Robustecida aún más en estas elecciones por la resiliencia practicada, con un estricto apego a las normas y leyes regulatorias y una prontitud oportuna que desmontó las trabas distorsionantes que buscaban descalificar el proceso, la Junta Central Electoral logró diluir “los fantasmas” – tal como los calificara Olinda Salguero, observadora guatemalteca-, que la oposición intentó plantar como posible marca de las votaciones del pasado domingo.
(Un paréntesis breve: es loable el reconocimiento que los candidatos presidenciales de la oposición hicieron del triunfo de su rival oficialista, casi inmediato a la difusión del primer boletín contentivo de cómputos, admisión que implica también el trabajo realizado por la JCE).
Los partidos y principales dirigentes de la oposición, embrollados en eso que llamaron Rescate RD hicieron todo lo inimaginable para boicotear el proceso en que, como abogados aviesos recurrieron a todos tipos de “ chicanas” , primero para desmeritar el nítido trabajo de los jueces, funcionarios y labor de la JCE, propósito que resultó vano pero que de lograrlo les serviría para cuestionar la legalidad y legitimidad del triunfo del candidato oficial, tal como pronosticaban las encuestas más confiable y las votaciones certificaron.
Su deslucida denuncia ante la Organización de Estados Americanos, sus querellas perturbadoras y amenazas derivadas de estás y el reclamo extemporáneo de peticiones extravagantes fueron atendidas con una disposición y eficacia, que también reforzaron la validación al pleno de los jueces para establecer con certeza quién era la autoridad en el proceso, tal como su determinación de mantener al frente de la Policía Militar Electoral al mayor general Juan José Otaño Jiménez, un militar que juntos con sus subalternos, dieron lecciones de comportamiento apegado a sus funciones y de respeto y consideración a los partidos y votantes, de manera ostensible, destacables, a muchos/ as que necesitaban auxilio en los colegios electorales.
Reconociéndole ese aval, y confiado en el mismo es que me propongo aquí una solicitud al tribunal, tanto por la correspondencia legal como por su empeño pertinente para lograr que a los partidos políticos que disputaron las votaciones se les incrementaron los recursos económicos que con afanosa insistencia reclamaron los integrantes de Rescate RD, lo que resultó en una erogación de más de dos mil millones de pesos, mil 500 de ellos repartidos entre el PLD, la FP y el muy minúsculo y ahora diluido Partido Revolución Dominicano, que apenas alcanzó 19 mil votos nacionales.
Cierto es que la ley dispone de la dotación de esos recursos a los partidos, pero el énfasis en señalar al PRD, beneficiario desde el 2020 de una tajada suculenta que logró de manera “non-Sancta” para recibir la misma cantidad de los partidos que obtuvieron el cinco por en las votaciones del 2020, y que para estas elecciones (municipales, congresuales y presidenciales), por aquellas triquiñuelas y complicidad con sus socios de Rescate RD, recibió mil 38 millones de pesos y sólo obtuvo un regidor, que penosamente le garantiza mantener el reconocimiento legal pero que es insuficiente para que ahora, mediante trucos y complicidades pueda seguir con esa indignante sangría de los recursos públicos.
El pleno de los jueces de la JCE, que legalmente siguen habilitados hasta agosto de este año, tienen el tiempo para realizar las necesarias indagaciones financieras en cuanto al uso qué los partidos todos hicieron de ese cuantioso monto de dinero, que solo en este proceso superó los cinco mil millones de pesos, y que en otras ocasiones los receptores han pretendido justificar con engaños, papeles adulterados y la indiferencia de las autoridades, que en una burda y perversa manera del “ laissez faire, laissez passer” , este equipo tiene que frenar, como parte culminante de su excelente y ejemplar gestión.
