El ex presidente Hipólito Mejía, quien gobernó el país durante el período 2000-2004, reiteró esta semana su posición de que los ex presidentes de la República deben tener el privilegio de no ser sometidos a la justicia, por el simple hecho de que él no está de acuerdo con la retaliación.
Fue bajo esa teoría que Mejía, durante su mandato, no quiso perseguir al ex presidente Leonel Fernández, así como a ex funcionarios y ex militares del gobierno que este último encabezó en el período 1996-2000. Hubo acusaciones de que estos estuvieron implicados en actos de corrupción en perjuicio del Estado.
Menos mal que Hipólito no es ahora el presidente de la República, ni figura influyente que pueda hacer cambiar la estrategia del actual presidente Luis Abinader, quien asegura que, con una justicia independiente, como la que prevalece en su gobierno, se garantiza un manejo pulcro y efectivo del erario y bienes del Estado dominicano.
Lo cierto es que los diversos actos de corrupción que cometieron funcionarios durante los períodos de gobierno que encabezó el ex presidente Fernández (1996-2000 y 2004-2012), empañaron en gran medida sus logros alcanzados como Jefe de Estado en República Dominicana.
De no haber estado en ese entonces la justicia en manos de dirigentes de su partido, el de la Liberación Dominicana (PLD), Fernández hubiese sido citado en esa oportunidad por el Ministerio Público, a dar explicaciones del por qué permitió que en sus gobiernos se cometieran actos de corrupción.
Pero él tuvo suerte. El traspaso de mando que se produjo en el año 2000 fue a favor de Hipólito, del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien luego de ser juramentado como Presidente protegió la impunidad tras imponer su enunciado de que “los ex presidentes no se tocan”. Es lo que ha repetido ahora.
Leonel regresó como Presidente en 2004, sustituyendo a Hipólito, quien a pesar de los denunciados actos de corrupción supuestamente cometidos también en su gobierno, fue beneficiario porque el recién llegado le pagó con la misma moneda, de no molestar a los ex gobernantes por semejantes denuncias.
Mejía no fue citado ni para que explicara las causas de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), institución acusada de mezclar sus operaciones bancarias con actos de corrupción política que profundizó, junto al cierre de otros dos importantes bancos comerciales, la crisis económica que sacudió al país en 2003.
Al llegar Danilo Medina al poder, en 2012, luego de ocho años de Fernández detentar el poder, su discurso estaba centrado en “mejorar lo que está bien, y hacer lo que nunca se había hecho”, al tiempo que prometió combatir la corrupción administrativa hasta las últimas consecuencias.
Sin embargo, algunos de los actos de corrupción que Fernández permitió se realizaran en su administración tuvieron similitud a los que se ejecutaron en los ocho años de gobierno de Medina, su ex compañero de partido.
Leonel y Danilo, ante las denuncias de corrupción, sobornos, malversación de fondos, sobrevaluaciones e incremento del narcotráfico, se hicieron los ciegos y sordos, enmudeciendo de tal manera que solo hablaban cuando les convenía.
La permisividad de esos hechos delictivos, junto al tráfico de drogas proveniente de otros países que convirtieron a República Dominicana en el puente favorito para el reenvío de estupefacientes hacia Estados Unidos, Europa y el consumo interno, los hacen culpables por omisión, al no cumplir con sus responsabilidades por la cual se habían juramentados como presidentes.
La lucha de intereses personales, convertido en un conflicto político a lo interno del PLD, hizo que Leonel renunciara y levantara tienda aparte, dando paso a un nuevo partido llamado Fuerza del Pueblo (FP), organización creada a su medida e intereses personales.
En las elecciones presidenciales de 2020, Leonel y su nuevo partido, en una alianza electoral estratégica facilitó el triunfo de Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en lo que se interpreta como una venganza para hundir a quien le había provocado abandonar el PLD, asegurando con ello la derrota de Medina y de su antiguo partido.
Esta jugada política de Fernández ha hecho que Medina se encuentre con un pie colgando y otro resbalando, a punto de caer en la fosa que lo convertiría en cadáver político eternamente, si el Ministerio Público logra llevarlo a los tribunales a testificar sobre las imputaciones de actos dolosos supuestamente cometidos por sus hermanos, cuñados y ex funcionarios de su gobierno.
De acuerdo a los interrogatorios realizados a los involucrados en la Operación Pulpo, estos han vinculado a su superior y jefe inmediato, el ex presidente Medina, en sus respuestas a los fiscales investigadores, según revelan los expedientes en manos del Ministerio Público.
Por lo que se desprende que todos los imputados en actos de corrupción en los gobiernos de Fernández y Medina formaron una red societaria para malversar recursos del Estado, con el fin de enriquecerse de manera ilícita, sin ser sancionados por quienes juraron ante Dios, el pueblo e invitados internacionales hacer cumplir las leyes del país.
Como no fueron capaces de cumplir sus juramentos de ser garantes, celosos guardianes de los fondos y bienes del Estado, deben ser requeridos por el Ministerio Público en su momento justo, para que expliquen ante un juez, el por qué sus funcionarios civiles y militares corruptos hicieron lo que les viniera en ganas sin ser sancionados.
Quizás no sean culpables por comisión, pero no escapan de ser reos por omisión, ya que dejaron de realizar obligaciones juradas ante la ley, de administrar, salvaguardar y distribuir los recursos del Estado con pulcritud, honestidad y transparencia.
