El sorpresivo asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y las repentinas protestas callejeras de cientos de personas reclamando “libertad” en Cuba, marcaron el interés noticioso en las redes sociales y medios de comunicación internacionales, así como al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
También, el envío a prisión preventiva del ex procurador general de República Dominicana Jean Alain Rodríguez, acusado por el Ministerio Público de cometer actos de corrupción administrativa, marca un interés para Washington, que ha dado señales de apoyar la persecución de actos de corrupción en esta media isla del Caribe.
La muerte del presidente haitiano, ejecutado con premeditación y alevosía, y que involucra a efectivos de la seguridad presidencial, empresarios y políticos haitianos, mercenarios colombianos y ciudadanos estadounidenses de origen haitiano, hace cada vez más complejo determinar quiénes son los verdaderos autores intelectuales, por la diversidad de los complotados involucrados.
Los intereses de la poderosa clase dominante en pugna, a lo que se agrega la cúpula militar y policial por la sucesión del mando presidencial, podrían degenerar en graves conflictos internos en esa empobrecida nación, que no convienen a los intereses de los EE.UU., por lo que no descartan la posibilidad de intervenir militarmente a Haití para sofocar una posible escalada de violencia interna que afecte toda la región del Caribe, en especial la República Dominicana, su vecino fronterizo.
Esta acción militar no es descartable, luego de recibir la petición que en ese sentido le formulara Claude Joseph, auto proclamado primer ministro interino de Haití, pocas horas después del asesinato del presidente Moïse, y de quien se sospecha también estar involucrado en el horrendo caso.
Donald Trump i
La acción militar sería estratégicamente conveniente para los EE.UU., dada la convulsionada situación de protestas callejeras que desde hace más de una semana se escenifican contra el régimen socialista de Cuba, y tomando en cuenta que la distancia aérea entre el centro geográfico de Cuba y el de Haití es de solo 398 millas lineales (640 kilómetros).
Hoy en día, las manifestaciones de protestas reclamando libertad están siendo repelidas con agresividad por el régimen cubano, y cuyo presidente, Miguel Diaz-Canel, lanzó serias advertencias a los manifestantes de que serán enfrentados con dureza, tanto en la capital como en zonas del interior.
Ante el fracaso de lograr el derrumbe del sistema socialista con el bloqueo económico impuesto por más de 60 años, es que se desprende la advertencia de los EE.UU. al gobierno cubano de no maltratar a los “contrarrevolucionarios”, ya que podrían tomar acciones para defenderlos.
La única forma de hacerlo es mediante una intervención militar, que tampoco es una tarea fácil de ejecutar, ya que desataría los demonios de países aliados al régimen socialista, complicando la situación política internacional a nivel mundial.
Por lo tanto, la advertencia de Washington no son más que simples retóricas de la administración del presidente Joe Biden, quien busca con esa posición teórica ganarse el favor político de la poderosa comunidad cubanoamericana, de tendencia mayoritariamente republicana, que siempre ha deseado una intervención militar en la isla.
A pesar del prolongado embargo comercial impuesto por los EE.UU., Cuba demuestra al mundo poseer uno de los menores índices de mortalidad infantil, excelente educación escolar y universitaria, verdaderos programas sociales, humanitarios y los reconocidos avances en el campo de la medicina.
Haití, la nación más empobrecida del mundo, está abandonada a su suerte. Sin embargo, recibe más ayuda directa del vecino más cercano, República Dominicana, con el intercambio comercial de productos agropecuarios, comestibles, textiles y ayuda médica primaria.
Los ojos de Washington están sobre Cuba y Haití ante los recientes incidentes acaecidos que han trascendido a nivel mundial, sin dejar de observar lo que pasa en República Dominicana con las iniciativas anticorrupción que lleva a cabo el Ministerio Público, por estar acorde con la “Ley anticorrupción de EE.UU., y lawfare en América latina”, el cual opera como un mecanismo de poder geopolítico que se aplica extraterritorialmente.
Bajo esta ley fue que el gobierno de Donald Trump impuso records de sanciones económicas a naciones, individuos y empresas extraterritorialmente.
En lo que respecta a República Dominicana, la campaña anticorrupción y contra la impunidad que promovió en su campaña electoral el presidente Luis Abinader, y que puso en práctica otorgando independencia de acción al Ministerio Publico para actuar sin contemplaciones, pudiera estar basado en el apoyo del Departamento de Estado amparado en la referida ley, también conocida como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Los operativos Anti-Pulpo, Caracol, Coral y Medusa han llevado a prisión preventiva a exfuncionarios, varios oficiales militares entre ellos un mayor general activo y líderes evangélicos, todos vinculados al pasado gobierno del expresidente Danilo Medina, líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como hermanos y cuñados del exmandatario.
En el caso más reciente, se destaca el apresamiento el ex Procurador General Jean Alain Rodríguez, quien fue enviado a cumplir 18 meses de prisión preventiva a la cárcel de Najayo, en la sureña provincia de San Cristóbal.
Jean Alain establece un record histórico tras convertirse en el primer ex procurador general en ser encarcelado, acusado de corrupción, lavado de activos, falsificación y destrucción de pruebas, y de liderar un entramado societario que supuestamente perjudicó al Estado con más de $6 mil millones de pesos.
