenaje que le hiciera el Comité Político del PLD al entonces presidente Fernández, el 13 de agosto de 2012, éste logró despertar los deseos presidencialistas dormidos de los altos dirigentes de su antiguo partido político.
En la ocasión, les aseguró a sus incondicionales que trabajaría para que el PLD se convirtiera en una máquina de hacer presidentes, dando a entender que todos tendrían esa oportunidad en la organización, y que apoyaría a los interesados.
Pero no solo eso, sino que aspiraba a que cuando concluyera la gestión de gobierno de Danilo Medina en el 2016, el PLD continuara en el poder 20 años más, es decir, hasta el 2046.
Ante tal aseveración, muchos fueron los incautos que se lanzaron a intentar suplantar a quien su propio ego no le permite bajo ningún concepto le arrebaten la predestinación que supuestamente la divinidad ya le tiene asignado.
Si alguien tiene dudas de su actitud caudillista, pregunten al expresidente Danilo Medina, el por qué perdió las elecciones internas por la candidatura presidencial en el PLD en año 2007. “Me derrotó el Estado”, dijo Medina en esa ocasión.
Para negarse a la propuesta del presidente Abinader, el hoy líder del partido Fuerza del Pueblo, alega que el artículo 170 de la Carta Magna y el artículo dos del Ministerio Público otorgan a dicho órgano independencia económica funcional, presupuestaria y administrativa.
Como autonomía e independencia significan lo mismo para el doctor Fernández, él parece entender que carece de sentido modificar la Constitución para introducirle lo que ya existe.
Definitivamente, hay un corto circuito en el cerebro de uno de los políticos más brillantes y preclaros que tiene República Dominicana, que lo está haciendo ser incoherente con los mejores intereses del país, y sus propios principios políticos, históricamente bien ganados.
Hay muchos casos de corrupción administrativa pendientes de conocimiento por el Ministerio Público, y muchos más políticos corruptos que ameritan ser apresados y enjuiciados por delitos cometidos en las administraciones de gobierno que se han sucedido en los últimos 25 años.
Con una justicia y un Ministerio Público constitucionalmente blindado en todos sus aspectos, dirigidos por jueces, procuradores generales y fiscales honestos e independientes, como se requiere hoy en día, los corruptos del pasado, del presente y del futuro, no tendrán la oportunidad de burlarse de la justicia como lo lograron hasta el 2020.
