Más que regular la inversión publicitaria, que de repente parece preocuparle a determinados sectores políticos, lo que debe regularse es el uso de los medios de comunicación, sin que ello implique coartar la libre expresión del pensamiento, ni la libertad de prensa.
Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana llegaron a gastar hasta diez mil millones de pesos en publicidad y propaganda, promoviendo, no solo la figura presidencial con fines reeleccionistas, sino la de todos los funcionarios con aspiraciones de ser potenciales candidatos a cargos de elección popular, sin que a nadie le preocupara, sobre todo a los dueños de los medios de comunicación, la mayoría empresarios contratistas y suplidores del Estado que obtenían grandes beneficios.
Las autoridades gubernamentales han debido regular la inversión publicitaria hace muchos años, no solo reduciendo el gasto, que en última instancia no es lo más trascendente, sino despolitizándola, convirtiendo la publicidad y la propaganda en elementos útiles socialmente, en parte fundamental de la formación y la educación ciudadana. No es la inversión en sí misma, es la calidad de la inversión, no solo en la publicidad, sino en sentido general.
Cuando el PLD gastaba diez mil millones de pesos en propaganda y publicidad nadie decía nada, salvo algunos partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, como Participación Ciudadana.
Tal vez el momento político no sea el adecuado para intentar reducir el gasto publicitario, ni para regularlo, tomando en cuenta que estamos a escasos días de las elecciones municipales y menos de seis meses para las elecciones congresuales y presidenciales. Pero en algún momento había que hacerlo, es cierto.
Considero, eso sí, que también debemos regular y reglamentar los medios de comunicación, sobre todo el uso de la radio, la televisión, los periódicos digitales y las redes sociales, donde el desorden es mayúsculo dada la degradación ética y moral que en ellos se observa. La democracia es una cosa y el libertinaje democrático es otra.
En las redes sociales vemos demasiadas obscenidades, vulgaridades, falta de respeto, difamación e injuria, sin ninguna consecuencia. No hay control. En los canales de YouTube, Instagram, Twitter, etc., se escuchan, se leen y se ven cosas que no pueden tolerarse en una sociedad organizada y ordenada. El Estado debe inmiscuirse en esos asuntos porque lesionan la privacidad y la integridad de las personas.
Parece haber una competencia entre hombres y mujeres para ver cual, de los dos, hombre o la mujer, es más indecente, más vulgar, más difamador e injurioso. No hay respeto por nada ni por nadie. Las acusaciones contra figuras públicas, políticos, funcionarios, artistas, empresarios, etc., van y vienen, sin pruebas, sin sustentación real. ¡Increíble!
“Difama, difama, que algo queda”.
Aquí hay personas con un canal de “YouTube” -algunos muy conocidos- dedicados a la difamación y la injuria, al chantaje y la extorsión, que merecen ser sometidos a la justicia. ¡Y de eso viven, de la extorsión y el chantaje! Por eso, el Estado, como garante de la privacidad, la integridad y el buen nombre de los ciudadanos, tiene que poner controles, regular el uso de los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales; ponerle un límite, un muro de contención. ¡La degradación ha tocado fondo, señores! ¡Nadie está a salvo de la retractación, de la infamia, de acusaciones perversas por razones políticas y económicas!
Esa situación me preocupa más que la inversión del gobierno en publicidad y propaganda, que, ciertamente puede ser menor, pero como resultado de una discusión amplia entre todos los sectores relacionados con el tema, a saber, comunicadores, medios de comunicación, etc.
Pero, insisto, más del gasto, lo que debe verse es la calidad de la inversión, que no siempre es óptima ni necesaria, porque la mayoría de las veces no sirve para orientar ni educar a la población. El Estado se supone es dueño de las frecuencias que otorga a particulares, pero no le da ningún uso, no recibe ningún beneficio. Muchas cuñas o spot para orientar y educar deben ser difundidas gratuitamente. Los medios no deberían cobrarle al Estado. Debe ser su aporte al Estado, eso reduciría el costo de la inversión publicitaria.
Como puede verse, la discusión debe ser amplia, sincera y transparente, donde todos aporten a la solución del problema más difícil y complejo de lo que aparenta. Regulemos y reglamentemos la publicidad del gobierno, pero concomitantemente, regulemos también el uso de los medios de comunicación.
