El protagonismo del beisbolista Wander Franco en la violación a una adolescente trasciende los casos similares, más allá de que los elementos componentes sean los mismos, desafía a las autoridades a implementar nuevas estrategias y advierte a los hombres dominicanos que ese tipo de relaciones hay que erradicarlas de la práctica sexual cotidiana.
Y es que el joven pelotero siguió el mismo patrón que conduce a muchos hombres dominicanos, que a resultas de una aceptación social arraigada en parte de la población que obvia que, cuando de una relación sexual se trata, deben estar ausentes el abuso, la imposición económica y la irresponsabilidad ante las consecuencias que puedan derivar de esos actos, tal el alto nivel de niñas y adolescentes embarazadas, que alcanza hasta el 20 por ciento de las mujeres preñadas.
“Mi niña, mi equipo si se da cuenta de esto me puede causar problemas, es una regla en todos los equipos no hablar con menores de edad y, sin embargo, me arriesgué y me encantó”, declaró, tal vez orondo, el cotizado pelotero con contrato millonario en las Grandes Ligas, para quien esa responsabilidad económica y laboral fue insuficiente ante “el ardor” que lo llevó a abusar de una niña de 14 años.
Eximirlo como el principal responsable de ese hecho es imposible pese a que el caso tiene los mismos elementos de otros similares: la perversa complicidad familiar que busca beneficios económicos y da la oportunidad al agresor de” ayudar”; culpar a la víctima y exonerar al victimario porque “es hombre” y la niña “lo provocó” por andar “vestida de tal o cual manera”, con lo que se pretende “normalizar” la explotación y el abuso sexual contra menores, una conducta cuestionable.
Lo real es que esas acciones y sus pretendidas explicaciones tienen otras causas, y demanda de la sociedad una nueva conducta: es inaceptable esa aberrante relación sexual entre un adulto y una adolescente, en la que el hombre es quien domina en lo económico (aunque se esté cambiando), en lo cultural, y hasta en lo legal, campo en que las leyes carecen de la necesaria aplicabilidad y de las rígidas consecuencias para castigar esos delitos.
Cierto es que hubo otros casos tan dramáticos como este, tal es el del hijo de una exdiputada que en San Francisco de Macorís provocó la muerte de una adolescente a la que practicara un aborto desgarrador, el de un conocido locutor que se aprovechó de una hijastra y el de un candidato que embarazó a una adolescente – y otros tantos sucedidos sin escándalos- pero todos con una base común: el “poder” desigual que, en perjuicio de la mujer, una parte de la sociedad reconoce en el hombre.
Es ahí el reto de las autoridades judiciales para aplicar con todo rigor y sin excepción el mandato de las leyes, y las autoridades educativas tienen que reformular los programas de enseñanzas para que la educación sexual sea materia cotidiana en las escuelas, superando el miedo con que desde litorales religiosos las chantajean y traban así el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes, que al convertirse en adultos reproducen patrones de comportamientos dañinos para la salud social.
