Las cárceles del país siguen siendo antros de corrupción en el que participan reos, familiares y autoridades, de donde es muy difícil -casi imposible- que un privado de libertad salga, tras cumplir condena, regenerado para insertarse nuevamente a la sociedad de donde fue extraído.
En las cárceles se puede encontrar armas de fuego, todo tipo de drogas, cigarrillos, bebidas alcohólicas de todas las marcas, tamaño y sabores, cuchillos, machetes, etc., etc., etc. Todo en complicidad con agentes policiales y militares, incluyendo a sus jefes, generales, coroneles, capitanes, etc., etc., etc.
En un reporte del periódico Listín Diario podemos leer: “Las autoridades penitenciarias ocuparon además un servidor, un repetidor de wifi, 96 routers, 89 cámaras de vigilancia instaladas, mismas que eran operadas y controladas por un interno, 29 switches de cámaras”, informó Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), al presentar un informe detallado del operativo a la magistrada Germán Brito.
Hernández Basilio e Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, explicaron a la procuradora que, además, fueron incautados 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, 96 auriculares, una laptop, dos tabletas, 9 reproductores de DVD, 35 PlayStation, 10 controles de distintos aparatos, 8 inversores y 173 bocinas.
La operación de las unidades militares, de distintos cuerpos armados del Ministerio de Defensa, así como de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), permitió ocupar 312 objetos cortopunzantes tanto de origen industrial como de fabricación artesanal.
Ocuparon 496.003 cigarrillos de una marca conocida (los cuales, además, son introducidos al país de contrabando por la frontera terrestre), dos uniformes de policía, una chamarra militar, 17 relojes, un teléfono fijo, 40 abejones para recortar, una calculadora y 720 abanicos que serán reinstalados atendiendo a una necesidad climática.
Se ocuparon 514 porciones de un vegetal verde, que se presume es marihuana, con un peso aproximado de 2,875.2 gramos y 6 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 234 gramos”. ¡Increíble! ¿Cómo pudo suceder algo tan alarmante, tan inverosímil en un penal con tanta vigilancia, con tanta protección militar? Espero que la magistrada Miriam Germán actúe drásticamente contra los responsables, que no son exactamente los presos, sino quienes los permitieron, quienes lo auparon y patrocinaron.
En la cárcel del 15 de Azua, como en las de Baní, San Francisco de Macorís, Santiago, La Vega, etc., las cosas no son distintas. Hace dos o tres años en el 15 de Azua pude ver a un agente policial custodiar al “jefe” del penal -un reo- para sacar de unos arbustos una bolsa llena de cocaína para vendérsela a sus “colegas”. No hace mucho recibí una llamada a mi móvil para decirme que había ganado un televisor de 80 pulgadas. Rápidamente me percaté que se trataba de una estafa desde ese mismo recinto, donde había un “privado de libertad” que tenía un “porche” aparcado y vigilado por un militar, que los fines de semana salía al resort de su preferencia y regresaba los lunes.
Al igual que la frontera con Haití, las cárceles son un negocio en el que participan las autoridades. No sé ahora, pero enviar a un militar o policía a la frontera era un castigo; luego se convirtió en un premio. Lo mismo sucede en determinadas cárceles.
Es imposible instalar un sistema tan grande y tan sofisticado en la cárcel de la Victoria sin la autorización, complicidad e inobservancia de los responsables de la vigilancia. No basta con allanar y limpiar, incautando abanicos, celulares, equipos de vigilancia, drogas, armas blancas y de fuego, sin investigar y sancionar a los responsables. También hay que limpiar la cárcel del personal que permitió tantas armas, tantos equipos tecnológicos, etc. Ellos deben estar junto a los reos, en la misma cárcel. La acción del Ministerio Público no puede detenerse en la incautación, debe -insisto- destituir a los vigilantes desde arriba hasta abajo. El sistema carcelario tiene que ser modificado, al igual que el sistema de justicia. Algo no funciona, lo dicen los 15 mil presos preventivos. Lo que pasó en el penal de la Victoria no puede repetirse en ninguna cárcel del país.
