El Gobierno dominicano, a través del Consejo Nacional de Migración, dispuso recientemente auditar a unos 220 mil haitianos favorecidos con el Plan Nacional de Regularización supuestamente para establecer quienes califican o no.
De igual manera, en reunión encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, se anunció restringir la atención a la salud de haitianos ilegales. Solo tendrían atención médica en caso de emergencia, a pesar de que la salud es un derecho humano universal que cubre también al grueso de los nacionales del vecino país que trabajan en los sectores de la construcción y la agropecuaria, aunque sean ilegales.
Defensores de los derechos humanos estiman que el Gobierno tiene la prerrogativa en la aplicación de las leyes migratorias del país, pero hay quienes califican de exabrupto la negativa a la salud de seres humanos, conducta que podría generar repercusión internacional.
Algo más: el Gobierno suspendió el plan de visado a estudiantes haitianos para cursar carreras en universidades dominicanas, a pesar de que la propia Federación de Profesores de la UASD califica a esos alumnos de disciplinados y brillantes.
Aunque se trata de una solicitud de Estados Unidos, la población dominicana ha aprobado que, por mandato del jefe de Estado, se haya sellado militarmente la frontera domínica-haitiana, para evitar que individuos pertenecientes a bandas criminales que controlan a ese país pasen a nuestro territorio, sobre todo evadiendo el inevitable operativo militar sorpresivo que las autoridades norteamericanas darían a los miembros de 400 Mawozo, responsables del secuestro de 17 estadounidenses, en los que se encuentran misioneros y familiares, incluyendo a niños.
La situación de Haití es caótica. Se trata del país más pobre del continente, con bajo nivel educativo, con deplorables servicios públicos, carente de instituciones y una enorme crisis política y social. Por encima de esa realidad, en los últimos años, las bandas criminales armadas han estado en auge, a tal extremo que la Policía y el propio Ejército haitianos (ambos organismos corrompidos) han admitido su incapacidad para enfrentar a los poderosos pandilleros.
Ante el desorden imperante, el presidente Abinader tiene razón cuando llama a los dominicanos a no visitar a Haití, país donde, dicho sea de paso, también hay camioneros nuestros secuestrados, sin que las autoridades dominicanas muestren la preocupación y el interés que demanda el caso. Ni siquiera se refieren al mismo.
La respuesta del canciller haitiano, Claude Joseph, no se hizo esperar y dijo mediante Twitter que República Dominicana vive un aumento de la delincuencia, tal y como lo señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus alertas de viaje.
Desde el día 1ro. de noviembre, fecha en que Joseph dio respuesta al presidente dominicano, el tema haitiano tomó fuerza, se armó un avispero, crecen las tensiones y los dominicanos lucen unificados en todos los medios y las redes sociales, como si hubiera una guerra inminente entre ambas naciones en estos momentos, algo ilógico e irracional, pero el presidente Abinader ha sacado capital político al recibir el respaldo de diversos sectores de la vida nacional. Hasta un grupo de generales en retiro se puso a la orden del Ejecutivo.
Todo indica que al Gobierno le interesa que el tema siga copando los espacios de los medios de comunicación social y de las redes sociales, pues además de beneficiarse la gente se olvida de la inflación de bienes y servicios, de la aprobación de nuevos empréstitos, la designación de funcionarios en instituciones que nadie conocía al momento, así como de más asesores. Además, ya nadie habla de pandora papers y las empresas del señor Abinader en paraísos fiscales, un tema descubierto por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que tiene contra la pared a Sebastián Piñera, presidente de Chile, que se expone a ser sometido a juicio político por el Poder Legislativo de su país y dar con su destitución.
Sobre la denuncia de empresas de políticos internacionales en paraísos fiscales no participó la periodista Alicia Ortega, aunque se supone que conocía el caso por ser la única dominicana miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ¿Por qué no lo denunció? Hay quienes alegan que la señora Ortega recibe Unos 6 millones de pesos mensuales, por concepto de publicidad, del Gobierno dominicano. Se le percibe como una comunicadora aliada de Luis Abinader, Macarrulla y el presente Gobierno oligárquico.
Resultó sospechoso, sin embargo, que la periodista Ortega hiciera un gran despliegue sobre el barrilito de los senadores. El barrilito es un privilegio inmoral, pero viejo y lamentablemente legal. Algunos analistas no descartan que esa denuncia se inscriba en una campaña para dañar e inhabilitar a un Congreso Nacional que de por sí está desacreditado desde hace mucho tiempo. ¿Con esa imagen a qué congresista se le ocurre introducir una iniciativa que afecte a Luis Abinader por evadir impuestos, al llevarse dos de sus empresas al exterior?
Independientemente de todo sorprende la forma ingenua como la población dominicana se deja manipular con temas impuestos en la agenda nacional, en el marco de una estrategia política-comunicacional para beneficiar a una persona. El éxito de esa estrategia no se ha hecho esperar conforme a los resultados. En estos momentos la gente percibe a los legisladores como personas sin moral alguna, mientras el presidente dominicano se oferta como un gran nacionalista, como el único, después de Trujillo, que ha puesto a los haitianos en su puesto.
