En la puesta en circulación del libro Informe Final del Estudio sobre la contaminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina ( CTPC) celebrado ayer en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, diferentes expositores demandaron que las emisiones de las plantas de carbón de Punta Catalina se ajusten a las normas europeas y de la Organización Mundial de la Salud.
Señalaron que lo correcto es cerrar la Central Punta Catalina por la letalidad de la contaminación de estas plantas de carbón que afecta la provincia Peravia, el resto del país en dirección oeste, a toda Haití, llegando a la costa este de Cuba y Jamaica.
Sin embargo, dijeron, que si el Gobierno dominicano mantiene en operaciones estas plantas debería por lo menos ajustar sus emisiones de micropartículas, de gases ácidos y de metales pesados, especialmente de mercurio, a las normas guías europeas y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para proteger a la población y al medio ambiente.
El profesor Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en su intervención afirmó que estas plantas cuentan con dos sistemas, el sistema FGD y el AQCS que, si funcionan correctamente y se les da el mantenimiento apropiado, podrían operar bajo las normativas europeas y de la OMS.
Advirtió que para que estas plantas bajen sus emisiones también es imprescindible solucionar las fallas técnicas estructurales, “porque estas fallas incrementan la contaminación al igual que, por ejemplo, un vehículo que si no funciona correctamente su contaminación es mayor”.
Negociación
El profesor de León planteó que el Gobierno y la administración de Punta Catalina deben sentarse con la provincia Peravia, sus comunidades y organizaciones para fijar una fecha de cierre de esta central si no es posible sustituir el carbón por otro combustible menos contaminante, y poner en ejecución un plan de reducción de las emisiones de micropartículas, de gases ácidos y metales pesados, de mitigación y de resarcimiento de los daños que produce la contaminación, e indemnizar a las víctimas.
“Estamos en la mejor disposición de impulsar estas negociaciones para proteger a la población de un grave daño que está recibiendo como resultado de que Punta Catalina está generando electricidad a costa de la salud de la provincia Peravia”, expresó.
“Estamos proponiendo que las micropartículas 2.5 micras no pasen de 10 miligramos por Nm3, que el dióxido nitrógeno no rebase los 150 miligramos por Nm3, el dióxido de sulfuro no exceda los 130 miligramos por Nm3 y que el mercurio no sea mayor de 125 miligramos, habitante/año. Las emisiones oficialmente declaradas por Punta Catalina son de 30 miligramos por Nm3 de micropartículas, de 400 miligramos por Nm3 de dióxido de nitrógeno y de dióxido de sulfuro, y 589.7 miligramos anuales por habitante de mercurio que son niveles mucho más elevados que las normas guías europeas y de la OMS”, observó.
Dijo que en la realidad las emisiones de Punta Catalina han sido mucho más altas que las declaradas oficialmente, especialmente en los años 2020 y 2021, cuando las plantas operaron sin los sistemas que reducen las emisiones y suprimieron la cal para que los cementeros pudieran utilizar las cenizas de estas plantas.
