SANTO DOMINGO.- Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos exhortaron al gobierno a terminar con los casos de “apatridia” relativos a hijos de ciudadanos y ciudadanas de origen haitiano a quienes les fue reconocida la ciudadanía dominicana.
“Son miles los casos de niños de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana” afectados por situaciones similares, dijeron el Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha) y la Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau (REDH-JV).
Ambas organizaciones dijeron que respaldan en todos sus términos la declaración que sobre el particular emitió el Comité de los Derechos del Niño (CRC) de la ONU, de fecha 23 de septiembre de 2023 en ocasión del décimo aniversario de la sentencia 169-13 emitida por el Tribunal Constitucional y que titula Cuenta atrás para el Día de los Derechos Humanos.
“El Comité estaba profundamente preocupado por la discriminación racial contra los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana y la continua situación irregular de miles de niños de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana”.
En un documento que firman los doctores María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos, por el Mosctha, y Manuel Dandré, de la REDH-JV, también se reclama atención oficial a las personas en condición de apatridia, tal como hizo la misma fecha la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) cuando dijo que “el Estado de República Dominicana debe proporcionar apoyo a las personas apátridas”.
Según la CIDH, ese apoyo debe ofrecerse a los apátridas, incluso, “mediante servicios jurídicos, administrativos, psicosociales, sanitarios y de otro tipo con el fin de regularizar su situación, así como para abordar los efectos y el impacto de la apatridia prolongada e intergeneracional”.
Presentan casos
En iguales términos se pronunciaron Mosctha y la REDH-JV en una declaración conjunta con otras tres organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se trató del “Foro Nacional de Afectados, exigiendo justicia y restitución de derechos”, en el que de igual manera participaron Reconoci.do, Raza e igualdad y el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV).
Durante el foro se contó con los testimonios de varias víctimas que, a pesar de haberse acogido al plan de naturalización establecido por la ley 169-14, aún no han obtenido de manera real y efectiva la restitución de sus derechos humanos y fundamentales. “Estas personas llevan más de 10 años sin contar con una nacionalidad legítima”.
Las cinco organizaciones refirieron que uno de los testimonios impactantes fue el de una persona, cuyo nombre se omite por razones de seguridad. “Ella argumenta que, a pesar de ser dominicana, vive con el temor constante de ser detenida por Migración y deportada a un país que no conoce, lo cual sucede de manera cotidiana con casos que, por igual, están en iguales circunstancias”.
De acuerdo con la declaración, la sentencia 169.13 ha provocado que “estas personas hayan sufrido la desprotección jurídica del Estado, viendo de manera limitada el ejercicio pleno de su ciudadanía y enfrentando dificultades para acceder a la educación, salud, dignidad, honor personal, igualdad y otros derechos fundamentales”.
