SANTO DOMINGO.- Después de cuatro gobiernos, dos picazos, tres presidentes y trece años, la construcción de la presa de Monte Grande no solo prosigue sin terminar, sino que cada vez aumentan los conflictos sociales y las amenazas de una y otra paralizaciones.
El presidente Luis Abinader formuló en enero pasado, en ocasión de entregar, finalmente, el centro poblado con 390 viviendas a igual cantidad de familias residentes en el entorno de la obra, que serían resueltos todos los problemas que en la ocasión le plantearon los dirigentes campesinos.
El centro poblado fue un componente del diseño de la obra, lo mismo que el proyecto económico, que deberá incluir la dotación de al menos 30 tareas a cada cabeza de familia para que produzcan los bienes que les garanticen el sustento.
Desde entonces se han firmado varios acuerdos, incluso con representantes de la Iglesia Católica como testigos, pero según las denuncias de los productores agrícolas “ninguno ha sido cumplido”.
Como el ladrón, en la noche
La noche de ayer, el gobierno demolió en horas de la noche, con equipos pesados, más de 200 tareas de un platanal en terrenos próximos a la presa de Monte Grande, denunciaron los productores.
«Eso es un abuso, toda vez que tenemos en esos cultivos nuestra única fuente de sustento de nuestras familias», declaró el líder de los campesinos, Santo Esteban Ferreras.
De acuerdo con Ferreras, el gobierno cometió “ese abuso” a sabiendas de que ha incumplido todos los acuerdos, incluido el proyecto económico, mediante el cual se les dotaría de al menos 30 tareas. “Nuestras tierras fueron dañadas para construir la presa. Una parte pagaron por los cultivos, pero otras no, incluida la mía”.
Allí, ya en el centro poblado, los campesinos deben buscar su sustento sin la disponibilidad de tierras para desarrollar sus cultivos.
RD$ 300 millones
En las últimas semanas los residentes en las comunidades del entorno dela presa de Monte Grande forzaron la paralización de los trabajos para reclamar el pago de 300 millones de pesos que supuestamente se les adeuda por el uso de sus tierras en estado de cosecha.
“No nos pagan y nos destruyen los cultivos que realizamos para sostenernos junto a nuestras familias”, dijo Ferreras.
