SANTO DOMINGO.-Gran expectativa genera en la opinión pública el juicio de fondo contra seis implicados en el pago de sobornos del consorcio brasileño Odebrecht por 92 millones de dólares para obtener contratos a fin de construir obras públicas entre 2001 y 2014.
Los implicados son: Tommy Galán, exsenador; el empresario Angel Rondón, lobista; el expresidente del Senado Andrés Bautista; el exdirector de Inapa, Roberto Rodríguez; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, y el abogado notario Conrado Pittaluga.
En esta fase corresponde a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados que se encuentran en libertad bajo fianza.
Hay que recordar que la empresa Odebrecht reconoció haber realizado dicho pago, considerado la mayor suma pagada fuera de Brasil y que coloca a la República Dominicana como el segundo país donde se realizaron diversas transacciones.
En enero de 2017 el Ministerio Público allanó las oficinas de la empresa brasileña en el país y la multó por un monto de 184 millones de dólares, el doble de pago en soborno, tal y como lo establece la ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio.
Sin embargo, el abril de ese mismo año, la empresa acordó cooperar con la Procuraduría General de la República a cambio de que sus ejecutivos no fuesen procesados y que la compañía continuara operando desde el país.
Como tal, Odebrecht continuo trabajando en la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, la mayor obra en inversión, más de tres mil millones de dólares, del pasado gobierno encabezado por Danilo Medina.
Mientras los diarios de otros países que habían hecho contratos con Odebrecht sacaban titulares sobre apresamientos, la República Dominicana permaneció callada, hasta que en mayo de 2017 fueron implicados catorce personas, además de los mencionados arriba.
Son éstos: Temístocles Montás, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Alfredo Pacheco, diputado; César Sánchez, exadministrador de la CDEEE; Máximo De Oleo; también de la CDEEE; Radhamés Segura, ex de la CDEEE y Ruddy González, exdiputado.
En diciembre de 2019 el Pleno de la Alta Corte, presidido por el magistrado Luis Henry Molina, separó el expediente y declinó el proceso de cinco que no gozaban de privilegio judicial, a la instancia ordinaria.
Sin embargo, dejó en la SCJ el juicio correspondiente a Tommy Galán, quien en ese momento todavía era senador por la provincia San Cristóbal.
Negocios y vinculaciones
De acuerdo a una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y que trae Listín Diario, la República Dominicana aparece entre un grupo de países que registraron actividades sospechosas entre 1999 y 2017, cuyos montos ascienden a más de dos billones de dólares para el financiamiento de la corrupción y la criminalidad.
La investigación de 16 meses del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países en 110 medios, incluyendo el equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la FinCEN, Unidad del Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creada para seguir la ruta del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La colaboración periodística llamada FinCEN Files o Archivos de FinCEN, da una visión generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la criminalidad a nivel mundial, reportes en los cuales República Dominicana también aparece.
Según indica, más de dos billones de dólares en transacciones provenientes de todo el mundo forman parte de los archivos confidenciales, reportados por los bancos o instituciones financieras con presencia en Estados Unidos.
Se trata de 2,100 archivos conocidos como reportes de actividades sospechosas, SAR por sus siglas en inglés, que tienen a políticos, oligarcas y estafadores, entre otros, como protagonistas en algunos países. Los archivos fueron filtrados a BuzzFeed en mayo de 2019.
El medio compartió la data, que contiene transacciones, realizadas entre 1999 y 2017, que ascienden a más de dos billones de dólares (trillones en el sistema de Estados Unidos), con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Las instituciones bancarias con presencia en Estado Unidos están obligadas por ley, a reportar transacciones sospechosas a la FinCEN. El más sonado de los casos, está, por supuesto, Odebrecht.
