Un grupo de organizaciones y ciudadanos de la Provincia Peravia donde funciona la Termoeléctrica Punta Catalina, depositaron hoy ante la Procuraduría General de la República una comunicación en la que demandan que se investigue al ex procurador Jean Alain Rodríguez por obstrucción de la justicia en el caso de Punta Catalina y el escándalo Odebrecht.
“Demandaron que sea investigada la sobrevaluación de las plantas eléctricas, así como el ex presidente Danilo Medina, y el ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, como principales responsables políticos de embarcar al país en un proyecto contaminante e innecesario, que fue ejecutado con el único propósito de estafar al país”, explicaron.
Las entidades exigieron también que sean investigados todos los actores tanto públicos como privados involucrados en este bochornoso proyecto que fue contratado por 2,040.7 millones de dólares con una sobrevaluación de casi mil millones de dólares y en medio de múltiples escándalos termino costándole al país más de 3,500 millones de dólares, sin que hasta el momento nadie haya sido enjuiciado por este latrocinio contra el pueblo dominicano.
Consideraron que la emisión del decreto 6-17 que creo la comisión de notables encabezada por Agripino Núñez Collado y Jaime Aristy Escuder tuvo el único propósito de obstruir la justicia, usándose como herramienta para excluir el caso de Punta CatalinaA del escándalo Odebrecht muy a pesar de las pruebas presentadas por Alicia Ortega y Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en la que se documentaron sobornos en este proyecto por 39.5 millones de dólares.
Dijeron además que la propia comisión de notables encabezada por Núñez Collado y Aristy Escuder debe ser investigada por prestarse para preparar un informe cómplice, que le permitió a Jean Alain Rodríguez justificar la exclusión del proyecto PUNTA CATALINA del expediente del escándalo ODEBRECHT.
Para las organizaciones y ciudadanos de la Provincia Peravia todo se trató de un andamiaje delictivo en el que políticos y empresarios se coaligaron de manera delictiva para terminar afectando el patrimonio público con un sobrecosto de más de 2 mil millones de dólares, por lo cual consideran que sería una vergüenza nacional que este caso quede impune.
Entre las organizaciones que firmaron el documento figura Marcha Verde Bani, Federación de Mujeres Campesinas de Baní, Sociedad Ecológica de Nizao, Asociación de Profesionales y Técnicos de Catalina, Comité de Defensa para el desarrollo de paya, Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, Pizarrete.
