El aumento de la esperanza de vida de la población implica grandes retos para el SDSS, y demanda un mayor presupuesto para ejecutar los programas de la Ley 352-98, a fin de elevar la calidad de vida y la dignidad de todos los envejecientes
La población dominicana está envejeciendo de manera progresiva, un signo de progreso con grandes repercusiones para el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Y también, para la política social del Estado, la cual requiere mayores recursos para elevar la protección social de los adultos mayores.
El X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), reveló que el país contaba con 10,771,504 habitantes en el 2022, con un crecimiento de sólo 1.3 millones en 12 años, equivalente a un aumento neto anual de más de 100,000 personas.
Este censo destaca la rápida transformación de la pirámide demográfica: 1) la reducción relativa de la población menor de 15 años, la cual representa el 25% del total; y 2) el incremento sostenido de los mayores de 65 años, al representar el 9% de la población y el 3.7% con 75 años y más. El crecimiento descendió del 3.5% hace nueve décadas al 1.11% en la actualidad.
Este cambio se expresa en una transformación considerable la composición de la familia dominicana. Y obliga al país a prepararse para los nuevos retos. En el Seguro Familiar de Salud (SFS), porque la población envejeciente demanda más servicios, cada vez más complejos, incluyendo a los tratamientos catastróficos y de alto costo.
Y, en el campo de las pensiones, porque el aumento sostenido de la esperanza de vida implica un costo considerablemente mayor de las pensiones. La longevidad exacerba la falta de correspondencia entre los años de cotización y los años de pensión, y entre los beneficios otorgados y las cotizaciones, acentuado su déficit y desequilibrio actuarial y financiero.
Poco respeto y consideración por la población envejeciente dominicana
A pesar del crecimiento sostenido de la economía dominicana, todavía la política social continúa a la saga, con un gasto anual que apenas llega a la mitad del promedio de América Latina. Una mezquindad oficial que se expresa en un bajo gasto público en salud y en un presupuesto muy limitado para los programas sociales para la tercera edad.
Esta estrecha política contrasta con el avance de muchos países de la región que, desde hace décadas, implementan programas dirigidos a elevar la calidad de los envejecientes. Por ejemplo, en Panamá donde los mayores de 65 años disfrutan de grandes descuentos en los servicios públicos, en los pasajes e incluso en servicios privados y en los restaurantes.
En contraste, aquí tenemos la Ley 352-98, promulgada hace 26 años, aplicada quizás en un 40%. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), cuenta con un presupuesto muy limitado, lo que obliga a su director, el Dr. José García Ramírez, a hacer todo lo posible para rendir los recursos para dar un servicio adecuado.
Recientemente el CONAPE y SUPÉRATE firmaron un convenio para servicio domiciliario de cuidados para adultos mayores, dentro de la estrategia piloto “comunidades con cuidados especiales”. SUPÉRATE transferirá al CONAPE 149,056,635 pesos para contratar los servicios de cuidados domiciliarios, con el apoyo técnico y financiero del BID.
Asimismo, en el marco de la estrategia piloto de comunidades de cuidados, SUPÉRATE se encargará de gestionar la construcción de hogares de día y proporcionará los recursos necesarios al CONAPE para la implementación del expediente “Desarrollo integral del adulto mayor”.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSP) apoya estas iniciativas del CONAPE y de SUPÉRATE porque cumplen una función social. Pero considera que no son suficientes y que es necesario un mayor presupuesto para ejecutar los programas de la Ley 352-98, a fin de elevar la calidad de vida y la dignidad de los envejecientes.
