SANTO DOMINGO. Lo que se vislumbra como el más importante conflicto judicial en el que participan como acusados miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ha generado grandes expectativas en la población nacional
El caso más aproximado al actual se produjo en 1975, durante el período de los 12 años de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, en el que se vivieron sobresaltos y expectativas de cambios políticos, que iban desde conflictos a lo interno del partido de gobierno, el Reformista, y de las fuerzas armadas.
Fue el 9 de mayo del citado 1975 cuando el alto mando militar anunció su renuncia a los puestos que desempañaban, el cual estaba compuesto por el secretario de las Fuerzas Armadas, contralmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, y los jefes de Estado Mayor del Ejército Nacional, general Enrique Pérez y Pérez; de la Fuerza Aérea Dominicana, general Salvador Augusto Lluberes Montás, y de la Marina de Guerra, comodoro Manuel A. Logroño Contín.
En esa época hubo intentos de impulsar, por parte de agrupaciones de izquierda, la guerra de guerrilla, muertes violentas de personalidades de la prensa y la oposición, secuestros de diplomáticos y la ocupación, por guerrilleros urbanos, de por lo menos una sede diplomática.
El motivo de la crisis fue el nombramiento del mayor general EN, Neit Rafael Nivar Seijas, horas después de que “desconocidos” asesinaran de varios balazos al periodista Orlando Martínez, en la avenida José Contreras, frente al campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El decreto presidencial consignaba que el jefe policial “tiene la responsabilidad de investigar hasta las últimas consecuencias la muerte del comunicador”.
La situación actual
Un elemento común en los principales protagonistas de las “marítimas operaciones” realizadas hasta ahora por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), son cercanos a la ex pareja presidencial Danilo Medina y Cándida Montilla.
Primero fue el Antipulpo, denominación dada a la intervención del Pepca contra Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez -ambos hermanos del exmandatario-; Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez.
Además, el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán; Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Les siguió la investigación a los hermanos de la ex primera dama de la República, Maxy y Alexander Montilla Sierra, por alegados privilegiados en licitaciones de instituciones que forman parte del sector eléctrico a través de varias empresas que figuran a su nombre.
Según un reportaje realizado por la comunicadora Julissa Céspedes, transmitido por CDN, canal 37, los hermanos Maxi y Alexander “utilizaban el tráfico de influencias y su cercanía con el poder para hacerse con los más grandes contratos de compras y suministros por una cifra superior a los 13 mil 500 millones de pesos en los 8 años de mandatos del presidente Medina.
Luego fue la Operación Caracol, que investigó al pleno de la Cámara de Cuentas, que incluye al ex presidente del organismo Hugo y los ex miembros Francisco Álvarez Pérez y a los miembros, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera.
El motivo de la indagatoria por parte del Pepca fue la presunta lentitud con la que el organismo manejó las auditorías a las obras por supuestos delitos de corrupción administrativa, que incluía el lavado de activos.
Ahora es la operación Coral, cuyo encartado principal es el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, y actual titular de la escolta de Medina.
La investigación abarcó 27 allanamientos en distintas provincias, cuyas ramificaciones se amplían y complican cada día más, sumando nuevas personas y cantidad de recursos alegadamente sustraídos del tesoro estatal.
En este último aspecto se destacan los casos del exjefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque, y el actual titular del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general, Juan Carlos Torres, quien puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader.
La acción fue oficializada mediante una carta, en la cual explicó haber tomado la decisión ‘con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación en curso’.
El órgano acusador consideró “sospechosa” que el brigadier alquilara un apartamento por una renta mensual de tres mil dólares “para usarlo esporádicamente”, al menos así se plasmó en la solicitud de medida de coerción solicitada para el militar.
Mientras, la situación de Alburquerque es diferente, la Pepca afirma que el anterior incumbente de la DNCD presuntamente formaba parte de la coalición encabezada por mayor general Cáceres.
Se le atribuyen, entre otras impugnaciones, vínculos con la Asociación Campesina Madre Tierra de la cual recibió un depósito el organismo antinarcótico, sin existir registros del pago.
También, el ex subdirector general de la Policía Nacional Neyvi Pérez también figura entre los mencionados por el Ministerio Público en su expediente del caso, aunque hasta ahora no se ha tomado precautoria en su contra.
Los detenidos hasta este viernes son, además de Cáceres y la pastora Rossy Guzmán; el cabo Tanner Antonio Flete, hijo de la religiosa; el coronel PN, Rafael Núñez de Aza, contable y miembro de la seguridad de Medina. Además, el teniente coronel, también de la Policía, Raúl Girón, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero.
Expediente fulminante
La Pepca, que aseguró tener un expediente ‘fulminante’ contra los encartados, adelantó que entre los elementos más importantes, que el mayor general nombró a cientos de policías y militares en el Cestur y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial a los que les pagaban sueldos con el acuerdo de recibir hasta el 80 por ciento del monto total.
El expediente agrega que otra de las formas a través de la cual la red obtenía fondos fue mediante las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.
Todo lo anterior, se sintetiza en investigar cómo el militar logró incrementar de tal forma su patrimonio, poseyendo casas, apartamentos y autos lujosos, fincas, así como cuentas bancarias con abundantes montos.
La indagatoria planteó además que entre el alto jerarca militar y la pastora se creó un ente para presuntamente adquirir bienes, pero sin operaciones, porque “su único objetivo era darles apariencia lícita”.
