El enojo que públicamente manifestaban los candidatos presidenciales que integran la alianza Rescate RD, no era por los desaciertos que ellos alegan ha cometido el gobierno de Luis Abinader durante sus casi cuatro años de administración.
Sus principales críticas se centraban básicamente a la negativa que sostenía la Junta Central Electoral para entregar el 0.5% de los ingresos nacionales que les corresponden de acuerdo a la Ley 20-23.
Acorde a la resolución número 6-24 del órgano electoral, los partidos agrupaciones y movimientos políticos que participarán en las elecciones del 19 de mayo próximo, recibirán la partida de $2,520 millones de pesos.
Los fondos asignados se establecieron acorde a los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 y solo los partidos que recibieron más del 5% de los votos validos emitidos como el PRM, PLD, FP y PRD, recibirían un poco más de $504 mil millones en total.
Durante todo el período electoral, de cara a las elecciones del 19 mayo próximo, los candidatos presidenciales agrupados en la alianza Rescate RD y demás partidos políticos han estado reclamando con insistencia a la JCE y al Gobierno la entrega de esos fondos, para cubrir los gastos de sus respectivas campañas proselitistas.
La negativa del órgano electoral, de entregar los fondos asignados, estuvo fundamentada siempre en que los partidos no estaban cumpliendo con lo que establecen las leyes y reglamentos sobre la entrega de los estados financieros, y la lista de los contribuyentes que les aportan donaciones en efectivo para sus campañas.
La posición de la JCE siempre fue tajante, y no cedía a sus reclamos basada en la Ley Orgánica de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que otorga poderes al tribunal de comicios para que retenga los fondos a las entidades políticas que no presenten sus estados financieros.
Aún no sabemos si los partidos y agrupaciones políticas reclamantes de los fondos electorales decidieron entregar esas documentaciones a la Junta, o simplemente el organismo les entregará la multimillonaria suma obviando lo establecido por ley.
Resulta que el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, reveló el pasado jueves que la JCE solicitó al Gobierno dominicano los fondos adicionales para completar el 0.5% de los ingresos nacionales destinados a financiar las organizaciones políticas.
En tal sentido, y “en apoyo a un proceso electoral equitativo y de respeto a las recomendaciones del órgano electoral”, su partido y el Gobierno respaldarán financieramente la JCE, para asegurar la suma adicional requerida dentro de su presupuesto.
De concretarse la entrega de los fondos, ¿se hará sin que los partidos entreguen los estados financieros y nombres de sus donantes, como lo manda el artículo 69 de la Ley 200-2004?
El 18 de marzo pasado se venció el plazo de 10 días que la JCE había otorgado a los candidatos a cargos electivos para que presentaran sus informes de ingresos y gastos. No lo hicieron.
El hecho de no cumplir con los requerimientos del artículo 69 levanta sospechas y obliga a cuestionar el por qué no lo hacen.
¿Acaso no quieren dar a conocer los nombres de quienes han realizado donaciones particulares a favor de sus candidatos presidenciales y congresuales?
Sabemos que la mayor inversión de los gastos de campaña se va en publicidad en los medios de comunicación, como la radio, televisión y prensa escrita. Igualmente, en los medios digitales y plataformas informativas en las redes sociales.
Otra fuente de gastos son las acostumbradas cajitas con comestibles y bebidas alcohólicas que regalan a sus seguidores, y pagos en efectivo a los que asisten a marchas, caravanas y “bandereos” en calles y avenidas.
Delitos electorales
Lo que busca la ley y sus articulados, entre otras cosas, es evitar que el crimen organizado, con sus contribuciones directas e indirectas procedentes del narcotráfico, la corrupción, lavado de activos y otras actividades ilícitas tomen el control de los funcionarios electos en el Congreso y el resto de las instituciones públicas.
Además, evitar que sectores empresariales comprometan a los gobiernos con sus multimillonarios aportes de campaña para conseguir exenciones fiscales gubernamentales, provocando con ello desigualdad en el desarrollo económico, la competitividad empresarial y comercial, que perjudican a la clase media y la lucha contra la pobreza.
La JCE, por el bien de la transparencia, debe ser rigurosamente celosa con el uso abusivo de los recursos estatales por parte del partido gobernante, ya que, hacerse de la vista gorda sobre esta irregularidad, es permitir posiciones ventajosas al oficialismo frente a los partidos y agrupaciones políticas de la oposición.
Recientemente, Roberto Rosario Márquez, ex presidente de la JCE durante el período 2010-2016, acusó al gobierno de Abinader de negarse a entregar a los partidos políticos los recursos que por ley les corresponden y de influir en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para que falle en contra de entregar esos recursos a los partidos.
Rosario Márquez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, dijo además que el bloque de partidos de Rescate RD llevará el reclamo ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Buscan denunciar ante este organismo hemisférico irregularidades que se cometieron en las elecciones municipales de febrero pasado respecto a compra de cédulas de identidad personal, y otras acciones que alegadamente perjudicaron a los partidos de la oposición.
¿Será por estas razones que el gobierno ha decidido facilitar a la JCE los fondos requeridos y neutralizar a los opositores aglutinados en Rescate RD para que desistan de su reclamo ante la OEA?
Después de lo anunciado por Paliza, pareciera que la oposición logró tumbarle el pulso al Gobierno y al PRM en su lucha por conseguir los millones de pesos que necesitan para sus propósitos electorales.
