Con el falso alegato de querer combatir la desinformación y las falsas noticias que abundan en las redes sociales, los enemigos de la libertad de expresión han desatado una intensa campaña a nivel mundial.
El intento de coartar el derecho a opinar, informar y de expresarse libremente surge de los grupos elitistas que controlan importantes organismos en prácticamente los cinco continentes, pero con mayor énfasis en Europa, el Caribe y Norteamérica.
El Foro Económico Mundial (FEM) reunido en Davos, Suiza, agrupó a la élite económica globalista donde mostraron mayor énfasis en su preocupación por combatir la desinformación y las falsas noticias que se difunde a nivel global. Lo quieren hacer controlando la libertad de expresión y de información en los medios de comunicación tradicionales y electrónicos.
En el transcurso de los años, la Unión Europea ha aprobado dos leyes: Ley de servicios digitales (Digital Service Act) y la Ley de la libertad mediática (Freedom Media Act).
La primera permite a la Unión Europea imponer normas a los proveedores tecnológicos. Obligarlos a eliminar todo contenido “dañino o peligroso” que atente contra la verdad gubernamental.
La segunda, con la que supuestamente se protege a los periodistas, obliga a los medios de comunicación a actuar con mayor transparencia.
Está claro que hay un plan para controlar los medios de comunicación y la libertad de información a nivel global, buscando silenciar las voces disidentes de la agenda 2030 del FEM, la ONU y las políticas globalistas de la Unión Europea.
La “verdad” gubernamental puede ser mentira, pero su desmentido por cualquier medio lo interpretarán como desinformación y será censurado.
Según el Centro de Investigación Pew (Pew Research Center) de los Estados Unidos, la mitad de los jóvenes estadounidense con edades entre los 18 y 29 años confían mucho en las informaciones que se publican en las redes sociales.
Por eso desean controlar los contenidos de las plataformas digitales, por el grado de influencia que tienen. Los globalitas buscan lograr más control sobre las redes sociales.
Sorprendentemente, la alcaldía de Nueva York declaró que las redes sociales representan una “amenaza a la salud mental” de los menores.
El alcalde Eric Adams, comparó dicha amenaza con los efectos negativos que producen las armas de fuego y el tabaco.
Aseguró que “el mundo de internet presenta numerosos riesgos para los estudiantes, y que compañías como TikTok, YouTube y Facebook están propagando una crisis mental al diseñar sus plataformas con características adictivas».
Resulta sospechoso que en medio de esta campaña por controlar los medios de comunicación y la libertad de expresión y difusión de información, el gobierno dominicano firme una ley, la 1-24, que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Este nuevo organismo al servicio presidencial, podrá reclamar con carácter de obligatoriedad a cualquier institución pública, privada o persona física la entrega de información confidencial, en violación a los derechos constitucionales individuales.
El nuevo DNI es una reedición del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), una unidad policial secreta, abusiva y criminal que existió en República Dominicana al servicio del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1961).
Hay que destacar que esta nueva ley no solo tuvo el apoyo de los congresistas del partido oficialistas, sino también del 99% de los diputados y senadores de los partidos opositores.
Solo el diputado Juan Dionisio Rodríguez, del partido Frente Amplio, votó en contra del proyecto (1%).
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por las implicaciones de la Ley para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales de información.
Para el gobierno del presidente Luis Abinader, la nueva ley representa un paso importante en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, la ciberamenaza y la corrupción.
Mientras que para la SIP, es una regulación muy amplia con repercusión negativa sobre la confidencialidad de la fuente periodística y el derecho a la privacidad.
Desde los finales de la década de 2010, existe un Plan de Acción para la Democracia Europea, un proyecto de “respuesta integral a la desinformación en la que se requiere una participación activa de la sociedad civil”.
En 2020, la Unión Europea volvió a replantear la amenaza de los “Fake news”, y alertó en esa oportunidad a los Estados miembros del riesgo que suponen las campañas de desinformación, tanto para la seguridad de las instituciones europeas y la de los Estados o países miembros.
Para la Comunidad Económica Europea (CEE), la República Dominicana es el puente entre América Latina y Europa, un punto clave para la seguridad y estabilidad regional.
Es cierto que Europa es el segundo inversor con más de mil empresas en territorio dominicano y el segundo emisor de remesas a la República Dominicana.
Tomando en cuenta el período electoral presente, el presidente Abinader no tenía por qué ganarse el disgusto de directores de medios de comunicación, periodistas, gerentes de la banca comercial, oficinas de abogados y profesionales de la medicina, entre otros, firmando una ley que vulnera el derecho constitucional de la libertad de prensa y el secreto profesional.
Abinader debió observar esa ley y proponer modificar o eliminar los artículos 9 y 11 que vulneran el derecho de la protección de la confidencialidad, que por su alto cargo presidencial, también goza de ese privilegio.
