Estados Unidos acaba de desclasificar una serie de documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy y otros relacionados con el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Corresponde a los historiadores dominicanos analizar la veracidad de los documentos relacionados con el país.
Gracias a la desclasificación de numerosos documentos de los archivos estadounidenses, los dominicanos conocemos fragmentos de nuestra historia. El ejemplo de Estados Unidos, que periódicamente libera documentos relevantes sobre su vida política, debería ser imitado por las autoridades dominicanas.
Aunque en el país los ciudadanos tienen acceso a documentos importantes sobre el funcionamiento de las oficinas públicas a través de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, lo cierto es que su cumplimiento sigue siendo parcial y depende, en muchos casos, de la disposición de los funcionarios a quienes se les solicita la información.
Es hora de que el presidente Luis Abinader ordene la desclasificación de documentos relacionados con la llamada seguridad nacional que aún permanecen en los archivos del Ministerio de Defensa. La decisión de desclasificar documentos debería institucionalizarse y no depender de decisiones puntuales de un gobierno.
Resulta vergonzoso que documentos sobre el gobierno de Horacio Vásquez, o incluso anteriores a esa época, permanezcan archivados, lejos del alcance de los dominicanos. ¿A quién se pretende proteger ocultando documentos históricos? ¿Qué justifica que no se desclasifiquen los archivos del temible Servicio de Inteligencia Militar?
Durante la administración del expresidente Leonel Fernández, justo es reconocerlo, se desclasificaron los archivos del Palacio Nacional y se enviaron al Archivo General de la Nación, donde pueden ser consultados sin restricciones.
Sin embargo, una parte de esos archivos, especialmente aquellos vinculados con la seguridad nacional, fueron trasladados a las Fuerzas Armadas, que los custodian como si fueran el mayor secreto del mundo, impidiendo su acceso a historiadores y estudiosos en general.
Esos documentos ya no tienen relación con la seguridad nacional, sino que forman parte de la historia dominicana y, por lo tanto, deben ser desclasificados y enviados al Archivo General de la Nación.
El presidente Luis Abinader debe tomar la iniciativa y ordenar el proceso de desclasificación de estos documentos históricos, en coherencia con los principios de un gobierno que defiende la transparencia, con lo cual se fortalece la democracia. En este sentido la comunidad académica y la población deben presionar.
