Por una solución que garantice el acceso inmediato de los pacientes a las emergencias y que los centros de salud puedan recuperar el costo de los servicios prestados, sin abusos y basados en los protocolos
La condena de la Clínica Dr. Perozo, de Higüey por diez millones de pesos, sienta un importante precedente para detener la práctica de muchos centros privados y públicos de salud, de exigir depósitos o anticipos a los pacientes y familiares, antes de ingresarlos y prestarles los servicios médicos de emergencia.
Se trató de una exigencia ilegal porque todo centro de salud está obligado a prestar la atención médica necesaria para estabilizar la situación de un paciente en estado crítico. Con el agravante de que el joven accidentado se estaba desangrando y la exigencia del depósito se realizó en horas de la madrugada.
Esa sentencia estableció la responsabilidad de la Clínica de la muerte de Nahim Contreras Aristy, un joven de 17 años, a quien se le negó el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para prestarle la atención de urgencia que requería, hasta no efectuar un depósito o anticipo de 23,500 pesos.
Según los testimonios de los familiares y abogados, «en la noche del 14 de abril de 2022, Nahim Thomas sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba a Lagunas de Nisibon, causándole varias lesiones y traumas con heridas abiertas que requerían de atención médica inmediata.
De acuerdo a Claudia Fernández, del periódico Diario Libre, el adolescente presentaba fuerte dolor abdominal, una herida en una mano, otra cerca de un codo y un fémur roto. Y, mientras esperaba ser atendido de urgencia sin resultados, sufrió un paro respiratorio y un shock hipovolémico, que finalmente le produjeron la muerte.
La indemnización a Joaquín Contreras Hixon y Tauny Aristy, padres de la víctima, no le devolverá a su hijo, pero sienta un importante precedente en el país sobre las pérdidas, humanas y financieras, de una atención tardía a un paciente accidentado o en situación crítica que acude a emergencia en procura de atención médica inmediata.
Ese caso conmovió a toda la sociedad higüeyana y llamó la atención de la opinión pública del país, incluyendo a la primera dama Raquel Arbaje, quien tuvo la cortesía de llamar por teléfono al padre y a la madre de Nahim, para manifestarles su solidaridad ante esa lamentable tragedia familiar.
Las ineficiencias de los hospitales públicos obligan a acudir a las clínicas privadas
Este caso desnuda las deficiencias tradicionales de los servicios públicos de salud. En primera instancia los padres de Nahim lo llevaron de urgencia al hospital Nuestra Señora de La Altagracia de Higuey, un centro público que no pudo tomarle una radiografía y ni llamar a un médico ortopeda para esa emergencia.
Esta precariedad pública es muy frecuente, revelando las carencias de la mayoría de los hospitales, incapaces de garantizar servicios tan esenciales. Una situación que revela la falta de garantía del derecho de las familias más pobres y vulnerables a recibir servicios adecuados de salud en el momento oportuno. Deficiencias que acentúan el gasto familiar de bolsillo y las preferencias por los servicios privados.
El Lic. Francisco Aristy, pariente y abogado de la familia, se mostró satisfecho por la sentencia dictada por el magistrado Santiago Mata Upia y agradeció el apoyo de la Directora de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Carolina Serrata, durante el proceso.
Es bueno saber que se ha hecho justicia en este caso tan triste y desgarrador, que inquietó a la población en general. Sin duda, es un mensaje positivo y alentador que debe llegar a todos los sectores. Nuestra Fundación se solidariza con la familia Aristy y felicita al licenciado Francisco Aristy por el triunfo resonante de la justicia dominicana.
De todas maneras, queda en pendiente una solución equilibrada, en la cual los pacientes sean atendidos diligentemente y los centros de salud recuperen el costo de los servicios prestados, sin abusos y basados en la aplicación de los protocolos. Abrigamos la esperanza de que las autoridades presenten una solución sostenible para todos.
