Un profesional del Derecho advirtió que comerciantes chinos establecidos en diferentes localidades del país violan deliberadamente los códigos de Trabajo y Tributario Dominicanos al contratar a inmigrantes haitianos en mayor proporción a la que se permite legalmente y resistirse al pago de los impuestos correspondientes al fisco.
Manuel Bargés Coradín, quién laboró durante largos años en la Dirección General de Impuestos Internos y en la empresa privada, denunció que los asiáticos y particularmente los provenientes de la China Continental suelen emplear mano de obra haitiana que sobrepasa el 80% del personal de sus negocios en lugar de que esa cantidad corresponda a dominicanos y el 20% a extranjeros, como establece la norma local.
Sostuvo que los orientales tampoco cumplen con el pago del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y se niegan a realizar la facturación con comprobante fiscal aun cuando el cliente le haga el requerimiento en una entrevista con Onorio Montás en el programa «Revista Dominical Dejando Huellas».
“Lamentablemente nuestro país en ese afán de ser acogedor de inversionistas ha aceptado a estos chinos que todos vienen con dinero para invertir en la República Dominicana, pero no les han dado las directrices necesarias o ellos la conocen y se hacen los ignorantes, en el sentido de que ellos saben que existe una ley de pago de impuestos y pago del ITBIS que también está contemplado en nuestro Código Tributario”, dijo Berges al lamentar que las autoridades no persigan esa ilegalidad en detrimento de los empresarios que si pagan todos los impuestos y recordó que nuestro país es uno de los países que más impuesto debe pagar una empresa.
Indica que existe la posibilidad de que incluso el 18% que representa el ITBIS podría estar siendo cobrado en estos establecimientos y no transparentado para manejarlo como un beneficio adicional, lo cual es un delito tributario.
Explica que con cobrar el ITBIS o cobrarlo y no repórtalo está tipificado como un delito penal que podría conllevar la privación de libertad de entre 2 y cinco años, el decomiso de los bienes materiales, la clausura del establecimiento, la suspensión y destitución del cargo público de aquellos que lo permiten, la inhabilitación del comerciante para el ejercicio del comercio y otros castigos contemplados en el artículo 232 del código tributario.
“El artículo 234 del Código Tributario de nuestro país dice que la administración tributaria en los casos que tome conocimiento de hechos constitutivos de delito deberá iniciar ante la justicia ordinaria la acción penal. Una vez iniciado el proceso se tramitará conforme a las normas de los delitos comunes”, recordó.
En torno a la contratación masiva de haitianos considera que el Ministerio de Trabajo debe intervenir el caso para defender y garantizarles plazas de trabajo a los dominicanos, ya que en muchos no logran conseguir un empleo pese a que realizan diversas gestiones que muchas veces resultan infructuosas.
Insta también a la Dirección General de Migración vigilar el estatus en territorio dominicano de los haitianos que laboran en establecimientos de cualquier tipo, pero con énfasis en los de comerciantes chinos por el historial de contratar ilegales que ostentan.
