Recientemente, escuchamos un video editado que presentaba cortes de las palabras del Presidente Luis Abinader Corona, expresadas durante su participación en el Quinto Congreso de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), el cual según leí en un diario digital, fue «convocado para establecer una Estrategia de Desarrollo Organizativo en favor del sector Laboral Dominicano e iniciar un diálogo para abordar las reformas propuestas por el gobierno Sobre Seguridad Social y el Código de Trabajo.»
Es importante que el Presidente de la República exprese su interés por el tema de la Seguridad Social, más aún que resalte aspectos de los que la población reclama como necesidades que le producen grandes insatisfacciones con los servicios recibidos de la Seguridad Social. Pero la población no tiene la seguridad de si los funcionarios que asesoran al Presidente Abinader tienen claro el curso a seguir.
El Presidente Abinader debe analizar con mucho cuidado las opciones de modificación con las que se compromete, pues el pueblo dominicano ha ido tomando consciencia de que en reiteradas ocasiones, el tema de la Seguridad Social ha servido como pastel apetitoso que se ofrece a la población con características maravillosas, como las promesas con las que se promovió la aprobación de la Ley 87-01, que ahora, a 20 años de aprobada y más de 18 años de ejecución del Sistema de Pensiones basado en el modelo de Capitalización Individual, ha resultado ser un evidente fracaso para las personas afiliadas, aunque ha sido un fructífero y rentable negocio para las AFP, que incluso lograron que se les aprobara una reforma con la que se anunció que se reducirían las ganancias de estos negocios insertados en el Sistema de Pensiones, pero que en realidad, un año después de aprobada esta modificación, el resultado obtenido es que las AFP aumentaron sus ganancias, en medio de la pandemia y teniendo menos afiliados activos, ya que muchos de ellos estaban suspendidos en sus trabajos.
El pueblo ha visto que del pastel ofrecido cuando iban a aprobar la Ley 87-01, lo recibido de las AFP y del sistema de capitalización individual no llega ni a una “masita” mal hecha.
Consideramos que el Presidente Abinader debe cuidarse de ser maniatado por quienes tienen intereses en los negocios insertados en la Seguridad Social, que con sus tentáculos, pueden llevarlo a impulsar reformas que resulten ser contrarias a los derechos fundamentales de la población y que nuevamente puedan volver a perjudicar a la población, mientras consiguen continuar favoreciendo los negocios instaurados como parásitos en el Sistema de Seguridad Social, haciendo imposible que este pueda cumplir sus funciones, mientras mantiene el lastre que representan esos negocios de las ARS y las AFP en la Seguridad Social.
¿Es justo el nivel de ganancias que tienen las ARS y las AFP, con respecto a lo que ofrecen con el servicio que prestan?
¿Es necesario invertir esas cantidades de recursos que se ganan las ARS y las AFP o sus funciones podrían ser realizadas por entidades públicas más económicas, obteniendo como resultado un ahorro que permita mayores recursos para las prestaciones a las personas afiliadas?
Las autoridades deben escuchar empáticamente al pueblo, deben conocer las verdaderas situaciones por las que siguen pasando las personas afiliadas y por las que han pasado durante todos los años que lleva la ejecución del Sistema Dominicano de Salud.
El Presidente Abinader debe cuidarse también de cuáles son las modificaciones que impulsará a la Seguridad Social, pues aunque Gardel dijo que 20 años no eran nada, el pueblo dominicano ha tomado consciencia y no está en la disposición de seguir viendo morir a sus familiares por la falta de cobertura del Seguro de Salud, o por el cobro de grandes sumas de dinero por servicios no cubiertos en un catálogo selectivo, excluyente y perverso que llaman PDSS 6.0, que carga a las personas afiliadas y a sus familiares con el financiamiento de los servicios excluidos de la cobertura, resultando esto en una sobrecarga económica a la población, que termina afectando el derecho a la salud integral que la Constitución consagra. El Presidente Abinader no puede dar la espalda a la población, negándole sus derechos fundamentales.
Las prestaciones previsionales, propias del Sistema de Pensiones, no resisten posposiciones y manipulaciones que solo buscan posponer las fechas en las que el pueblo vería el cumplimiento de sus prestaciones, mientras ve cómo los negocios de las AFP disfrutan cada mes de sus jugosas ganancias por un servicio innecesario que ofrecen y que representa un alto costo para el sistema.
Vemos como los propietarios de las AFP, mantienen en los medios de comunicación un grupo de consultores pagados quienes se han esforzado, infructuosamente, por calificar como fracaso el sistema de reparto, sin reconocer que en el país tenemos ejemplos de Sistemas de Pensiones basados en el sistema de reparto que funcionan y garantizan pensiones dignas a sus afiliados.
Estos consultores pretenden presentar el aparente fracaso del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) sin explicar las verdaderas razones de ese fracaso, en el cual muchos de los sectores involucrados en los negocios de hoy, fueron también parásitos del IDSS y contribuyeron a su supuesto «fracaso». Es fácil pretender descalificar al sistema de reparto, denostando una experiencia funesta, sin aclarar las responsabilidades de quienes fueron responsables del fracaso de ese sistema.
Presentan como el gran logro del actual sistema, la claridad con la que el sistema de capitalización individual le informa a cada persona afiliada su balance acumulado en la Cuenta Personal del Afiliado, pero obvian referirse al incumplimiento de lo que prometieron, una tasa de retorno que le garantizara a la persona afiliada una pensión digna. Ocultan o pretenden engañar a la audiencia, diciendo que, al pensionarse, las personas afiliadas recibirán una pensión de un 48% del sueldo con el que cotizó, cuando lo que las propias AFP les dicen a sus afiliados es que será de mucho menos. Para mejorar la tasa de reposición y ampliar sus ganancias, las AFP piden aumentar la edad de retiro a 65 años y aumentar la contribución de las cotizaciones mensuales.
Aumentar la edad de retiro en un país en la que las personas de más de 45 años comienzan a tener problemas para encontrar trabajo, es un absurdo.
El pueblo dominicano cuestiona la legitimidad de quienes le han representado hasta ahora en los órganos de rectoría y dirección del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), pues han permitido la aprobación de regulaciones perjudiciales para las personas afiliadas como si no se dieran cuenta de los derechos que se les niegan a quienes son la razón de ser del SDSS.
El Presidente debe ser un abanderado de los Derechos Fundamentales e impulsar su garantía, mediante una modificación integral de la Ley 87-01 que reconozca y garantice los derechos establecidos por nuestra Carta Magna, a la Salud Integral, a la Seguridad Social, a la protección de las personas mayores, a las personas con discapacidad, a la infancia y la maternidad, entre otros.
Cargar con la responsabilidad de una reforma que vuelva a perjudicar a la población dominicana, que le robe sus aportes y les niegue las prestaciones a las que la población tiene derecho, sería una carga social y política muy alta para quienes la propicien y apoyen, ya sea por «palabra, obra u omisión».
En estos veinte años de la Seguridad Social, de algo la población sí está segura y es de que el modelo de capitalización individual fracasó en nuestro país, tal y como ha ocurrido en todos los demás países en donde este sistema se instauró. Por eso, el pueblo clama a gritos: No más ARS, No más AFP.
Basta ya de que las AFP sigan ganando grandes sumas de dinero cada día por hacer inversiones de nuestro dinero, lo que bien podría hacer una entidad pública o una de economía solidaria. Lo cual permitiría tener un costo de operaciones menor y ahorros que podrían incrementar el financiamiento de las prestaciones de la Seguridad Social.
Basta ya de que las AFP sigan atropellando los debidos procesos de afiliación, violentando las decisiones de las personas afiliadas, llegando incluso a afectar sus derechos adquiridos, como es el caso de los servidores públicos a quienes hoy, se les sigue negando su derecho a permanecer en el sistema de reparto y a obtener la pensión del Estado, aun estando este derecho reconocido por la propia Ley 87-01, en tres artículos diferentes de la misma.
Basta ya de que al pueblo se le nieguen servicios de salud por exclusiones en las coberturas.
Basta ya de que las personas afiliadas tengan que pagar por procedimientos médicos que deberían ser parte de la cobertura obligatoria del Seguro de Salud.
Aplaudimos el interés, el compromiso y la voluntad política expresada por el Presidente de la República Luis Abinader Corona, pero le solicitamos que exija el apego total a la Constitución Dominicana, que exija a sus funcionarios y solicite a los Legisladores, que aseguren el debido respeto y garantía de los derechos fundamentales y los derechos adquiridos para la población y en especial para las personas afiliadas.
El pueblo dominicano no quiere promesas vacías y demagógicas, mucho menos engaños con los que se enmascaren reformas amañadas que favorezcan a los negocios en perjuicio de los derechos de la población.
El pueblo demanda una reforma integral de la Seguridad Social que garantice sus derechos y que excluya de ella los negocios innecesarios y parásitos.
El autor es Psicólogo, Consultor en Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.
