SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió al Senado de la República rechazar la aprobación del fideicomiso para entregar al sector privado, la administración de la Central Eléctrica Punta Catalina por 30 años por considerar que es contrario a la Constitución y enajena un patrimonio del pueblo dominicano.
La entidad cívica le advierte al Senado, sobre la peligrosidad de un estallido social, el cual, con todas estas acciones, indefectiblemente se estaría abonando.
Señala que enajenar a Punta Catalina conduce al pueblo dominicano a protestar por al despojo de un bien público de inestimable valor, ello sumado también a la entrega y privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica (EDES), con todo un proceso en curso acelerado de privatización.
El presidente de la Fundación, Trajano Potentini, lamentó el accionar de la Cámara de Diputados, al aprobar el referido contrato, con 102 votos presentes en el hemiciclo de una matrícula de 190 diputados, con una ausencia conveniente y significativa, de gran parte de los miembros, dando pie a formar una asistencia precaria y cómplice para concretar este perturbador despropósito.
Señaló como de gran perturbación el que el contrato aprobado por los diputados, faculte al denominado Comité Técnico, compuesto por cinco personas físicas, provenientes casi en su totalidad del sector eléctrico privado, con intereses y negocios en el mismo, para autorizar y aprobar la incorporación de personas físicas o morales, que realicen inversiones en el Fideicomiso de Punta Catalina, en calidad de Fideicomitentes Adherentes, en suma eso se traduce en que podrán seguir vendiendo y privatizando a Punta Catalina.
Dijo que el referido comité, dirigido y presidido por el exadministrador de la CDEEE, Celso José Marranzini Pérez, y los señores, José Luis Actis, Noel Báez Paredes, George Ángel Reinoso Núñez y John A. De Armas, tendrá todos los poderes, para de forma secreta, privada y discrecional, por los próximos 30 años, para licitar trabajos, contratar personal, vender acciones, fijar precios y vender energía, en fin, disponer a sus anchas de todo lo relativo al manejo de Punta Catalina, como dueños, amos y señores.
Otra perturbación lo constituye el hecho de que con este fideicomiso se le reconoce un precio solo de 2, 340 millones de dólares inferior a la realidad del costo, hoy estimado en más de 3 mil millones de dólares; además del blindaje y garantía de impunidad con que cobijan este cuestionado patrimonio del pueblo dominicano.
“Hacemos un llamado al Senado, para que no apruebe este despropósito, el cual llevaría al secretismo y sin escarnio social alguno, el manejo de Punta Catalina, dado en un mal llamado Fideicomiso Público, figura fundamentalmente concebida para actividades de naturaleza privada, con una estructura flexible, y reiteramos fuera de los controles de transparencia y rendición de cuentas del Estado”, explicó.
