Puando la Policía anunció haber resuelto el caso del atraco a una sucursal del banco Popular, provocó también un “suspiro de alivio” ante una situación que para muchos era ya una preocupación suscitada por la conexión de ese hecho con otro similar ocurrido en otra agencia bancaria en la ciudad de Santiago, dónde sí hubo violencia ejercida por los atracadores, muy diferente en saldo a la acción del 3 de junio en Santo Domingo.
La rápida conexión y sus apresuradas, aunque parcas aprehensiones, pueden explicarse por la cercanía temporal de los sucesos ( diez días entre ambos), frecuencia esa nunca antes registrada en hechos de esa naturaleza, que, por demás, estos ya parecían haber sido apartados del esquema delincuencial en el país, desde que en 2015, un grupo también asaltó la misma sucursal del banco Popular, en una zona capitalina muy transitada por vehículos, motociclistas y peatones, particular en la denominada “ hora pico” del tráfico.
Con este último asalto, las alarmas sonaron también por la precisión y destreza con las que se manejaron los asaltantes, que revelaron una experticia y capacidad operativa propias de individuos muy preparados y con temple suficiente, atribuible a gente con un entrenamiento en armas de fuego y con una organización y disciplina, que casi siempre son reservas de quienes han pasado por entidades militares.
La comprobada presencia de un haitiano y de un colombiano en el asalto de Santiago abonó las especulaciones del de la capital, del que de inmediato, sin las comprobaciones pertinentes, exacerbó la ya hastiante e irresponsable manera con la que ignorantes, prejuiciosos y prejuiciados “comunicadores”, cuál si fueran una “plaga de langostas’ tienen presencia en las redes sociales y programas de televisión y radio, interesados solo por la acumulación de likes.
Pero esa rapidez policial al dar con los asaltantes de ambos bancos también remite a otras cuestiones imprescindibles a tomar en cuenta: “la eficacia” (?) del cuerpo del orden cuando se trata del abordaje frente a la delincuencia, el que está demasiado veces salpicado por la falta ostensible de respeto a los derechos humanos de algunos involucrados, y por el exceso imprudente que tiene frente a limitaciones que debe respetar.
Aunque los asaltantes de Santiago impusieron violencia, de la que resultó herida una persona que después falleció, los de la capital mostraron un comportamiento “ecuánime”, el que les faltó a los policías actuantes en la resolución del caso, que se saldó con la muerte de dos de los supuestos participantes, a quienes se les privó de la vida mediante el expedito método de los “intercambios de disparos”, práctica común en la institución.
El papá y un hermano de los supuestos participantes, al que se le atribuye ser el articulador del asalto en la sucursal del banco Popular, han desligado a su familiar de toda participación en ese hecho, mientras que parientes de la otra víctima cuestionan la versión policial, denuncian que esa muerte fue innecesaria, y la califican de una abusiva e indolente ejecución, mientras que sus vecinos dudan de que ese joven estuviera involucrado, alegando que sus condiciones económicas, días después del atraco eran de una precariedad mendigante.
Despejada la incipiente preocupación inicial sobre los motivos de este último atraco, es responsabilidad de las autoridades del Ministerio Público satisfacer los reclamos sobre el cuestionado manejo policial, y, debe servirle a este cuerpo como una advertencia de que sus métodos son violentos en demasía, abusivos, perversos, irrespetuosos de derechos y violadores de la ley, los que debe abandonar como parte de la ya iniciada reforma a la que está sometida esa institución.
